Al terminar la reunión solo se respiraba decepción. Los nuevos directivos de Pemex acababan de visitar en Nueva York a los principales bancos y fondos de inversión con intereses en la petrolera. La plana mayor de Wall Street escuchaba ávida los planes de los designados por Andrés Manuel López Obrador para llevar las manijas de la empresa pública, otrora joya de la corona mexicana y hoy agobiada por las deudas y una producción declinante.

Pero algo no había salido bien: los financieros, según cuentan quienes siguieron de cerca la cita, quedaron "muy poco tranquilos" con lo escuchado. No vieron claridad en la estrategia para sacar del pozo a Petróleos Mexicanos, la petrolera más endeudada del mundo -US$107.000 millones, con un calendario de repago desafiante- y asediada por las amenazas de degradación por parte de las agencias calificadoras.

Los planes energéticos del gobierno mexicano cambiaron súbitamente con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia. Era algo natural: el líder prometía cambios en todos los frentes y el sector petrolero, uno de los ejes tradicionales de la economía mexicana, no podía quedar afuera. Pero la falta de contundencia en la exposición de su programa para enderezar el rumbo y sanear las finanzas de la petrolera -que hoy bombea menos de dos millones de barriles diarios de crudo, la cifra más baja en casi cuatro décadas, por una mezcla de falta de inversiones por parte de los gobiernos anteriores, malas prácticas en la gestión y agotamiento de Cantarell, el principal yacimiento mexicano- constató que la época del petróleo fácil en México es historia y abrió múltiples interrogantes.

El más importante: ¿hasta cuándo está dispuesto el país a que los números rojos sigan creciendo en la firma que era el orgullo de los mexicanos?

A mediados de febrero, en la exposición del programa con el que se pretende rescatar a la petrolera estatal, se perdió una segunda oportunidad para infundir confianza a los siempre temerosos mercados financieros. Las autoridades federales anunciaron una reducción de US$700 millones en la factura fiscal de Pemex, una inyección de capital de US$1300 millones, un alivio en los pasivos laborales de la compañía y la expectativa de que el combate del gobierno federal al robo de combustible redunde en una mejora de US$1650 millones en la cuenta de resultados. Pero prácticamente a nadie le parece suficiente: sabe a poco. "Las medidas no resuelven los problemas estructurales de la empresa", sentencia el mayor banco de México, BBVA Bancomer, en una nota para clientes. "Es muy decepcionante: no hay dinero nuevo y lo único positivo es que no sube la deuda", dicen desde Citi. "Los fondos no son para crecer: solo cubren costos", completa Ramsés Pech, analista en temas de energía. Un parche temporal, en definitiva, que no resuelve los problemas de fondo de una empresa golpeada por "la corrupción y la mala gestión", continúa Carlos Petersen, de la consultora Eurasia. Pemex necesita mucho más que un lavado de cara.

En las últimas décadas, la compra de deuda de la firma había sido para muchos inversores asumir un riesgo prudente: un negocio respaldado por el enorme apetito global por la energía, que pagaba en buenos términos y que contaba con el siempre tranquilizador respaldo del Estado mexicano. Pero luego llegó la rebaja de la calificación crediticia por parte de Fitch y las medidas paliativas del gobierno. El resultado de todos estos factores ha sido una reducción de la confianza en la mayor empresa pública mexicana.

A los factores achacables al declinante negocio de Pemex se sumó una decisión política que ha inoculado una dosis adicional de incertidumbre: la anulación de la construcción del nuevo aeropuerto de Ciudad de México en una polémica consulta auspiciada por el nuevo Ejecutivo en octubre, cuando todavía estaba en funciones. "Después de la cancelación, mucha gente se ha dado cuenta de que el gobierno está dispuesto a asumir riesgos económicos para alcanzar su proyecto político", apunta Gonzalo Monroy, consultor en energía y director de GMEC. La disputa entre el presidente y los reguladores sumó a las dudas en el imaginario colectivo de los inversores.

