La iniciativa prevé que, ante la negativa o demora de una obra social o empresa de medicina prepaga a atender una prestación por la cual la persona afiliada deba acudir a la Justicia, la entidad que resulte condenada deberá indemnizar al afiliado por un monto equivalente a entre 10 y 100 salarios mínimo, vital y móvil.

El marco legal de la novedosa propuesta es el artículo 42 de la Constitución Nacional que tutela el derecho de los consumidores y usuarios a la salud, y también el inciso 22 del artículo 75 de la Constitución Nacional que incluye tratados internacionales a los que Argentina adhirió y que garantizan este derecho.

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El proyecto de ley procura abordar lo vinculado a las prestaciones debidas a todas aquellas personas que requieren restablecer su salud, y que cuentan para ello con un vínculo jurídico con entidades obligadas a proveer lo necesario a ese fin (atención médica, tratamientos, insumos médicos, terapias, internaciones, traslados sanitarios, internaciones, etcétera) y se enfrentan a la negativa o a la dilación indebida por parte de esas entidades.

Padecimiento

Los legisladores patagónicos observaron que “de un tiempo a esta parte es notoria la proliferación de situaciones que reflejan el desconocimiento de este derecho por parte de entidades que, pese a recaudar de esas mismas personas importantes aportes, los someten a padecer la demora en obtener las prestaciones, a que sean de calidad insuficiente o directamente a la negativa infundada”.

“Esto acontece con muchas obras sociales y también con empresas de medicina prepaga. En no pocas oportunidades afecta también a niños y niñas, y a personas con discapacidad” sostuvieron.

“Existen casos de obras sociales que por mandato legal perciben los aportes y contribuciones de empleadores y trabajadores, como así también empresas de medicina prepaga que hacen lo propio de quienes voluntariamente contratan sus planes y que, pese a ello, se ven expuestas al rechazo en el cumplimiento de las prestaciones y deben requerir tutela judicial para acceder a las mismas”, enfatizó Gustavo Menna, autor del proyecto. 

Por otro lado, Reyes mencionó la creciente judicialización, en los últimos años, de las demoras y negaciones a las prestaciones, según las estadísticas de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, relevadas en documentos elaborados por el Registro Nacional de Amparos en Salud creado por la Superintendencia de Servicios de Salud.

Ante ello, la legisladora expresó que “el proyecto prevé que ante la negativa o la demora infundada o arbitraria en dar la prestación, el beneficiario podrá intimar a que la cuestión sea resuelta en el término de dos días”, y si ello no ocurre, “y se ve obligado a interponer una acción judicial para hacer valer su derecho, y si esa demanda es admitida, entonces operará a favor del propio peticionante una indemnización que establecerá el juez en la misma sentencia, por un monto equivalente a entre a 10 y 100 Salarios Mínimo, Vital y Móvil”.

Situación vergonzosa

Asimismo, Menna consideró que “asistimos a una situación vergonzosa de incumplimiento de obligaciones elementales por parte de entidades en un sistema poco transparente, poco auditado y, en el caso de las obras sociales, con órganos de administración que en general replican los de los sindicatos a las que pertenecen y respecto de cuya conformación los afiliados no tienen voto, pese a ser aportantes de recursos”.

“Muchas de esas entidades -continuó- no cumplen con sus deberes cuando las prestaciones son requeridas y someten a sus beneficiarios a un peregrinaje judicial”.

No al incremento de aportes

Por último, los legisladores manifestaron su rechazo a que un sistema que administra con poca transparencia y eficiencia fondos multimillonarios imponga una carga adicional a los aportantes: “El foco debe estar puesto en diseñar instrumentos legales que impongan y garanticen el cumplimiento tempestivo y de buena fe de las obligaciones de las entidades de salud”, finalizaron.