Mariano San Millán,presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, dijo que el objetivo inicial es colocar deuda por un monto de U$s 300 millones a una tasa de interés que facilite la concreción de la operación.

El destino que tendrá esa suma importante de dinero será para las obras públicas, determinada en un 80% por el Ejecutivo, mientras que el 20% restante se hará dependiendo de los criterios establecidos por las comisiones departamentales.

El diputado Lucas Godoy explicó que las obras decididas por las comisiones departamentales deberán ser autorizadas por la Legislatura antes de iniciarse.

 Asimismo, Manuel Santiago Godoy expresó que el Ejecutivo no envió un listado con el tentativo de obras y costos estimados debido a que "el contexto inflacionario puede terminar desvirtuando toda esa lista”, pero que la Legislatura ejercerá el control de la ejecución de cada una de las obras, ya que deberán contar con un detalle provisto desde el gobierno.

 Al respecto de la toma de deuda, el titular de la Cámara Baja indicó que "es la única posibilidad que le dejó la Nación a las provincias debido a que hubo una disminución de los recursos enviados, por lo que si se quiere mantener el plan de obras públicas sin generar recortes en otros sectores se debe recurrir a este plan B”.

 Por su parte, Guillermo Martinelli se manifestó en desacuerdo con el porcentaje destinado directamente a los municipios, ya que consideró que el monto del empréstito debiera ser ejecutado un 50 % por la provincia y lo restante por los municipios.

 También cuestionó las comisiones departamentales porque considera que sería mejor un manejo directo solamente por parte de los intendentes.

 Al respecto, Gabriela Martinich dijo estar de acuerdo con las comisiones, porque permiten incluir en la diagramación de obras a los legisladores.

 Julio Quintana expresó su rechazo al endeudamiento, al considerarlo como usurario por las tasas que pueden llegar a pagarse y que no debe plantearse como la única opción para equilibrar las cuentas por culpa de los menores fondos llegados de Nación.

 En tanto, Lucas Godoy hizo referencia a la crítica por los porcentajes que llegarán a los municipios y destacó que es la primera vez que un gobierno provincial decide destinar una parte de un crédito para el manejo directo de las autoridades municipales, ya que hasta este momento siempre fue una prerrogativa que se reservaba el Ejecutivo.

 Ante eso, Mariano San Millán consideró que no se avasallan las autonomías municipales y que muchas de las obras más grandes las debe ejecutar indefectiblemente el Ejecutivo, por no tratarse de competencia de los municipios, tal es el ejemplo de rutas o edificios escolares.

 El proyecto en general obtuvo 52 votos positivos y siete en contra, alcanzando los dos tercios del total previsto para este tipo de iniciativa.

 El dictamen de mayoría que aconsejaba la sanción del proyecto con una modificación en el artículo tercero fue aprobado con 48 votos a favor y 10 en contra.

 El proyecto pasó al Senado en revisión.