Las acusaciones cruzadas entre Morales y el intendente justicialista Ortega fueron el tema sobresaliente de la semana pasada y tuvieron resonancia en la última sesión de la Cámara de Diputados, en la que oficialismo y la oposición presentaron miradas contrapuestas al evaluar la respuesta del Gobierno a la gran crisis de la tierra que estalló en agosto de 2011.

Durante el debate, la diputada radical Alejandra Martínez denunció que las condiciones de vida en el asentamiento “Néstor Kirchner” son deplorables debido a la falta de servicios esenciales que padecen las más de 170 familias instaladas en el lugar.

Analía Monaldi (PJ), diputada de Monterrico, respondió que el Gobierno provincial “está financiando obras de luz y agua pero no se dan de un día para el otro”, advirtiendo que “nos preocupa que las tomas de tierras sigan avanzando”. Según Monaldi, en la localidad está alterada la paz social “y muchos de quienes están en esta zona, que tiene tierras productivas, están amenazados por esta situación y esta pelea mediática”. La legisladora, además, dijo que desconoce de quienes son las tierras en disputa e instó a hacer la denuncia judicial si se tienen pruebas de algún ilícito.

Jorge Rizotti (UCR), en tanto, denunció el “negocio inmobiliario” del intendente Ortega, que compró a través de un testaferro las tierras donde está el asentamiento “Néstor Kirchner” a pocos días de la toma compulsiva por los llamados “ocupas”.

Desde la bancada oficialista, el ultrafellnerista Javier Hinojo aseguró que “no hubo quince meses de inactividad” del Gobierno y explicó que en Monterrico se llegó a un “amplio consenso” para trasladar los asentados a El Pozo de la Avispa y La Ovejería, lugares asignados para el programa “Un lote para cada familia jujeña que lo necesite”.

José Melé (PJ) refirió que en más de quince ciudades de la provincia el programa está instrumentado y dio otros números: aseguró que son 50 mil las familias carenciadas que están contempladas en el plan del Gobierno; 28 mil están siendo evaluadas para recibir lotes; 12.500 tienen la oblea y 6500 ya están edificando sus viviendas. Según el legislador, las cifras son “un record en la Argentina”.

Los datos de Melé fueron confrontados por el radical Pablo Baca, quien tomando la información de la página web oficial del Gobierno, sostuvo que a junio de este año eran 34 mil los inscriptos con derechos y a octubre de este año, 31 mil. Por otro lado, mencionó que un alto funcionario encargado del programa declaró por los medios que los inscriptos llegan a más de 26 mil. El legislador aseguró que no es verdad que se haya dado solución a 25 mil inscriptos y resaltó que según el portal oficial se entregaron obleas a 5300 de postulantes pero el funcionario dijo que a 6000. Tras advertir que las diferencias son notables, Baca explicó que “muchos inscriptos con derechos no tienen ninguna respuesta; hay inscriptos a los que se les dio un título habilitante, pero no se le dice ni qué lote ni cuándo; la oblea es como un título precario pero no se le da el lote”. En todos los casos –concluyó- “hay gente viviendo en condiciones infrahumanas, no hay agua corriente en muchísimos lugares de la provincia, la gente obtiene agua de grifos públicos; no tienen energía eléctrica, están colgados a la red con instalaciones precarias que son un peligro; no están delimitadas las calles y en algunos casos no hay alumbrado”. Baca también aludió a tratos discriminatorios con las familias que no pertenecen a organizaciones sociales afines al Gobierno y defendió la actuación del senador Morales, quien –enfatizó- denunció estas injusticias.

Desde el Frente Primero Jujuy, Oscar Agustín Perassi rechazó los posicionamientos extremos y definió que “esto que pasó en Jujuy fue fruto de la anarquía”. Los usurpadores –recordó- “actuaron ilegalmente y sabemos que hay gente que por necesidad, pero también hay pícaros”.

Hablando del caso de Palpalá, el diputado frentista aseguró que las organizaciones sociales son las que reparten los terrenos y señaló que se llegó al extremo que algunas de estas agrupaciones estén en la búsqueda de familias para inscribirlas. Perassi sostuvo que el sistema de listado único fue una buena herramienta para el control del Estado con la colaboración de la ciudadanía. Por otro lado solicitó que los representantes de la Legislatura en la Comisión de Compra de Tierras informen periódicamente al pleno sobre acciones que se llevan a cabo en la materia: “es importante contar con información porque hace a la transparencia de los actos de gobierno”, definió.