"Los resonantes sucesos ocurridos en el municipio de El Bordo, protagonizados por el intendente Juan Rosario Mazzone, revisten gravedad institucional por la naturaleza misma de los hechos que se le imputan al titular del Departamento Ejecutivo, los que provocaron en su momento una profunda conmoción social cuyos efectos se mantienen al presente", señala el mensaje del gobierno con el que fundamentó el proyecto enviado. 

En tanto, para justificar la extensión de la intervención también al Concejo, indica que "frente a una situación de grave crisis institucional, constituía un deber ineludible del Concejo Deliberante dar inicio, sin demora, al juzgamiento político del intendente y resolver la cuestión en el marco del regular funcionamiento de las instituciones propias del municipio".

Y agrega que "no obstante la urgencia y gravedad de la cuestión, el Concejo Deliberante de El Bordo se ha mostrado impotente para articular los consensos políticos necesarios para brindar una rápida solución de dicha crisis, limitándose en cambio a solicitar al Poder Ejecutivo Provincial, mediante nota suscripta por la totalidad de sus integrantes, la intervención del Departamento Ejecutivo Municipal”.

La intervención está prevista se extienda hasta el 10 de diciembre, fecha en la que asumirán las nuevas autoridades electas en mayo.

La sesión de Diputados está citada a las 16, en tanto el jueves la cuestión quedará definida cuando se reúna el Senado.

Emergencia económica

La intervención no será el único tema a tratar por los legisladores, ya que además deberán aprobar la extensión de la Emergencia Económica por otros doce meses.

Según manifestó el Ejecutivo: "Resulta necesaria aún la continuidad de las medidas adoptadas por el Gobierno de la Provincia, en el marco de los objetivos trazados, para sostener el actual sistema, con el fin de evitar la caída abrupta del régimen de Emergencia Económica, con los consiguientes riesgos que ello implicaría para la Administración".

Dicha Emergencia, que establece una serie de atribuciones para que el Ejecutivo pueda suspender beneficios impositivos y subsidios a distintos sectores, está vigente en Salta desde 1990, cuando el gobernador era Hernán Cornejo.   

Nuevos patrulleros y ambulancias

También se tratará la adhesión de la provincia al recientemente creado "Programa Federal de Fortalecimiento Operativo de las Áreas Seguridad y Salud", que financiará la compra de 150 patrulleros y 50 ambulancias.

Se autorizará al Ejecutivo a celebrar operaciones de crédito público por un total de $70 millones para lo cual  se cederán sumas a percibir por la  Coparticipación Federal  hasta la total cancelación del capital solicitado .