El oficialismo en la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados logró emitir dictamen positivo del proyecto de reforma del Impuesto a las Ganancias a las sociedades. Con 26 votos a favor y 19 en contra, el Frente de Todos logró el aval para que en una semana se pueda tratar la modificación en el tributo que pagan las compañías y que desde oficialismo asegura que busca aliviar la carga fiscal al 90% de las empresas pequeñas y medianas mientras que desde la oposición señalan que es una suba de impuestos.

La comisión se reunió a las 15 y bajo el mandato de Carlos Heller se anunciaron algunos cambios que tenían que ver con la redacción más que con el fondo de la cuestión y luego se abrió el debate en donde la oposición fue bastante dura con el proyecto del oficialismo, con adjetivación respecto a los dichos de funcionarios de la administración nacional y del impacto del impuesto a las empresas.

El diputado Alejandro Cacace, del bloque de Juntos por el Cambio, señaló que era “mentira” lo que había dicho la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, en su presentación ante la comisión respecto del impacto que tendrá en las pymes señalando que “es falso que las empresas vayan a pagar menos”.

Luego de un cruce con Heller respecto de cómo se debían leer algunas cifras y sus incidencias, Cacace dijo que el oficialismo se llama Frente de Todos “porque tiene respuesta para todos” y ahondó: “Por un lado dice que las empresas tienen que pagar más, pero que 9 de cada 10 van a pagar menos pero también dicen que es un alivio fiscal. Por eso tienen una respuesta para todos, para los que quieren bajar impuestos y para los que los quieren subir. Y eso no se puede hace simultáneamente”.

Respecto de este punto Cacace dijo que “alivio fiscal no es porque el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso dice que se van a recaudar 320.000 millones de pesos más”.

“Durante la reunión informativa el secretario de política tributaria reconoció que la idea es volver al 35% de impuesto, aumentando entonces 10 puntos la presión tributaria. Y también la titular la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, aseguró que el objetivo era deshacer la reforma de 2017. Se llegó a decir que este proyecto era para compensar la baja de impuesto a las ganancias sobre las personas físicas, que se había calculado en 48 mil millones de pesos, pero acá estamos tratando un aumento de impuestos casi 7 veces superior. Si era para compensar eso se les fue la mano”, señaló Cacace.

“Las empresas tienen capacidad de trasladar impuestos a los precios, con lo cual no recae solamente sobre las empresas sino que termina cayendo sobre los consumidores”, finalizó el legislador con respecto a la incidencia distributiva.

Otro diputado que se mostró duro y que parecía que iba a dar pie a un principio de discusión fue Atilio Benedetti, del radicalismo de Entre Ríos, quien no quiso quedarse a mitad de camino y señaló que esta ley forma parte de un “clima antiempresa” que tiene el gobierno nacional. “Esta ley se suma a la doble indemnización -medida que busca evitar despidos masivos- a la suba de Ingresos Brutos -por el nuevo Pacto Fiscal con las provincias que frenó la baja del impuesto en medio de la pandemia- y a los Precios Máximos -el plan que congela precios”.

Para el diputado Luciano Laspina (PRO) esta ley lo que busca es “destruir” lo que había hecho el gobierno anterior y que “esa actitud forma parte del fracaso del país. Por esto vamos a votar en contra de esta ley”.

“Sin crédito lo que hay que hacer es generar incentivo para la reinversión y con esta ley estamos matando la reinversión de utilidades. Por esto estamos en contra de este proyecto. Esto va en la dirección contraria”, agregó Laspina.

El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento el 9 de abril modifica el texto original presentado a mediados de marzo, con un nuevo esquema de alícuotas escalonadas compuestas de tres segmentos en función del nivel de ganancia neta imponible acumulada de cada sociedad.

La iniciativa establece un primer escalón de 25% para ganancias netas acumuladas de hasta $5 millones, una alícuota que no sólo abarcará a las pymes sino también a la mayoría de las medianas empresas.

El segundo escalón -de 30%- es para ganancias netas acumuladas de más de $5 millones y hasta $20 millones, y un último segmento de 35% para ganancias netas acumuladas superiores a 20 millones de pesos.

Los dividendos distribuidos pagarán en todos los casos la alícuota de 7%, a través del impuesto cedular vigente.