Hace una semana, en el Senado no descartaban que antes de finalizado abril hubiera otra sesión ordinaria (la segunda del año) en la que se votarían los directores del Banco Provincia que faltan y los adjuntos de la Defensoría del Pueblo que le corresponden a la oposición. También se mencionó la posibilidad de avanzar con el nombramiento del oficialista Federico Thea al frente del Tribunal de Cuentas, a partir de una modificación de la ley que regula a ese organismo de control, tal como anticipó oportunamente La Tecla.

Pero no habrá sesión esta semana y el debate en la Cámara alta se produciría la semana que viene, con lo que llegue de la sesión de mañana en Diputados y con el nombramiento de los directores y de los adjuntos. Pero para ello, Juntos deberá cerrar una discusión interna abierta por las sillas en la Defensoría del Pueblo. Más precisamente, esa disputa se da entre distintos sectores del Pro. 

En lo que respecta a los tres directores del Banco Provincia que se le dejaron a la oposición, luego de varias discusiones Juntos fumó la pipa de la paz. Uno de los que será avalado es el exlegislador provincial y nacional Carlos Fernández, hombre fuerte del radicalismo bonaerense vinculado al intendente de Tandil, Miguel Lunghi. Otro es  Bruno Screnci, exministro de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quien llega al Bapro a pedido de Diego Santilli. La tercera silla, que se discutió largamente, quedó confirmada para el exdiputado Santiago Nardelli, apadrinado por el intendente de Bahía Blanca, Héctor Gay, y la senadora bahiense Nidia Moirano.

Nardelli ganó la pulseada que había con el exalcalde de Morón, Ramiro Tagliaferro. Una de las razones es que el espacio que garantizó la votación para la reelección de los intendentes reclamó el lugar por encima del sector que se oponía y estaba encabezado por María Eugenia Vidal.

Pese a que el bloque de Juntos en el Senado quiere que los directores del Banco Provincia sean aprobados en la próxima sesión, pase lo que pase con los lugares a definir en la Defensoría del Pueblo, la tensión interna hace que si no está todo el paquete cerrado no habrá designaciones. 

Quedan tres vacantes por rellenar en la Defensoría:  Un Defensor Adjunto General, el Defensor Adjunto de Derechos Humanos y Usuarios de Servicios de Salud, y el Defensor Adjunto de Medio Ambiente y Asociaciones Civiles. Tanto el Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino, como las otras cuatro Defensorías Adjuntas fueron votadas por ambas Cámaras en los últimos días de diciembre de 2021, cuando se le hicieron modificaciones a ley 13.834.

Uno de esos lugares es para el radicalismo, y el designado será Marcelo Honores, cuyo mandato en el organismo venció y ahora lo renovará, posiblemente para ocupar la Defensoría Adjunta General (la otra la tiene Walter Martello, quien también continúa de la gestión anterior). Pero el Pro no logra cerrar el acuerdo interno por los otros dos lugares. Mientras la Coalición Cívica presiona para tener una silla, tres sectores amarillos compiten por esos dos puestos.

Por un lado, Mauricio Macri pidió que se la tenga en cuenta a la exdiputada por La Plata Carolina Barros Schelotto. También Cristian Ritondo y el vidalismo pugnan por un puesto en la Defensoría. El elegido del grupo es Luciano Gómez Alvariño, actual concejal en Esteban Echeverría. Por su parte, Patricia Bullrich reclama un espacio para Pablo Walter, uno de los hombres fuertes del partido.

Muchos se sorprenden con la posibilidad de que Walter, quien vive en Tigre, recale en la Defensoría, cuando su ascendencia en el espacio es amplia, y quedó apenas afuera del Congreso nacional en la elección porteña. El dirigente, que fue concejal y legislador provincial en Tucumán, provincia a la que representó en el Senado de la Nación, es quien primeramente se quedó con el sello de Fuerza Republicana y, más tarde, capturó el sello de Recrear, partido que había creado con Ricardo López Murphy. El y esteban Bullrich tienen una amistad desde hace muchos años, siempre fue su operador político y ahora arma para Patricia Bullrich.

Lo que quedaría para discutir entre oficialismo y oposición es la resolución del pliego del Presidente del Tribunal de Cuentas, que Axel Kicillof quiere que sea para su exsecretario General, Federico Thea. Como señaló La Tecla, se estudia la posibilidad de modificar la ley que regula al Tribunal, con el objeto de recortar atribuciones del titular y darle más juego a los cuatro vocales que completan el directorio del organismo de control.

Hay quienes afirman que el acuerdo para el nombramiento de Thea se dará en el marco de las negociaciones por los tres jueces que se deben nombrar en la Suprema Corte. Otros, en cambio, le sacan responsabilidades por la demora a la oposición y afirman, con picardía que “si lo de Thea no avanza hat que preguntar en el Ejecutivo, no todos quieren que ese pliego salga”. Apuntan a la interna en el oficialismo.

Por lo pronto, la oposición tiene en sus manos sillas disponibles, pero todavía le quedan resolver cuitas propias antes de cerrar un paquete que convenza a todos y que termine de una vez por todas con una larga espera por completar esos espacios.