La iniciativa había sido presentada por el Poder Ejecutivo y su aprobación estuvo a punto de naufragar por el rechazo de la diputada ultrakirchnerista Milagro Sala, también cabeza de la organización Tupac Amaru. Ya en la semana anterior, su sanción se tuvo que aplazar y el proyecto volvió a comisiones por pedido del oficialismo, con el argumento que no se había completado su estudio.

La ley contempla la creación del Sistema Único de Beneficiarios Sociales, formado por registros de personas físicas y jurídicas, que en forma directa o indirecta, perciban beneficios de cualquier índole por parte del Estado nacional, provincial, municipal y de organismos públicos o privados. En la práctica, el sistema pondría en manos del Gobierno información sobre los recursos que reciben las organizaciones sociales, como también la facultad de establecer los alcances generales de los distintos beneficios y las eventuales incompatibilidades que “las mismas generen”, con el objeto de “lograr la transparencia y la eficiencia de las asignaciones tendientes a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”.

El proyecto se aprobó en general por todos los bloques, pero al llegar el tratamiento en particular, estalló una nueva escaramuza entre el PJ y la UCR .

Desde el comienzo del debate, las intenciones del Justicialismo no quedaron claras. El diputado Jorge Noceti aclaró que su bloque no había terminado el estudio del proyecto debido a que les llegó tarde información que necesitaban para enriquecer la iniciativa y Guillermo Snopek mocionó aprobar en general y pasar el expediente a la Comisión de Labor Parlamentaria para el tratamiento en particular, propuesta que fue rechaza por los legisladores radicales que la tildaron de antireglamentaria. Snopek, consultado por El Libertario al concluir la sesión, con el menosprecio a los periodistas que lo caracteriza, no quiso explicar el motivo de la ambivalente postura del PJ.

El texto del proyecto del Poder Ejecutivo bajó al recinto, empero, con algunos llamativos “retoques”, como por ejemplo la eliminación de las palabras “organizaciones sociales”, que se reemplazaron por las más discretas “personas físicas o jurídicas” para no molestar a Sala, según explicó of de record un miembro de la Cámara.

El Radicalismo, que no firmó los despachos, también votó afirmativamente, y cuando llegó el tratamiento en particular, propuso un cuarto intermedio para consensuar los cambios que había anticipado Noceti, pero la propuesta no prosperó.

El diputado Pablo Baca (UCR) pidió que se formularan en el recinto las modificaciones que el PJ pretendía hacer en el tratamiento en particular y advirtió que “hay gente que administra mucho dinero, mucha gente depende de esos planes y la transparencia no les está conviniendo”.