“Si esto que pasa en Tres de Febrero hubiese ocurrido en Quilmes, Mayra Mendoza sería la jefa de la banda narco”, fue un comentario repetido hasta el hartazgo tras el mediático caso de la cocaína adulterada en Puerta 8, que ocasionó más de una veintena de muertes.

El hecho ocurrido en el corazón del Conurbano dio lugar a que, especialmente en las impiadosas redes sociales, se apunte al actual intendente de este distrito, Diego Valenzuela (PRO), cuando ni él ni, por caso, la camporista quilmeña, pueden ser señalados como responsables del narcotráfico en sus comunas.

Horas después del hecho, el alcalde de Juntos se puso en contacto con el ministro de Seguridad, Sergio Berni, para coordinar acciones de acompañamiento a las familias de las víctimas. Y es que, en verdad, poco más pueden hacer los intendentes ante casos vinculados al consumo o tráfico de estupefacientes.

Tras las impactantes imágenes de adictos ingresando a los hospitales al borde de la muerte volvió a aparecer uno de los juegos preferidos de los argentinos, el de buscar responsables,

culpables y tirar la pelota al techo del vecino. Que la Federal, que la Bonaerense, que los jueces, que los políticos, que el intendente… alguien debe tener la culpa.

Así, la grieta se volvió a ensanchar con dirigentes opositores acusando al oficialismo de no hacer nada para combatir el narcotráfico y disputas numerológicas y estadísticas sobre la eficacia de este Gobierno o el anterior para poner freno a las bandas narco.

En ese contexto se comenzó a mirar hacia los jefes comunales, los que están en la primera línea, los que atienden el mostrador de los reclamos populares. Sin embargo, desde la Bonaerense creen que sus alcances son limitados. “¿Un intendente va a estar atrás de la

detención de un narco? Obviamente que no, no tiene nada que ver”, indicó una alta fuente policial.

“Pero puede estar detrás de muchos abordajes, a nivel local, como puede ser el de la prevención de las adicciones, a través de acciones educativas, o la apertura de las calles para

facilitar el abordaje o una intervención policial”, añadió.

Y agregó otras acciones que podrían aportar al duro combate, como iluminar los lugares públicos, ya que la oscuridad es propicia para la comisión de cierto tipo de delitos.

Por su parte, del lado de los intendentes se escuchan sus quejas sobre cómo afecta la inseguridad a los vecinos y la vinculación que en muchos casos aparece con el narcotráfico. Desde su trinchera enumeran una serie de dificultades que se les presentan en un contexto en el que la cadena de responsabilidades es clara.

“Hay una lectura generalizada de que no es bueno que haya poca relación entre intendentes y

el Ministerio de Seguridad de la Provincia”, expresaron desde el riñón de un municipio del Gran Buenos Aires.

Al mismo tiempo caracterizaron que “hay un vínculo roto” entre las partes, y reclamaron estar a la altura de “una de las preocupaciones más importantes” que tiene la sociedad. En esa línea, y en busca de una explicación ante la dificultad expresada, consideraron que “es bastante difícil de explicar esto porque no les sirve al ministro ni a los municipios”.

Asimismo afirmaron que “Nación colabora, pero Provincia, nada”. Un tiro por elevación hacia la gestión del Gobernador, Axel Kicillof

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En tanto, desde la Gobernación bonaerense, en pleno estallido por la cocaína adulterada, inflaron el pecho ante el operativo de contención implementado y manifestaron: “Creemos que se actuó rápida y certeramente. Permitió un estado de alerta que ayudó a contener la situación en materia sanitaria y policial”. No obstante, tras destacar el accionar, pusieron el foco en la forma en la que actúa la Justicia.

De hecho, desde los pasillos de calle 6 trascendieron voces críticas; detallaron que “la policía estaba esperando desde noviembre la orden de allanamiento” y lanzaron que “dormía en el

cajón de la fiscalía”. Además remarcaron que “reaccionaron tarde” desde los tribunales. Sin dudas, otra dificultad que se suma entre quienes deben garantizar la resolución de problemas.

