Por Laura Serra

En un intento por quebrar el bloqueo que impuso Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados, el oficialismo planea convocar a una sesión para la semana próxima para debatir una nueva moratoria previsional, un tema sensible en términos electorales con el que pretende doblegar la intransigencia de la oposición, decidida a no dar quorum mientras el Frente de Todos persista en su embestida contra la Corte Suprema.

Pese a tener los márgenes de acción acotados, el bloque oficialista que lidera Germán Martínez avanza, no sin ciertas dificultades, en aquellos proyectos que le encomendó el Poder Ejecutivo para las sesiones extraordinarias. Esta tarde se alzó con el dictamen del proyecto que establece un Régimen Simplificado y Cambiario para Pequeños Contribuyentes Tecnológicos, más conocido como “Mono-Tech”, en la Comisión de Presupuesto que preside Carlos Heller. Los diputados de Juntos por el Cambio, que marcaron sus observaciones al proyecto, optaron por no apoyarlo, fieles al mandato impartido por la mesa nacional de la coalición de no facilitar la sanción de los proyectos del Gobierno mientras perdure el proceso de juicio político al máximo tribunal.

La pulseada entre el oficialismo y la oposición en el Congreso tendrá una instancia clave la semana próxima si el Frente de Todos decide, finalmente, llamar a una sesión en el recinto. Sería la primera que se realizaría en el período de sesiones extraordinarias del Congreso, convocadas por el presidente Alberto Fernández el 23 del mes pasado con un ambicioso temario de 27 proyectos. Pocos tienen posibilidad de prosperar, pero el oficialismo se conformaría con llevarse al menos la nueva ley de moratoria previsional, una iniciativa sensible en términos electorales: de no aprobarse, entre 720.000 y 800.000 varones y mujeres no podrían jubilarse este año y el próximo.

La campaña oficialista para intentar doblegar la intransigencia opositora ya empezó. En reparticiones de la Anses de la ciudad de Buenos Aires aparecieron en los últimos días afiches de escrache a los diputados nacionales porteños de la oposición contrarios a debatir la ley. “No quieren que te jubiles”, rezaban los carteles.

Lo cierto es que el oficialismo no las tiene fácil para convocar a sesión mientras Juntos por el Cambio mantenga su intransigencia. Tampoco tiene asegurado el apoyo del interbloque Federal, el único espacio que podría torcer la balanza en su favor para alcanzar el quorum. A la oposición tampoco le resulta gratuito -en términos de costo político- mantener paralizado el Congreso. Por más argumentos políticos que esgriman para justificarlo, la sociedad finalmente se los reprocha, admiten.

Esto explica, tal vez, que en Juntos por el Cambio ya se escuchen voces que aconsejan a flexibilizar su posición y sugieren que el bloqueo solo se limite al período de sesiones extraordinarias, que terminará el 28 de este mes. La mesa nacional de la coalición había dispuesto que la medida perdure mientras el oficialismo avance en el juicio político a la Corte.

“Este proceso podría durar al menos tres meses. No sé si estaremos en condiciones de mantener el bloqueo durante tanto tiempo”, admiten en Juntos por el Cambio.

Monotributo Tech

Por de pronto, el oficialismo avanza con sus iniciativas. Merced a su mayoría, aprobó el dictamen que establece un régimen simplificado de pago de impuestos que abarca a un grupo de profesionales relacionados a la economía del conocimiento y a la industria tecnológica.

Así, la nueva figura contempla dos situaciones: por un lado, la actividad de profesionales que ejercen su actividad y facturan en dólares u otra moneda extranjera, ya sea a clientes o empleadores del exterior, y por otra parte también se aplicará a los jugadores profesionales de e-sports. El objetivo de la iniciativa es beneficiar a la gran cantidad de contribuyentes argentinos que prestan servicios como programadores para empresas del exterior, ya que tendrían menos dificultades para cobrar sus honorarios en moneda extranjera.

“Este proyecto busca estimular la exportación de servicios tanto de empresas tecnológicas como de personas físicas dedicadas a esta actividad. Esto les permitirá abrir una cuenta donde se acreditarán los dólares provenientes de esa exportación de servicios y esos dólares serán de libre disponibilidad para operar tanto en el país o extraerlo”, explicó el oficialista Marcelo Casaretto.

La oposición, en las voces de Laura Rodríguez Machado, Martín Tetaz, Víctor Romero y Germana Figueroa Casas, marcaron sus objeciones al proyecto por considerar que el Gobierno, obligado por la brecha cambiaria, instaura un beneficio para un determinado sector que le permitiría liquidar sus dólares sin las restricciones oficiales. “Se propone crear un nuevo régimen impositivo integrado para solucionar una informalidad. Si se aprueba esta ley se creará una nueva inequidad tributaria”, planteó el radical Romero.