“No tiene ningún tipo de documento de ese bidón que está ahí. Yo tengo facturas legales de transferencias a la empresa. Mi etiqueta, al menos, no utilizó”, expresó Fernando Gómez, propietario de la embotelladora de agua mineral a NPY.

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El abogado que representa a la familia, Aníbal Larriera, calificó el hecho como “un crimen atroz hacia la propiedad privada, hacia la producción de una empresa floreciente, una bofetada a la Justicia y hacia cualquier ciudadano”.

La familia de empresarios recuperó el control de su embotelladora de agua mineral luego de un año en el que la propiedad estuvo en manos del diputado cartista Jatar Fernández.

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En videos subidos por el diputado, se lo ve haciendo entrega de bidones de agua a clientes y retirando otros bidones, aparentemente, de marcas diferentes.

El predio, de 7.000 metros cuadrados y ubicado en Villeta, había sido ocupado por el legislador, quien, según la denuncia presentada, se instaló en el lugar sin la documentación legal correspondiente.

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Tuvieron que acudir con la documentación correspondiente y con efectivos de la fuerza pública para el efecto. Se presentaron varias denuncias y litigios para recuperar la propiedad.

El polémico diputado devenido a oficialista tenía otra denuncia de proporciones más grandes, incluso que la casaquinta de Ayolas, que levantó Jatar, habría sido producto de una supuesta invasión.

Se trataba de una demanda que entabló el empresario Fernando Gómez Brítez al que le fue arrebatada la firma Harpaya SA e invadida con el mismo modus operandi que en Ayolas, es decir, “en patota”.

La embotelladora de la familia Gómez había tenido una inversión de aproximadamente G. 1.200 millones. Según la denuncia, el diputado Jatar Fernández ingresó de manera prepotente, presentando un contrato privado de cesión de derechos, cuya validez fue cuestionada desde el inicio.

El negocio iba en funcionamiento, compró camiones de gran porte para comercialización local y otra para el interior.

El sueño se truncó cuando ingresaron el diputado y “barrabravas”, recordó Fernando Gómez Brítez.

Gómez afirmó que la pérdida es de casi G. 3.000 millones, puesto que el valor del terreno de siete hectáreas donde se asienta la fábrica en Villeta es elevado. El lucro cesante, o sea lo que dejó de percibir al cese de las operaciones es de alrededor de G. 60 millones al mes.

Ley Zavala-Riera. Según el artículo 142 de la Ley 3440/2008 el que individualmente o en concierto con otras personas ingresara con violencia o clandestinidad a un inmueble ajeno será castigado con pena privativa de libertad de hasta 6 años.

“Cuando la invasión en el sentido del numeral anterior se realizara con el objeto de en él u ocasionando daño patrimonial a los bienes existentes en el inmueble ajeno la pena privativa de libertad será de hasta 10 años”, reza el artículo.