Bajo estas circunstancias, el narcotráfico avanza y golpea de lleno en amplias capas de la población bonaerense. A las denuncias de complicidad y connivencia entre el Estado y quienes desarrollan la práctica delictiva que provoca serias consecuencias, también se agregan las dificultades que se presentan en el cotidiano entre los diferentes actores en todos los niveles.

El dilema de los intendentes que comandan los municipios es cada vez mayor. Las consecuencias no se pueden esconder y la situación requiere de una respuesta integral y urgente de todos los estamentos estatales.

El “alcance limitado” de los municipios bonaerenses

El alcalde de Tigre, Julio Zamora, dialogó con La Tecla sobre el fenómeno del narcotráfico en los distritos. En ese sentido manifestó que “el impacto es en el índice de violencias y en la problemática de adicciones, principalmente en los jóvenes”.

En cuanto a los alcances y limitaciones que tienen las comunas respondió que “el municipio

colabora desde el punto de vista logístico, con el sistema de protección ciudadana, aportando al sistema de seguridad pública provincial 2.000 cámaras de seguridad, móviles, dispositivos tecnológicos como el ‘Alerta Tigre’, donde existen más de 60.000 vecinos conectados, tótems de seguridad en espacios públicos, etcétera. El alcance es limitado, por cuanto la

competencia en materia de narcotráfico es federal”.

Sobre la articulación con Provincia y Nación expresó: “Tenemos una muy buena articulación, principalmente con la policía de la provincia de Buenos Aires, y también con Prefectura Nacional, que protege nuestros ríos y costas”.

De la Justicia opinó que “cumple su rol específico, instruyendo distintas medidas probatorias y juzgando a los delincuentes”. Además evaluó la intervención de la policía y afirmó que “a partir del año pasado, con la recomposición salarial y aumento sustancial de equipamiento, se vieron avances significativos. Creo que se debe profundizar la capacitación de agentes y seguir invirtiendo en equipamiento”.

Zamora remarcó que “los municipios ayudan desde la infraestructura y, también, desde la prevención. Tenemos un complejo y diverso sistema de prevención en materia de salud, con 23 Centros de Atención Primaria, 17 polideportivos con pileta climatizada, actividades culturales y otras para los jóvenes que pretenden desalentar la incursión en el mundo de

las drogas”.

Conurbano caliente: “Lo más complicado es el delito en el barrio”

En declaraciones a La Tecla, Martín Slobodian, secretario de Seguridad de Ensenada, dijo que “en los barrios impacta cómo el adicto consigue el dinero para poder pagar la droga, y

sobre todo cuando son menores de edad. La única forma que tienen es cometiendo delitos”. Luego contó que “están los famosos punteros del barrio, pero en general no causan conflicto;

el problema es cuando empiezan a disputar el territorio”. A su vez dijo que “la policía se autofinancia, prácticamente; los municipios tenemos que colaborar con mucho dinero

para que puedan funcionar. La Provincia pone muy poco”. También detalló que “aportamos información porque conocemos el territorio”, y “coordinamos con otros municipios, nos separa o nos une una calle. Hemos hecho tareas en conjunto con Berisso y La Plata”.

Por el lado de Juntos, el alcalde de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, en medio del conflicto en Puerta 8 puso a “disposición las herramientas municipales y coordinaron trabajar en conjunto” con el Ministerio de Seguridad. No obstante, a través de las redes sociales, aclaró

que “no es una tarea municipal” entrarle de lleno a la pelea contra las drogas y que “cada

denuncia que llega la trabajamos y la enviamos a donde corresponde”.

