Se lo acusa del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. “Siempre obré ajustado a derecho y a mis convicciones. Estimo que todo esto responde a alguna confusión en términos de cómo fueron adoptadas algunas resoluciones”, señaló al dejar el edificio de tribunales federales acompañado por su abogado, Raúl Martínez Aráoz.

Esta fue la primera de las seis indagatorias con las que la justicia tratará de desentrañar cuál fue el destino y cómo se utilizaron los fondos que la UNT recibió de la empresa interestatal, YMAD, entre 2006 y 2009. Más de $353 millones, cuyo manejo, según los investigadores, no fue claro. Hay una auditoría realizada por la Sindicatura General de la Nación (Sigen) que detalló que hubo sobreprecios en las obras (hasta un 194%) y que la UNT se apartó del régimen de contrataciones que establece la Ley de Obras Públicas, entre otras irregularidades.

En seis años, la causa fue ampliándose y sumando pruebas e imputados. También se investiga qué sucedió con los intereses ganados por el depósito de fondos en entidades financieras, algunas de tercera y cuarta línea, conocidas como “cuevas”. Todo esto es solo una parte de la causa.

“Yo no tenía injerencia ni razón para sospechar de nada”, explicó Reimundín, quien dijo que se comprometió ante el juez en enviarle pruebas documentales. “Tienen que ver cómo se llevó adelante la tramitación de las resoluciones que fueron luego cuestionadas y que son las que llevan mi firma acompañando a la del rector Cerisola”, precisó.

Su indagatoria apuntó a lo vinculado con las resoluciones que dieron pie al régimen especial de contrataciones que utilizó la UNT para la aplicación de los fondos de YMAD. “Por supuesto que sabía que era un régimen nuevo porque se hizo con dictamen de Asuntos Jurídicos No vi ninguna irregularidad”, reconoció.

Reimundín no disimuló su consternación al verse implicado en una causa por malversación de fondos públicos. “No es agradable para alguien que ha dedicado una vida y se ha regido bajo estrictas normas de conducta”, dijo. Reimundín fue decano y vicedecano de la Facultad de Ciencias Exactas. En 2013 fue reconocido como profesor emérito de la UNT e integró la Comisión de Honor del Centenario que organizó los festejos por los 100 años de la universidad, en 2014.

“No puedo decir que pequé de ingenuo o confiado porque siempre obré de acuerdo a mi entender. No creo haber sido utilizado en esto”, agregó.

Este martes será el turno de declarar de Olga Cudmani, ex directora de la Dirección General de Construcciones Universitarias. Un área que por decisión de Cerisola pasó a depender directamente de él en 2008. Cudmani es la única del grupo de imputados que hasta el día de hoy continúa con un cargo en la UNT. Se desempeña en el área de Extensión Universitaria.

El miércoles deberá declarar Horacio Alfredo Lobo, arquitecto y ex inspector de obra. Con él cierra la semana. A partir de la próxima deberán presentarse: Osvaldo Venturino, ex director de Inversiones y Contrataciones; Luis Sacca, ex subsecretario de Políticas Administrativas y ex diputado nacional por la UCR y Juan Alberto Cerisola, ex rector de la UNT entre 2006 y 2014.

Pedirán que la UNT se involucre

Desde las 17 el Consejo Superior de la UNT se reunirá en una sesión extraordinaria. Allí se le comunicará oficialmente a la rectora, Alicia Bardón, el dictamen aprobado por mayoría durante la reunión de las tres comisiones que integran el HCS. La decisión fue que la UNT participe como querellante en la causa que se investiga en la justicia federal.