López Obrador ha situado a la petrolera como el pilar de la riqueza energética de México. "Para apoyar a Pemex no hay límites: es una empresa estratégica, que fue muy maltratada (por decir lo menos), que fue saqueada, sobre todo en este período neoliberal", ha llegado a decir el presidente. Una opinión que refrenda Alicia Puyana, profesora de Flacso, que cree que décadas de corrupción y renta petrolera -aportes al erario- demasiado alta y destinada a gasto corriente ha vaciado las arcas de Pemex y frenado proyectos de inversión. "Así, ninguna empresa puede funcionar", enfatiza.

El presidente y su equipo enfrentan una compleja disyuntiva: inyectar más dinero en Pemex, posibilitando un incremento de la producción a costa de arriesgar la salud futura de las finanzas públicas -hoy saneadas, pero con un margen fiscal siempre limitado y con las calificadoras al acecho- o tratar de que sea la petrolera estatal la que salga del atolladero por sus propios medios, endeudándose más y exponiéndose a una casi segura rebaja crediticia.

"El problema es que cualquier ayuda que el Estado le dé a Pemex tiene un impacto en el balance fiscal federal y, a la vez, si no se la da, la empresa está en problemas", dice Petersen, de Eurasia. Ese es el laberinto de la petrolera pública mexicana. "Pemex es demasiado grande para caer", apunta Ernesto Revilla, economista jefe de Citi para América Latina, en un informe firmado por otros cinco analistas de la entidad financiera.

Si el gobierno mexicano opta por utilizar recursos públicos para reflotar la petrolera, la inyección "llevará a una degradación de la calificación del [bono] soberano", opinan Gabriel Lozano y Steven Palacio, del banco de inversión JP Morgan. Ante esta compleja elección, Petersen abre una tercera vía: que el Estado ponga dinero para solucionar lo más inmediato y, a la vez, que la petrolera siga explotando la vía de los acuerdos con socios privados -una opción por la que ya se ha optado en los últimos años- para compartir riesgos en la fase de prospección y puesta en producción de nuevos pozos. "Pero por los antecedentes y las palabras más recientes de López Obrador, no parece que vaya a ir por ahí", cierra el analista de Eurasia.

En el diagnóstico hay acuerdo: Pemex tiene que dejar atrás el rumbo errático -solo corregido en el tramo final del sexenio pasado-, pero la receta del Ejecutivo mexicano difiere de la que ponen encima de la mesa los analistas consultados. Mientras que en Ciudad de México se opta por destinar dinero a nuevas refinerías para conseguir la autosuficiencia, las principales casas de análisis ponen el foco en la exploración y producción de crudo, las actividades más rentables en el ecosistema petrolero. Hay un precedente, muy cercano y nada halagüeño, de inversiones equivocadas en Pemex: la administración de Enrique Peña Nieto dedicó sus últimos años a reducir las pérdidas por la refinación de hidrocarburos y apostó por los fertilizantes, una apuesta fallida que granjeó pérdidas por US$665 millones, según un informe de la Auditoría Superior de la Federación, que considera esa apuesta una "pérdida de valor" para la empresa.

La visión de López Obrador a favor de la inversión en refinerías entra en contradicción con las condiciones actuales de la petrolera: en sus cuentas de resultado ya no hay margen para que la inversión no produzca ganancias. "Se va a construir una refinería que no se necesita y lo más probable es un escenario de poca producción", explica Monroy. "No debería aumentar la inversión en este tipo de proyectos, dadas las cuantiosas pérdidas históricas de la actividad", agregan desde el servicio de estudios del BBVA. "Pemex debería enfocarse en lo que hace muy bien y donde hace dinero, que es la exploración y producción de petróleo; todo lo demás hay que reformarlo", remata Duncan Wood, director del Instituto de México del Wilson Center.