La Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados firmó este martes dictamen sobre el proyecto de ley consensuado entre oficialismo y parte de la oposición que prohíbe la ayuda estatal a empresas y personas con activos en guaridas fiscales o causas de evasión agravada. La medida se trataría la semana próxima. El proyecto tuvo varias modificaciones, las cuales fueron consensuados por los diputados del Frente de Todos Pablo Carro y Fernanda Vallejos y por Consenso Federal, Graciela Camaño, incorporando mayores precisiones respecto del universo alcanzado por la prohibición. El dictamen cosechó la firma de 25 diputados a favor y 20 en contra. 

Los cambios tornaron más concreta la medida, lo que generó que el macrismo se arrepintiera de su apoyo inicial a evitar que se utilicen recursos estatales en ayuda a empresas que incurrieron en operaciones de fuga y evasión tributaria. Desde el Bloque PRO presentarán un dictamen de minoría que vuelve al proyecto original, que se enfocaba solo en empresas de comprobada fuga de capitales y tenía un espíritu más declarativo qué práctico. 

El proyecto que prohíbe la ayuda económica a personas y sociedades con activos offshore, vinculadas o ubicadas en guaridas fiscales y/o evasores de obligaciones fiscales. Se incluye asistencia estatal en subsidios, transferencias, exenciones impositivas y/o beneficios fiscales, facilidades crediticias y/o en obligaciones emanadas del sistema de seguridad social. Entre los sujetos comprendidos se encuentran “las sociedades constituidas en el extranjero, en jurisdicciones de baja o nula tributación o que sean residentes a efectos fiscales en dichas jurisdicciones”.

La iniciativa había sido aprobada en Diputados, durante una sesión en que el escándalo protagonizado por el ex diputado Juan Ameri tiñó de dudas todo el tratamiento de proyectos que prosiguió a esa situación. En el proyecto original se habían incorporado a último momento dos modificaciones clave que generó malestar en la oposición: la posibilidad de incluir a firmas que tengan causas de evasión y vínculos mediante testaferros con guaridas fiscales. Ante el reclamo del diputado Jorge Sarghini (Consenso Federal) por los cambios de último momento, el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, ofreció volver a Comisión el proyecto aprobado.

En las últimas semanas se trabajó en un acuerdo político para mejorar y hacer viable el proyecto y en esa labor, la negociación con la disputada Camaño, quien tenía un proyecto con un espíritu similar al planteado por Carro y Vallejos. Se eliminó del listado a los países “no cooperantes”, por no ser un fiel reflejo de la situación de cada una de las jurisdicciones. Se optó por privilegiar a las jurisdicciones de baja o nula tributación, un reclamo que había planteado Juntos por el Cambio.  "Tampoco podrán recibir dinero público las personas y las empresas condenadas y procesadas por delitos por corrupción y los que hubieran defraudado al Estado", explicaron a este medio desde el oficialismo.  

"Lo trabajamos a conciencia  para que, cualquiera sea la  modalidad que empleen, estos delincuentes de guante blanco no se lleven los recursos que son de todos los argentinos”, dijo Vallejos durante la discusión en Comisión. Camaño sostuvo que “no es justo que quienes buscan subterfugios legales para eludir pagar impuestos en el país, puedan acceder y tener los beneficios impositivos o asistencia del Estado. Los escasos recursos deben ser distribuidos inteligentemente”. "Es importante que el Estado cuente con un instrumento que le permita distinguir entre aquellas empresas que cumplen con sus obligaciones y aportan al desarrollo del país y aquellas que a través intríngulis contables se dedican a evadir impuestos”, expresó Carro, autor original del proyecto. 

El diputado Luciano Laspina (Bloque PRO) anticipó que no acompañaría el dictamen porque "es demasiado amplia para los sujetos alcanzados". "Puede quedar alcanzada cualquier empresa que esté radicada en Tierra del Fuego. Esto va a terminar en un veto parcial del Presidente", afirmó Laspina, quien citó a McDonald's como una empresa que seguramente esté alcanzada. Una de las novedades del proyecto, es que incorpora en el universo de excluidos de las ayudas estatales a aquellas personas procesadas “con auto de procesamiento firme, hasta la absolución o sobreseimiento firme o hasta la condena” por delitos contra la administración pública, por delitos de corrupción o por delitos contra el orden económico y financiero.

El dictamen incorporó además, como otra modificación durante el debate en Comisión, que "las prohibiciones y exclusiones establecidas por la presente ley no regirán en aquellos casos en que sea la propia ley del Congreso la que haya establecido o establezca y disponga la asistencia, los subsidios, las exenciones, las facilidades y los demás beneficios y ventajas para tales sujetos". Por último, en el caso de saldos impagos de tributos se eliminó la cifra de hasta 15 millones de pesos por "por montos iguales o superiores a los que la Ley Penal Tributaria establezca para los casos de evasión fiscal agravada", una propuesta del presidente de la Comisión, Carlos Heller.