"El decreto crea una Sociedad Anónima con las mismas funciones que por ley tiene Vialidad Nacional pero sin los respectivos controles estatales y además, abre la puerta para que puedan participar empresas privadas en su composición accionaria, pudiendo ser privatizada en un futuro. Lamentamos mucho que el ministro de transporte (Guillermo) Dietrich no asistiera a Diputados a dar explicaciones porque el decreto de la creación de la empresa resulta poco transparente en varios puntos", consieró.

Para el diputado Ariel Rauschenberguer, por su parte, en varios aspectos es un "gran retroceso" la puesta en marcha del proyecto. "No solo la posibilidad de Vialidad Nacional sino que, entre otras cosas, se saltean todos los controles de transparencia pública y los directores que la conducen no tienen las mismas obligaciones que tiene un funcionario público", agregó.

"El decreto establece que no se aplicarán a la nueva sociedad las disposiciones de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos Nº 19.549, del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional (decreto 1023), de la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, ni las normas o principios de derecho administrativo. Crear una sociedad estatal sin ningún tipo de control público no ofrece ninguna garantía institucional", explicó el legislador.

Por su parte, Marin coincidió además con las preocupaciones que manifestaron trabajadores de Vialidad Nacional en todo el país, incluyendo a los del distrito 21° de La Pampa. "El decreto establece que personal de V.N. puede ser transferido a la sociedad concesionaria sin garantizar la estabilidad ni la continuidad en el puesto laboral. Tienen razones para estar preocupados, se enteraron por whatsapp y no les han dado una sola explicación valida sobre su futuro laboral".

Los legisladores destacaron, además, la actuación del diputado Sergio Ziliotto para pedir que el ministro Dietrich asista a Diputados y la senadora Durango que hico lo propio en el Senado. Además, Marín desmintió que se haya utilizado un procedimiento similar para otros casos durante el anterior gobierno. "Los casos de ADIF y SOFSE (empresas creadas para reordenar la actividad ferroviaria) fueron creadas por una ley que pasó por el Congreso Nacional y ambas estuvieron sujetas al control de la Sindicatura de la Nación", agregó.

"Si el problema es la burocracia estatal, como ellos dicen, lo que hay que hacer es trabajar para que esos controles sean más rápidos y eficientes, justamente ellos hicieron de la modernización estatal una bandera y ahora evidencian la contradicción. Son recursos estatales que financiamos todos los argentinos, por lo tanto merecen el control correspondiente", finalizó Marín.