La reapertura de la causa judicial por la que se investiga el presunto pago de coimas para la aprobación de la extensión contractual con PAE de la concesión del yacimiento de Cerro Dragón, ocupó ayer un lugar importante de las discusiones que se registraron en la sesión de la Legislatura.
En la primera sesión ordinaria del año, el tema PAE volvió al recinto de la Legislatura provincial, el mismo lugar donde en 2007 se aprobó la extensión contractual hasta 2047 de la concesión que la operadora tenía hasta 2017 para la explotación del yacimiento de Cerro Dragón.
Con el rechazo del juez federal Rodolfo Canicoba Corral al pedido de nulidad de las investigaciones realizadas por el fiscal Guillermo Marijuan efectuado por los abogados de la operadora, el diputado radical José Luis Lizurume pidió la reapertura de la discusión en torno al contrato que en su momento rubricó Mario Das Neves como gobernador.
“Más allá de lo que se habla, se tiene que investigar hasta las últimas consecuencias. No tengo cuestionamiento; si hay algo que roza la corrupción hay que investigar y si hay algo que afecta los intereses de los chubutenses, hay que modificarlo” afirmó quien precediera a Das Neves como mandatario provincial.
La presidente del bloque del Frente para la Victoria, Argentina Martínez, sumó su voz a la discusión para presentar un pedido de informes y de copias de las actuaciones al fiscal de Estado de la Provincia del Chubut en los términos del artículo 134, inciso 3, de la Constitución provincial, sobre la causa que involucra a PAE.
El pedido de informes aprobado especifica que, en el término de 5 días corridos, la Fiscalía debe enviar a la Cámara “el listado de requerimientos a nivel provincial, federal y/o internacional que tiene esa Fiscalía referente a la causa PAE, y copias certificadas de las actuaciones existentes sobre lo indicado en el punto que antecede”.
La legisladora aseguró que, curiosamente, la Legislatura "no tiene antecedentes" para revisar el tema y comprender la acusación y por lo tanto pidió contar con la documentación mencionada para "estar al tanto" y definir en consecuencia.
COMISIONES Y SALAS
DE ACUSAR Y JUZGAR
En la sesión, los diputados conformaron las Salas de Acusar y de Juzgar. El sorteo para integrar la primera se realizó entre 25 de los 27 diputados, ya que por manda constitucional los vicepresidentes primero y segundo, Félix Sotomayor y José Luis Lizurume, directamente integran la de Juzgar.
La Sala de Acusar quedó conformada, entonces, por Adolfo Mariñanco, Anselmo Montes, Argentina Martínez, Exequiel Villagra, Vicente Jara y Elva Willhuber (FPV), Roddy Ingram, María José Llanes, Jerónimo García y Mirtha Romero (ChuSoTo), Gustavo Muñiz y Carlos Gómez (PJ), Roberto Risso (UCR) y Oscar Petersen (Movimiento Polo Social).
La de Juzgar, en tanto, la conformarán Félix Sotomayor, Juan Ale, Javier Cisneros, Eduardo Daniel, Mónica Gallego, Gustavo Reyes y Héctor Trotta (FPV), Miryhan Crespo, Ana Barroso, Raquel Di Perna y Alejandra Johnson Táccari (ChuSoTo), José Luis Lizurume (UCR) y José Karamarko (PJ).
En la sesión también se habló sobre el incendio en Cholila y el proyecto de ley presentado por el gobernador Martín Buzzi para evitar la especulación inmobiliaria sobre las hectáreas siniestradas.
El presidente del bloque de la UCR, Roberto Risso, volvió a insistir en la necesidad de conocer al detalle todo lo actuado por el IAC en los últimos años, especialmente cuando el organismo fue intervenido y los responsables políticos comenzaron a actuar sin control.
El legislador sostuvo que "Chubut ha protagonizado uno de los hechos más aberrantes históricamente, sentando un precedente en la pérdida de masa boscosa", y señaló que "lamentablemente el bosque está vinculado con una sospecha generalizada de corrupción. Hasta el mismo gobernador y los medios hablan de la quema de bosques como producto de la especulación inmobiliaria".
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