“Esto es para todas las personas que tengan título de tercer nivel. Es fundamental porque hoy el estatuto tiene contemplado, a la hora de la incorporación para trabajar en el Estado, dos categorías. Pero hay un vacío legal donde queda el título de tercer nivel. Esto genera una evidente desigualdad de trato y entorpece la carrera administrativa. Con esta ley se estaría dando la igualdad y un reconocimiento al esfuerzo de todas las personas que le pueden aportar calidad a la administración pública”, destacó Facundo Sola.

Marcos Cuelle agregó: “No podemos no reconocer a quienes hacen el esfuerzo de capacitarse. Hay que estimular a las personas en la administración pública para que haya un mejor servicio en toda La Pampa”.

Eduardo Pepa dijo que es un “reconocimiento a los empleados públicos que dedican su tiempo a capacitarse”.

También fue aprobado en forma unánime los proyectos unificados de Laura Trapaglia, Agustina García y Espartaco Marín por el que La Pampa adhiere a la Ley Nacional 27592, también conocida como “Ley Yolanda”, que busca formar a las personas del sector público (Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial) en materia ambiental.

“El cambio climático es el mal de nuestro tiempo. El Estado pose la responsabilidad de generar conciencia. Esta iniciativa no es sólo una adhesión, sino que a partir de esto se deben llevar adelante políticas públicas para beneficiar a las próximas generaciones”, manifestó García.

Marín agregó que “hay expresiones políticas de ultraderecha que niegan el cambio climático que, paradójicamente, tienen adhesión en los jóvenes”. Trapaglia, por su parte, dijo que “se busca crear una política de Estado, más allá de los colores políticos”.

Además, tras un extenso debate, fue aprobado por mayoría del FreJuPa y del Movimiento Productivo Pampeano, con el rechazo del radicalismo y de Propuesta Federal, el proyecto por el que solicitan a las y los Legisladores Nacionales por La Pampa, que acompañen con su voto la iniciativa que impulsa la creación de un aporte especial de emergencia a quienes tienen bienes en el exterior no declarados, para destinar al pago de la deuda con el FMI.