El proyecto de Ley presentado por el Diputado Jorge Santiago, oriundo de Rojas, fundamenta que a partir de 1994 y hasta la actualidad nuestro país avanzó normativamente en el reconocimiento del derecho a un ambiente sano mediante la ratificación de Tratados Internacionales, y su incorporación tanto en la Constitución Nacional como en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Y es en ese marco que hoy promueve crear la “Fiscalía Ambiental”, bajo la órbita de la Procuración, y que su proyecto sea acompañado por todo el arco político.

Santiago recuerda que el Artículo 41 de la Constitución Nacional establece que “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado… y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho…”;  por otra parte, la Constitución Provincial sostiene en su Artículo 28 que “Los habitantes de la Provincia tienen el derecho a gozar de un ambiente sano y el deber de conservarlo y protegerlo en su provecho y en el de las generaciones futuras. La Provincia… En materia ecológica deberá preservar, recuperar y conservar los recursos naturales…promover acciones que eviten la contaminación del aire, agua y suelo… y a participar en la defensa del ambiente, de los recursos naturales y culturales”.

El representante legislativo por la Segunda Sección considera que “resulta ser una herramienta necesaria e idónea (el fiscal ambiental) para dar tratamiento a una creciente problemática dentro del marco jurisdiccional. Ya existen experiencias en países como Venezuela, Brasil, México, España, Costa Rica, Paraguay, entre otros, que han dado importantes pasos en la temática al constituir fiscalías ambientales. Existe consenso sobre su efectividad para ayudar a disminuir los delitos contra el ambiente y la protección de los recursos naturales”.

Asimismo, Santiago destaca que con la puesta en funcionamiento de las fiscalías ambientales “se propone prevenir los daños, actuar con celeridad, solicitar informes a los organismos oficiales con competencia ambiental, y optimizar las mandas legales que desbordan a las tradicionales instituciones en la temática ambiental”.

En la nueva Ley se afirma que resulta necesario contar con herramientas provinciales que puedan trabajar de manera coordinada con organismos nacionales, provinciales y municipales. Y la especialización de un funcionario judicial en medio ambiente es una necesidad real y urgente que acompaña el crecimiento en la materia.

Por último, Santiago especifica las funciones del nuevo instrumento judicial y que serán: “Promover la actuación de la Provincia ante la justicia, en defensa de los intereses generales ambientales y ante toda actividad positiva o negativa que afecte los derechos del artículo 28 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; coordinar la acción de prevención, reparación e investigación con distintas dependencias judiciales, administrativas y policiales, pudiendo requerir la colaboración a instituciones nacionales e internacionales especializadas en materia ambiental; recibir denuncias o actuaciones prevencionales que llegaren para su conocimiento, referidas o relacionadas a delitos tipificados por la legislación sobre medioambiente y efectuar las derivaciones correspondientes, dentro del Ministerio Publico Fiscal o hacia otras Instituciones de la Provincia”, entre otras cuestiones”