El diputado nacional del Frente para la Victoria por Catamarca, Rubén Yazbek, presentó un proyecto para la eliminación de registros de morosidad que afecten a personas que ya hayan cancelado o regularizado sus deudas,
También quedarían beneficiadas por esta ley todas las personas que por diversas circunstancias incurrieron en mora en la suma de deudas de capital igual o inferior a pesos diez mil ($10.000 ) y no pudieron cancelarlas, ya que por única vez se eliminarían los asientos adversos hasta ese monto. El objetivo primordial es permitir a más de tres millones de argentinos la recuperación inmediata del crédito, que con tanta facilidad, y en la mayoría de los casos arbitrariamente, fueron afectados en informes comerciales mancillando su dignidad, su honor, su buen nombre y su patrimonio. Con la propuesta se intenta recomponer el círculo virtuoso del crédito a tasas regulares ofrecidas por entidades bancarias dentro del sistema financiero.
En la actualidad se da la situación de que si una persona se encuentra informada como morosa en distintos bancos de datos como Veraz, aunque regularice o cancele la deuda queda en los registros por un mínimo de dos años, dejando a la persona inhabilitada para la obtención de futuros créditos. Con este proyecto se eliminaría el asiento histórico de la morosidad, y el titular de los datos quedaría desafectado a los fines del goce de su derecho al crédito, ya que el registro del dato adverso quedará eliminado en forma definitiva.
En concordancia se establece un “blanqueo”, y por única vez, se eliminan los asientos de todas las personas que hayan cancelado o regularizado o no su deuda a la fecha de sanción del proyecto.
También se plasma el “derecho al olvido”, donde pasados 5 años, aunque la deuda sea exigible, deberá eliminarse el dato impeditivo del crédito.
Por último, en el proyecto se propone que no se califique el estado de morosidad cuando la deuda sea inferior a la suma de dos salarios mínimo vital y móvil (SMVM), vigentes al momento de la mora. En la actualidad el SMVM es de $2.300; es decir, deudas menores a $4.600 no se podrían incluir en los bancos de datos.
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