Tanto desde el ministerio de Economía como desde el Banco Central aclararon que no permitirán que se atrase el tipo de cambio. Sin embargo, la intervención para lograrlo puede jugar en contra del proceso de desinflación que se busca para los próximos meses
Por Pablo Wende
En su primer encuentro como ministro de Economía ante la Unión Industrial Argentina, Luis Caputo aseguró que uno de los objetivos será mantener un tipo de cambio alto y competitivo. La idea es fomentar las exportaciones y al mismo tiempo que ese dólar elevado actúe como una barrera natural para las importaciones. El razonamiento para un país que precisa que de manera urgente el Banco Central recomponga reservas es impecable, salvo por un detalle: este plan podría atentar contra otro de los grandes objetivos declarados por el Gobierno, que es bajar la inflación.
El dólar a $800 estipulado por Economía la semana pasada representa el tipo de cambio real más alto que tuvo la Argentina desde la devaluación de 2002, cuando el estallido de la convertibilidad llevó la cotización de 1 a 4 pesos en cuestión de tres meses.
Ramiro Castiñeira, director de Econométrica, consideró que desde aquella crisis “nunca fue más conveniente exportar y nunca fue más caro importar”. Su estimación es que el superávit comercial ascenderá en 2024 a USD 20.000 millones. Otros como el IERAL, de la Fundación Mediterránea, proyecta que incluso podría llegar a cifras más altas, acercándose a los USD 25.000 millones.
Caputo dejó en claro en el encuentro con industriales que el dólar oficial se irá adecuando y que el esquema de ajuste al 2% mensual es algo totalmente transitorio. Incluso se dejó trascender que ya el mes que viene ese “crawling peg” podría acelerarse hasta niveles parecidos a la tasa de interés que hoy maneja el propio Banco Central como parte de su política monetaria. Ese rendimiento de los pases pasivos supera levemente el 8% mensual.
El objetivo ya declarado es no caer en un nuevo episodio de atraso cambiario, como suele suceder en la Argentina. Incluso la gestión al frente de la cartera económica de Sergio Massa abusó del tipo de cambio oficial bajo como una política para contener la inflación, pero sin resultados favorables.
La teoría es que la posibilidad que tienen los importadores de acceder a divisas baratas debería ayudar a la contención de los costos (por el abaratamiento en moneda dura de los insumos para la producción que se compran en el exterior). Pero en la práctica estuvo lejos de funcionar, ante la creciente escasez de divisas, la incertidumbre del costo de reposición y la proyección de una futura devaluación, que finalmente llegó.
El BCRA ya comenzó a acumular reservas, pero a costa de un freno casi total a las importaciones. Para adelante se espera que la futura cosecha de soja y un tipo de cambio alto deriven en un superávit comercial superior a los USD 20.000 millones, que permitirá recuperar reservas a lo largo de 2024
El compromiso de mantener la competitividad cambiaria, sin embargo, podría afectar la batalla contra la inflación que está dispuesto a dar el nuevo Gobierno. El ajuste progresivo del dólar oficial tendría un traspaso a precios, lo que demoraría el proceso de desinflación.
Además, implicaría una suerte de compromiso implícito por parte del Banco Central de comprar dólares para sostener una determinada paridad cambiaria y evitar que el dólar se atrase.
Uno de los casos más emblemáticos en ese sentido fue durante la gestión de Roberto Lavagna como ministro y Alfonso Prat-Gay al frente del Central, luego reemplazado por Martín Redrado. En aquel momento se optó por salir a sostener una paridad cambiaria para evitar que se atrase la cotización, lo que requirió de una fuerte emisión monetaria para salir a comprar los dólares que ingresaban. Pero el resultado terminó siendo una escalada gradual de la inflación, que tocó los dos dígitos anuales en 2007 y ya nunca más cayó.
El equipo económico deberá enfrentar pronto este dilema, porque comprometer un tipo de cambio alto no resulta inocuo en medio del combate contra la inflación. Claro que toda la energía del Gobierno está puesta en llegar lo antes posible al equilibrio fiscal y eliminar de plano la emisión, al menos para financiar los déficit crónicos del Tesoro.
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