En un contexto marcado por la continuidad del conflicto docente en el territorio bonaerense, el diputado Santiago presentó un proyecto de Declaración por la falta del vital líquido en los colegios de la Provincia, en cumplimiento de una norma vigente hace siete años.

El legislador rojense instó a que la gobernadora bonaerense “arbitre los mecanismos necesarios para dar cumplimiento a la Disposición N° 201, que establece los requisitos mínimos de infraestructura que se deben cumplir en los establecimientos educativos de todos los niveles educativos, de la norma sancionada por el Poder Ejecutivo en el año 2010”.

Según el diputado y vicepresidente II de la Cámara baja, la normativa en cuestión “establece que debe haber un bebedero de agua potable por cada 50 alumnos. Esto es fundamental para contar con mecanismos de higiene necesarios y prevenir la transmisión y contagio de enfermedades; pero también es importante para educar sobre el derroche de agua, teniendo como finalidad la preservación del medio ambiente y de ese recurso natural como tal”.

El representante de los bonaerenses de la Segunda Sección en la Legislatura, considera que este tema es importante porque “se trata tanto de un medio para garantizar el derecho constitucional del acceso al agua potable, reconocido internacionalmente por instituciones como la Organización de la Naciones Unidas (ONU) como un derecho humano básico; y a su vez es una forma de promover e incentivar su consumo, educando acerca de este hábito saludable e indispensable para la prevención de enfermedades, cuyo índice está en constante crecimiento dentro de la población infantil”.

Al alertar sobre las “enfermedades infantiles”, Santiago da como ejemplo “la obesidad, la diabetes y sus respectivas afecciones conexas vinculadas al consumo excesivo de azúcar, problemática que ocupa un lugar cada vez más importante en la agenda de la Organización Mundial de la Salud (OMS), por su gran expansión”.

Asimismo la OMS, señala Santiago en la iniciativa, “destaca la importancia de fomentar y garantizar el consumo del agua potable, tanto para la salud bucal como para evitar los problemas que afectan al sistema cardiovascular, con lo cual hay que estimular la reducción y el consumo de bebidas azucaradas”.

Finalmente, Santiago afirma que “el Estado provincial debe garantizar el acceso público y gratuito al agua potable, apta para consumo”.