En tanto, su par de Lanús, Néstor Grindetti, dijo que entre 2015 y 2019 “hubo una política decidida y comprometida de lucha contra el narcotráfico”. Entonces consideró que “hoy vemos falta de coordinación, no hay un plan serio y consistente en materia de seguridad,

sumado a la suelta de delincuentes con la excusa del COVID-19. Los narcos volvieron a los

barrios más humildes y tenemos que arrancar de cero”.

Competencia

Varios intendentes fueron contactados por La Tecla para dialogar sobre el impacto

del narcotráfico, y muchos prefirieron no hablar por cuestiones de competencia

“En el interior de la Provincia no tenemos ese tipo de bandas”

El intendente de Chacabuco, Víctor Aiola, aseguró que “siempre se pueden aportar cosas desde los municipios, aunque por ahí uno no tiene el poder suficiente para luchar contra

ese tipo de organizaciones, que tienen una forma de actuar que son muy complejas”. El alcalde radical indicó que “desde los distritos podemos colaborar, por ejemplo haciendo prevención, educando a los jóvenes. También llevando nuestras inquietudes a la Provincia, al Ministerio de Seguridad, con las cuestiones que nos preocupan”.

En ese sentido señaló que “el ministro (de Seguridad provincial, Sergio) Berni vino dos veces a Chacabuco, nos escuchó; pero por ahí necesitamos cosas puntuales, con más efectivos, móviles; incluso acá había una delegación de Narcotráfico, pero la trasladaron a Junín. Si es policía especializada y con experiencia en ciudades grandes, por ahí se puede trabajar más rápidamente”. Además consideró que desde las comunas también se puede “tratar de acompañar en la contención de los adictos y su grupo, porque sabemos de la angustia que pasa una familia cuando tiene a alguien en las adicciones”. Por otra parte agregó que “a través de nuestros legisladores vamos a impulsar la reforma de la Ley de Salud Mental, porque alguien que consume muchas veces no está en condiciones de decidir su internación, y con la legislación actual se necesita su consentimiento”.

Por último, el alcalde boina blanca evaluó que “en los distritos del interior de la Provincia no tenemos ese tipo de bandas como en el Conurbano; uno supone, por lo que ve y escucha, que el de las adicciones es un tema que aumenta y que no respeta interior ni Conurbano”.

La provincia de Buenos Aires y la desfederalización

En el año 2005, con Felipe Solá como Gobernador, la provincia de Buenos Aires impulsó la llamada “desfederalización” de los delitos de menor cuantía previstos en la Ley 23.737, de

1989. El eje central de la norma implicó una parcialización de la competencia para investigar y juzgar algunas de las conductas delictivas allí previstas, entre ellas las que tuvieron que ver con el tráfico de estupefacientes.

“Más de lo que hacemos hoy no podemos hacer, o muy poco”

“Más de lo que hacemos hoy no podemos hacer, o muy poco, solo colaborar con recursos”, afirmó el jefe comunal de Olavarría, Ezequiel Galli. El intendente del PRO agregó que

“dentro de las tasas municipales tenemos la de Seguridad, que no alcanza para cubrir lo que gastamos, pero es algo. Ponemos para arreglo de patrulleros, combustible, cubiertas, y además ponemos a disposición Control Urbano, las cámaras de seguridad; y así hemos podido detectar cuestiones que tienen que ver con el tráfico de estupefacientes y las pusimos a disposición de la fiscalía. Con estas cámaras pudimos desarticular bandas, pero no tenemos otra injerencia”.

Acerca de los problemas de narcotráfico en ciudades grandes del interior, Galli señaló: “Siempre hablamos con Cristian Ritondo que las ciudades de más de 70.000 habitantes empiezan a tener mayores complejidades, y la del narcotráfico es una. No es la realidad del

Conurbano, pero tenemos más de 130.000 habitantes, y es complejo”.

Finalmente dijo que “en sectores como el Conurbano el narcotráfico ha avanzado mucho. Se ha recuperado en lugares que, durante la gestión anterior, había retrocedido por la gestión de Vidal y Ritondo”.