La Cámara baja busca sancionar el proyecto del oficialismo para reglamentar el recurso que habilita a la Corte Suprema de Justicia a intervenir en causas de "gravedad institucional”, aunque no se hayan agotado las instancias ordinarias previas. La UCR, el FAP, el PRO y la CC adelantaron su rechazo a la iniciativa.
El per saltum habilita a la Corte Suprema de Justicia a intervenir en determinadas causas aunque no se hayan agotado las instancias ordinarias previas que debe atravesar cualquier expediente antes de ser abordado por el máximo tribunal.
Al hablar como miembro informante del dictamen de mayoría, la diputada nacional del Frente para la Victoria Diana Conti aseguró que el proyecto "es un instrumento de defensa democrática" y precisó que se utilizará "sólo en causas federales, jamás salteando a los superiores tribunales provinciales".
"Lo estamos planteando como un recurso con características de excepcionalidad, recogiendo la mejor doctrina", enfatizó en el recinto la titular de la comisión de Asuntos Constitucionales de la cámara baja.
Desde el radicalismo, en tanto, Mario Negri anticipó el rechazo de la UCR al proyecto del oficialismo, al sostener que "no estamos frente a un hecho de gravedad institucional" y consideró que "estamos frente a un debate político".
A su turno, el diputado nacional del Frente para la Victoria, Jorge Yoma, que impulsó una norma similar en los `90 durante la gestión de Carlos Menem, cuestionó la iniciativa y defendió su propio dictamen para que la Corte "siga determinando cuándo se configura la gravedad institucional".
El texto recibió dictamen días atrás en el marco de un plenario de comisiones que se desarrolló sin la presencia de los legisladores del radicalismo y del Frente Amplio Progresista (FAP), que se retiraron de la sala a poco de comenzada la reunión. Los bloques del radicalismo, el GEN, la Coalición Cívica, el PRO y el Frente Peronista impulsaron dictámenes de minoría.
El recurso podría aplicarse a la implementación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, aprobada hace tres años por el Parlamento y frenada en la Justicia por una medida cautelar presentada por el Grupo Clarín.
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