La iniciativa que fue girada en segunda revisión al Senado fue respaldada en general por 142 votos aportados por el interbloque Cambiemos, el Frente Renovador, el bloque Justicialista y Progresistas, y rechazada desde el kirchnerismo y la izquierda, que cosecharon 59 sufragios.

El proyecto aprobado penaliza a las personas que, por cualquier medio, ingrese "en la zona de frontera o desviare de los canales legales regulados por la normativa", productos y sustancias químicas "esenciales para la producción ilegal de estupefacientes".

La iniciativa prevé reprimir con prisión de entre dos y ocho años e inhabilitación especial de cuatro a doce años.

La política instrumentada por el kirchnerismo cruzó el debate en la cámara baja dado que desde el oficialismo se criticó con dureza la actitud permisiva de funcionarios del gobierno K y el aumento del narcotráfico, lo que generó una reacción de diputados del FPV.

De hecho, el radical Luis Petri denunció que el ex jefe de Gabinete, Aníbal Fernández "cajoneó" un proyecto de la ex senadora Sonia Escudero "mientras el país se convertía en un polvo de efedrina".

Petri, presidente de la comisión de Seguridad Interior, aseguró que el "crecimiento del consumo de drogas y el narcotráfico estuvo vinculado a la negligencia y el encubrimiento que existió en el gobierno" que encabezó Cristina Fernández de Kirchner.

En ese sentido, la presidente de la comisión Penal, Gabriela Burgos, recordó "la declaración de Pérez Corradi, quien expresó haber pagado u$s 50.000 a la Sedronar para importar efedrina. Al igual que Leonardo Fariña y Martín Lanatta, señaló a varios ex funcionarios del gobierno anterior como partícipes del negociado de la efedrina".

"Ante el silencio del Estado, el problema se multiplicó y expandió territorialmente de manera significativa, alcanzando una evolución compleja y de difícil abordaje; allí los distintos niveles del poder se convirtieron en colaboradores y partícipes necesarios", agregó.

Uno de los temas reclamados por el kirchnerismo y otros diputados de la oposición fue la inclusión de un articulo para despenalizar el uso del cannabis medicional, pero el oficialismo rechazó ese pedido y anunció que esa iniciativa se debatirá en un plenario de comisión que se efectuará el 13 de octubre.

Si bien el kirchnerismo, la izquierda y parte del bloque justicialista querían que se incorpore la despenalización del uso medicinal de cannabis, Petri aclaró que este tema "se debe tratar con responsabilidad porque pareciera que aquí no se tiraron 45 kilos de efedrina".

Mas dura fue Burgos ante los reclamos de los kirchneristas Diana Conti, Carolina Gaillard, y Dario Martínez. Al respecto le preguntó al FPV "¿que hicieron ustedes durante doce años que no aprobaron esta ley cuando tuvieron todo el poder para permitir el uso del aceite cannabis?"

Desde el kirchnerismo, la diputada Diana Conti señaló que "acá sólo se quiere perseguir a los pibes que consumen un porro y no al narcotráfico", e hizo hincapié en la necesidad de avanzar en la despenalización del uso del aceite de cannabis para temas medicinales.

Por su parte, la diputada del Frente Renovador, Mónica Litza respaldó el proyecto de ley que penaliza el desvío de precursores químicos porque hoy "debemos evitar que la Argentina siga sangrando y decimos que sangra por los delitos ligados directa o indirectamente al narcotráfico".

“Muchos ex funcionarios se cansaron de manifestar que en la Argentina no se producían drogas, que era un país de tránsito. Espero que reconocer el problema sea el comienzo para comenzar a solucionarlo”, agregó.

A su vez, la diputada de Libres del Sur, Victoria Donda señaló que "mientras existan adicciones va a existir narcotráfico y mientras tengamos un país donde sea fácil lavar dinero y mandarlo a empresas off va a ver narcotráfico".

Agregó que la Argentina "necesita discutir una reforma integral de la ley de estupefacientes porque sino será insuficiente" y advirtió que "si no se hace esto implica que no hay verdadera vocación de pelear contra las adicciones".

Por otra parte, la Cámara de Diputados convirtió en ley la creación del Consejo Federal de Precursores químicos como órgano asesor de la autoridad de aplicación del registro nacional.