Entre los aplausos y vítores de les militantes de organizaciones sociales que habían rodeado el Congreso, la Cámara de Diputados aprobó por casi unanimidad un proyecto que prorroga la ley de barrios populares sancionada en 2018. Así, con 227 votos a favor, 2 en contra - provenientes de Francisco Sánchez (PRO) y Carolina Píparo (Avanza Libertad) - y 3 abstenciones, la iniciativa que busca garantizar la urbanización de los más de 5 mil barrios populares del país obtuvo su media sanción y giró al Senado. La sesión - que funcionó a modo de gran previa del debate del Presupuesto -, se alargó durante casi 10 horas, con un extenso temario de consenso que incluyó la aprobación de la expropiación del predio donde funcionaba Cromañón, una modificación a la ley de Promoción y Fomento de Innovación Tecnológica, entre otros proyectos. 

La sesión comenzó pasadas las 13, con la llegada a las apuradas de una emocionada Victoria Tolosa Paz que, minutos antes, había participado de una última reunión de bloque de despedida. Una vez alcanzado el quórum, la presidenta de la Cámara, Cecilia Moreau, puso en consideración la renuncia a su banca, le deseó  "éxitos en la nueva etapa" como flamante ministra de Desarrollo Social, el recinto la aplaudió y Tolosa Paz partió con destino al Ministerio ubicado sobre la 9 de julio. Luego fue turno para que asumiera su reemplazante, Micaela Morán, una dirigenta de Zárate del riñón de Sergio Massa que, luego de jurar, se abrazó con fuerza con la titular de AYSA, Malena Galmarini. 

El clima de la sesión, que se extendió hasta entrada la noche, era más bien distendido: todos los temas eran de consenso, no se esperaban grandes cruces y, en la práctica, la atención de la mayoría de les diputades estaba puesta en la reunión de comisión de Presupuesto del día siguiente, para cuando se esperaba que comenzara oficialmente el debate para la aprobación del Presupuesto 2023. En la reunión de Labor Parlamentaria, los jefes de bloque del oficialismo y la oposición terminaron de definir el cronograma, el cual había sido foco de conflicto el día anterior con algunes legisladores de Juntos por el Cambio (que acusaron al FdT de querer apurar los tiempos). Finalmente se definió que el jueves y martes se debatiría, el miércoles o jueves siguiente se dictaminaría y, ya la semana siguiente, se avanzaría con la media sanción. "No tenía sentido apurarnos, si venimos bien", sostuvo un diputado del PRO, en un anticipo del tono de las negociaciones. 

Aprobación de la ley

Con las calles fuera del Congreso y los palcos del recinto repletos de militantes de movimientos populares, la Cámara de Diputados aprobó la prórroga del Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana. "Estamos hablando de una política pública que pueda desarrollarse a largo plazo y tienda a brindar las soluciones que propone la normativa: generar condiciones dignas y de calidad para los sectores populares, en aquellos barrios que merecen una atención profunda para su transformación", destacó el miembro informante, Lucas Godoy (FdT), quien recordó que se estaba prorrogando una ley sancionada en 2018, la cual había declarado de interés público la integración de los barrios populares - lo que implica acceso a servicios públicos, saneamiento, infraestructura, etc -, así como la suspensión de los desalojos por cuatro años. El proyecto aprobado ayer, sin embargo, incluía algunas modificaciones: incluir más de 1200 barrios populares relevados - llevándolos a más de 5600 - y extender la prohibición de los desalojos por 10 años más.

Les diputades de JxC y el resto de los bloques de la oposición reivindicaron la ley como una "política de Estado". "Esta es una ley que se promovió durante el gobierno de Mauricio Macri y se mejoró y continuó durante el gobierno de Alberto Fernández. Y es importante reconocernos todos parte de esta política. Porque cuando las políticas terminan siendo apropiadas por un sector le hacemos daño a la política pública y a las personas que tienen que beneficiarse", señaló Silvia Lospennato (PRO), en un juego de atribuirse la autoría de la política que se desarrolló a lo largo de toda la tarde. "Sin la calle ni la movilización popular esta ley no habría nacido", zanjó, por su parte, Eduardo Toniolli, diputado del Movimiento Evita. 

Las exposiciones más emotivas vinieron de la mano de les legisladores que representan a las organizaciones populares, principales impulsoras de la ley. "Pocos conocen el sacrificio que se lleva adelante cuando uno queda despojado absolutamente de todo. Y lo digo con conocimiento de causa porque en 2014 me vi en la obligación de irme con mi familia a un terreno a construir mi vivienda", comenzó Federico Fagioli, diputado de Patria Grande que vive en Pueblo Unido, un asentamiento que surgió tras una toma de terrenos de la que fue protagonista. "La integración sociourbana no es solamente tener luz, agua y cloacas. Es discutir cómo queremos que se desarrolle nuestro barrio y para eso se necesita una planificación a largo plazo", destacó.

La encargada de cerrar el debate fue Natalia Zaracho, la primera diputada cartonera de la historia del Congreso. "Con la ley del 2018 conseguimos que se suspendan los desalojos y también algo muy importante que son los certificados de vivienda. Hoy traje el mio, que me llena de orgullo", manifestó, mostrando en alto su certificado de vivienda en Villa Fiorito, en donde vive junto a su familia. "Cuando asumí muchos me dijeron que me iba a ir de Fiorito y la verdad es que no me quiero ir, quiero que todos mis vecinos y vecinas tengan los derechos garantizados", finalizó, con el recinto estallando en aplausos.