Para los principales justificadores del oficialismo “el principal responsable de la situación es el COVID”( así como lo lee)  y montaron un escenario del “como sí” de debatir y tener el control de la pandemia.

Así lo hicieron la diputada Rocío García y Matías Mazú (FPV) que hicieron una defensa cerrada ante cada pedido y crítica que provino desde la oposición.

El kirchnerismo en la Cámara de Diputados cambió su estrategia respecto a la última sesión ordinaria virtual donde no permitió tratar proyectos sobre tablas – como el proyecto de ley que pedía la autorización del ibuprofeno inhalado – y en esta ocasión dio lugar al debate sobre una batería de pedidos de informes que presentó la bancada del bloque Nueva Santa Cruz dirigidos al Poder Ejecutivo provincial, pero no aprobó ninguna.

Los diputados de la oposición solicitaron diversas medidas sobre la crítica situación que aqueja al sistema sanitario con principal eje en Río Gallegos y Caleta Olivia, afectado por la expansión de contagios comunitarios de COVID-19 en las principales ciudades de la provincia y la deficiente respuesta de las autoridades sanitarias.

Aunque el oficialismo estuvo dispuesto a abrir el debate sobre los proyectos, se negó por mayoría a acompañar las iniciativas escudándose en que “se están dando respuestas”.

Fue así como durante una hora debatieron sobre el pedido que hizo el diputado Daniel Roquel (UCR) que solicitaba a la gobernadora Alicia Kirchner y al ministro de Salud, Claudio García que se regularice “la situación laboral de los agentes que prestan servicios de limpieza y mantenimiento en todos los Hospitales y Centros de Salud de Santa Cruz que hoy se encuentran en total estado de precarización laboral”.

El presidente de la bancada Frente para la Victoria, Matías Mazú sostuvo que “el año pasado había 470 monotributistas en el sistema sanitario y actualmente sólo hay 84. Hay contratos COVID y otros normales para médicos, camilleros, choferes, o quienes están dentro del marco de las leyes 1.200 y 1.795. No comparto que este proyecto sea una solución, pero si incorporar de a poco al personal necesario para enfrentar la pandemia. Hay un proceso de incorporación. Mi propuesta es que vaya al archivo”. 

Javier Pérez Gallart de Encuentro Ciudadano señaló que “hay indicios de fraude laboral en las cooperativas y es una materia de estudio que tiene la Organización Internacional de Trabajo cuando habla de trabajo decente”.

El kirchnerista Martín Chávez salió en defensa de las cooperativas de trabajo en los hospitales públicos, “defendemos el cooperativismo” aunque haya empresas privadas enmascaradas como cooperativas y “a veces es una avivada de dos o tres empresarios que crean cooperativas como vemos en la actividad pesquera”, apuntó Carlos Santi de Puerto Deseado.

Luego de intensos cruces entre las bancadas, el oficialismo prosperó con la mayoría automática y envió el proyecto al archivo.

También se discutió sobre un pedido de apertura de la paritaria de Salud sobre cuestiones salariales y laborales que gravitó respecto a la presencia de conversaciones con los gremios ATE, APAP, UPCN junto a APROSA y ATSA en diferentes momentos durante la pandemia. El kirchnerismo insistió que se está trabajando entre la cartera de Salud y los sindicatos para avanzar en materia salarial.

Otro de los puntos que se debatieron fue sobre un pedido de Pérez Gallart para que el Poder Ejecutivo agilice los mecanismos de respuestas ante la demanda de llamadas al 107, que concentra las consultas de quienes tienen síntomas de COVID-19. La respuesta llegó de la legisladora Rocío García (Frente para la Victoria) quien aseveró que “se está trabajando con el Hospital del Cruce y la Universidad Nacional de la Patagonia Austral para avanzar sobre este tema y mejorar la atención. No tiene sentido aprobar este tema” y reconoció la labor del grupo de voluntarios de la legislatura provincial.

Además, se discutió una solicitud de Nueva Santa Cruz que requería el pago inmediato de todos los bonos comprometidos y adeudados al personal de salud de la Provincia de Santa Cruz nuevamente la vocera fue García (Frente de Todos) quien afirmó que “sobre el bono COVID provincial, los gremios lo discutieron con las autoridades de la salud cómo hacerlos efectivo. Mientras que los bonos nacionales se pagaron las cuotas que se habían reconocido para los profesionales del sector público y privado en Santa Cruz que el último pago alcanzó a 5932 agentes por poco más de 29 millones de pesos”.

Mazú dijo que “para las localidades que están en ASPO, el personal de salud de Río Gallegos, Caleta Olivia y El Calafate se multiplicó en tres veces a los médicos y al resto del personal sanitario en dos veces el valor de las horas extras, más allá de los bonos provinciales”.

Otro pedido desde el espacio Encuentro Ciudadano fue un pedido de informes para conocer las “actuaciones e indagar las responsabilidades que surgen del contagio masivo y fallecimiento de personas mayores alojadas en el Hogar ‘Braulio Zumalacarregui’”.

Pérez Gallart sostuvo que “tenemos que conocer las responsabilidades sobre cómo se dieron los contagios que tuvo consecuencias en la muerte de 6 personas mayores del hogar”. Sin embargo, el oficialismo desistió de acompañar el pedido.

También generó polémica un proyecto de la diputada Nadia Ricci (UCR) para que Salud informe “la cantidad de kits de detección de Coronavirus COVID-19 adquiridos y/o provistos por el Poder Ejecutivo Nacional,  tipo de kit, procedencia del mismo, precio de compra en el caso de haber sido adquiridos por la Provincia; distribución de Kits de detección de Coronavirus COVID-19 por localidad; promedio de testeos diarios por localidad y; detalle de implementación del plan Detect-Ar en las diferentes localidades”.

Pero nuevamente el kirchnerismo se negó a avalar el pedido.

La misma suerte corrió la iniciativa que requería el “seguimiento médico de los pacientes COVID positivos, desde el momento que se comunica el contagio hasta el alta clínica, conforme los protocolos fijados por la autoridad sanitaria”.

Allí hubo una fuerte discusión entre las bancadas no exentas de chicanas y el kirchnerismo defendió el manejo de la pandemia “desde marzo a julio nos preparamos” dijo García quien sostuvo que “el principal responsable de la situación es el COVID”.

Roquel argumentó “me gustaría vivir en la provincia que dicen los diputados del oficialismo sobre todo lo bueno que tiene el sistema de salud y lógico que la pandemia trajo problemas, pero les falta autocrítica sobre todo lo que se hizo mal, hace 30 años gobiernan la provincia”.

El último tema sobre la pandemia que tuvo idas y vueltas fue el pedido al Poder Ejecutivo para que “provea los insumos necesarios y suficientes al sector camilleros del Hospital Regional de Río Gallegos, en virtud que en ocasiones se ha carecido de los mismos”.

La respuesta: “hubo una inversión millonaria para enfrentar la pandemia”, dijo Mazú y aclaró que “es posible que pueda haber faltantes porque es una situación crítica”.

En lo que si coincidieron ambas bancadas fue en un proyecto de resolución para que se avance en el relevamiento de las tierras rurales por parte del Consejo Agrario Provincial y se aprobó una ley que declara Monumento Histórico Provincial de la Memoria de la provincia de Santa Cruz, al inmueble de la ex Comisaría de Puerto San Julián, donde transcurrieran trágicos eventos históricos ocurridos durante las huelgas patagónicas del 1920 y 1921.

Además, por amplia mayoría se aprobó un nuevo sistema de votación para las sesiones en modalidad virtual que se iniciaron desde la pandemia del COVID-19.