El diputado provincial del Frente para la Victoria (FPV), Armando López Rodríguez, expresó su preocupación por la orden judicial de demoler 20 viviendas construidas con fondos del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) en la localidad andalgalense de Aconquija, y consideró que “este caso es un emblema de la irresponsabilidad con que se manejaba el organismo”.

El legislador sostuvo que “el daño causado es de una magnitud que excede incluso el perjuicio económico que se ocasiona a todos los catamarqueños”, ya que “aquí se gastaron millones de pesos en una obra que se convertirá en escombros inútiles”.

Contra Brizuela hijo

“Quiero saber si el joven Eduardo Brizuela del Moral se ocupará de darle respuesta a las veinte familias que no recibieron jamás su vivienda”, agregó López Rodríguez, para observar además que, “me resulta extraño que la diputada Paola Bazán, que tan interesada parece en la marcha del IPV, no haga mención a este escándalo”.

“Entre tanta denuncia que se apura a presentar no aparece este despilfarro de dinero... Quizás la diputada Bazán perdió esa carpeta o la dejó en un lugar equivocado”, agregó.

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial ordenó la demolición de 20 viviendas en Aconquija porque se edificaron en un terreno equivocado, durante la gestión de Eduardo Brizuela del Moral, hijo del entonces gobernador.

López Rodríguez sostuvo que “en lugar de equivocar el terreno de sus declaraciones, reclamando informes que ya fueron presentados, la diputada Bazán podría explicarle a los catamarqueños quién se hará responsable de la construcción de un barrio que debe ser ahora demolido”. Es una situación muy triste, que se torna inaceptable considerando la cantidad de familias que esperan una vivienda. Y es aún más triste que, en lugar de asumir responsabilidades por semejante desmanejo, quienes cometieron estas barbaridades se presenten ahora como denunciadores compulsivos con disfraz de inmaculados”, indicó. Para el diputado, “no se trata de un hecho aislado sino un emblema de la irresponsabilidad con que se trabajó durante años en el IPV, un organismo que construía casas a cuentagotas y las entregaba entre gallos y medianoche, para favorecer a parientes y amigos”.

“En la actual gestión de Gobierno se implementó un registro público de postulantes para terminar con los negociados y amiguismos definitivamente”, recordó. Además de puntualizar que, “en menos de cinco años de gestión peronista se entregaron más de 20.000 soluciones habitacionales, con un ritmo de construcción sin precedentes”. “No se puede tapar el sol con la mano, pero algunos tienen memoria selectiva y de muy corto alcance. Afortunadamente, los catamarqueños conocen la realidad y por eso se expresaron como se expresaron en las urnas. Mientras tanto, seguiremos esperando que aparezcan respuestas de quienes, al parecer, tienen muchos reflejos para vociferar en los medios, pero todavía no dieron explicaciones en la Justicia”, concluyó. 

Por orden de la Justicia

Días atrás se conoció un fallo de la Justicia, que resuelve  demoler un barrio de Aconquija comprendido por 20 viviendas, construido en la gestión del ex gobernador Eduardo Brizuela del Moral (FCyS), pero que no había sido terminado. Obras que luego retomó la actual gestión de Gobierno.

Estas casas fueron construidas con fondos del IPV, pero según determinó el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, el grupo habitacional fue construido en un terreno equivocado, por lo que resolvió demoler las viviendas ante la denuncia del dueño de los terrenos.