A punto de que prescribiera la causa iniciada en 2003, la Justicia procesó al cipoleño Gigena y a los roquenses Bernardini y Tasat por la triangulación fraudulenta con el Ipross, que llegó a pagar hasta un 14.000% más del valor real de un remedio.
A sólo meses de que la causa por supuestas maniobras para cobrar siderales sobreprecios al Ipross prescribiera, la Justicia procesó a la ex responsable del organismo y ex funcionaria del radicalismo Adriana Gutiérrez y a tres directivos de la Federación de Clínicas de Río Negro: los médicos roquenses Roberto Bernardini y Héctor Tasat y el cipoleño Carlos Gigena.
La decisión la tomó el nuevo juez subrogante del Juzgado 6 con asiento en General Roca, Daniel Tobares. Ahora habrá que esperar si se apelará.
La ex ministra de Salud y ex legisladora rionegrina fue procesada por ser supuestamente "coautora del delito de fraude en perjuicio de la Administración Pública, calificado por su carácter de funcionaria pública, mediante administración fraudulenta". Por el mismo hecho se los investiga a Bernardini y Gigena, pero en estos casos no se agrega la gravedad de ser funcionarios.
En tanto, el dictamen contra Tasat es por "negociación incompatible con el ejercicio de funciones públicas" porque entre 2002 y 2003, al firmarse los contratos denunciados como fraudulentos, que permitieron el pago de sobreprecios y la contratación de empresas cuasi fantasmas para la compra de prótesis y medicamentos oncológicos, era representante del Ejecutivo del gobernador Pablo Verani en Ipross y a la par directivo de Feclir.
Fue precisamente bajo la gestión de Verani que la Feclir y la Federación Médica de Río Negro, en ese momento a cargo de los doctores Ramón Váldez, Alejandro Scafidi y Pedro Mazzoleni, prácticamente tuvieron el control de la administración del Ipross, una obra social que por esos años recibió cuestionamientos por sus manejos.
La triangulación
El economista cipoleño Agustín Argibay, junto al abogado Jorge Gómez, fue quien realizó la denuncia en julio de 2003.
El hecho denunciado es una triangulación en la que Ipross contrata con Feclir para que esta entidad le suministre las prestaciones, adquiriéndolas de privados, que fueron "Droguería Eleón" para medicamentos oncológicos y "Corporación Atlantis" para prótesis.
Uno de los principales cuestionamientos es que Ipross tiene la facultad para comprar sin intermediarios a precios de mercado y hasta con descuentos de mayoristas.
Otro es que los precios convenidos entre Feclir y las prestadoras llegaron a tener una sobrevaluación del 14.000 por ciento, según se consigna en la causa.
También está bajo la lupa el modo de pago debido a que Ipross abonaba a Feclir por adelantado con depósitos bancarios, pero desde la Federación habrían pagado en efectivo a "Eleón" y a "Atlantis", sin que esos montos quedaran luego reflejados en la dudosa contabilidad de las empresas.
El retorno
La teoría que respaldó Tobares es que las firmas recibían en efectivo el verdadero valor de sus prestaciones y que la abismal diferencia con el sobreprecio se repartiría entre todos o algunos de los imputados como "retorno".
A esto se suma la negativa de Ipross y de las compañías a presentar su documentación contable en el expediente, incluso las prestadoras aseguraron que sufrieron el robo de sus registros contables y computadoras cuando la Justicia les requirió la información.
El fallo de Tobares argumenta que "esta triangulación innecesaria en la compra permitiría simular sobreprecios con las consecuentes ventajas económicas para uno y/o varios de los intervinientes en la contratación; ello se destaca en que el valor total de los medicamentos mensualmente suministrados ascendería -conforme al contrato Ipross/Feclir- a una suma de entre 360.000 y 408.000 pesos, en tanto que su valor efectivo en el comercio mayorista sólo alcanzaría la suma de 128.000 a 140.000 pesos, siendo éste el importe real que Feclir abonaba a "Droguería Eleón".
Argibay: “Un hecho de corrupción terrible”
El economista cipoleño fue quien denunció la triangulación con los medicamentos en 2003. Había detectado un desmanejo de 250 mil pesos por mes.
El economista Agustín Argibay, quien fue el que hizo la denuncia en el 2003 sobre las maniobras fraudulentas entre Ipross y Feclir, sostuvo que fue “un hecho de corrupción lamentable, terrible”.
“La corrupción era con los enfermos oncológicos y con las prótesis que tenían los pacientes que estaban dentro de la obra social o sea se le compraba a unos laboratorios que eran inexistentes y las prótesis eran de pésima calidad, es una cosa terriblemente lamentable, pero pasó y ahora la Justicia está actuando”, comentó el cipoleño.
En este contexto, Argibay explicó que “se trataba de una triangulación, el Ipross contrataba con Feclir y Feclir contrataba con unas instituciones totalmente truchas con las cuales la compra se hacía por un valor muy diferente al que Ipross le daba a Feclir. Esa diferencia en definitiva no se sabía donde terminaba”.
“Investigamos en todos los laboratorios y cómo hacían otras obras sociales que compraban directo, a valores infinitamente menores. El perjuicio fue para Ipross y todos sus afiliados”, agregó Argibay, quien en las elecciones de ese año fue candidato a gobernador por Recrear.
“Nosotros detectamos una diferencia de unos 250 mil pesos por mes en aquella época que era lo que se desviaba”, precisó. Además, señaló que las anomalías se produjeron durante casi un año.
"Para robar"
Además, se preguntó: “¿Qué sentido tiene que una obra social en vez de comprarle directamente al laboratorio le compre a un intermediario desconocido?”.
Al ser consultado por el fallo del juez Tobares, el economista sostuvo: “Para nosotros tampoco significa ninguna alegría, que la Justicia actúe es bueno. Pero en realidad mucho mejor sería que no hubiera casos de corrupción, porque la corrupción es uno de los cánceres que tiene la sociedad nuestra”.
“Fue una triangulación armada para estafar al erario público. Y es más imperdonable porque el robo se hizo jugando con la salud de la gente”, remató.
Escenario
El robo a los afiliados
El fraude que se investiga por los sobreprecios en los medicamentos que pagó el Ipross a la Feclir es de alrededor de 250 mil pesos por mes, cifra que si se actualiza a valores de hoy se transformarían en alrededor de un millón de pesos.
Si se toma en cuenta que el posible delito se cometió durante casi un año, el perjuicio a las arcas de la obra social sería superior a los 10 millones.
Obviamente, los principales perjudicados son los afiliados, que muchos años penaron por la pésima situación a la que se vio sumergido el Ipross. Para peor, el desfalco sería en medicamentos oncológicos y prótesis, prestaciones muy sensibles.
Es más, en el caso de las prótesis se comprobó que hubo varias que los médicos se negaron a ponerlas porque no servían.
Y ni hablar con los medicamentos porque siempre quedará la duda de la calidad de los que utilizaron los enfermos.
Además, el solo hecho de pensar en todas las cosas que se podrían haber comprado con esos fondos o los problemas en el sistema de salud que se podrían haber evitado o solucionado genera bronca, indignación e impotencia, más aún si se analiza a dónde y a cuáles manos fue a parar ese dinero.
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