“Suena mucho menos el teléfono que el año pasado”, dice optimista el ministro de Economía bonaerense, Alejandro Arlía, a la hora de hablar de los pedidos de fondos de los intendentes, muchos de los cuales cerraron el primer semestre del año, como estaba planificado por ellos, con un acuciante rojo que genera incertidumbre para el resto del año.
Los números crudos indican que los ingresos provinciales totalizaron en el primer semestre de este año los 12.253 millones de pesos, lo que representa una suba del 21 por ciento en relación con el mismo período de 2009. Dicen, además, que hacia fin de julio se coparticipó a los municipios 880 millones de pesos más que en igual período del año pasado, mientras que el incremento respecto de lo presupuestado es de 380 millones de pesos. “Estimamos que a diciembre vamos a llegar con unos 600 millones de pesos extra a lo que estipulábamos desde el Gobierno”, señala Arlía en diálogo con DIB.
Sin embargo, esos números para algunos intendentes no alcanzan. Un repaso que hizo esta agencia por diferentes comunas del interior marca que más de la mitad terminaron con déficit en los primeros seis meses y que necesitarán fondos extra para afrontar aumentos salariales prometidos debido a que tienen fuerte oposición al aumento de tasas. Frente a este panorama, y aunque suene menos el teléfono, el Ejecutivo incrementó las reuniones con los intendentes en las últimas semanas y buscó llevar tranquilidad con algunos anuncios.
Prometió unos 600 millones de pesos de mayores recursos coparticipadles, condonó deudas por obras del SPAR por un valor similar, creará un Fondo de Fortalecimiento de los Servicios Municipales por 500 millones y avanzará en un Fondo del Desendeudamiento Municipal por otros 600 millones de pesos. Estos dos últimos puntos, todavía con avances disímiles. Según Arlía, esta semana el gobernador Daniel Scioli firmará el decreto por el cual creará el programa para aliviar las deudas que tienen los municipios con la Provincia, y su implementación final estará en “60 ó 90 días”.
El otro ítem, que genera algo de ruido, es el de Fondo de Fortalecimiento de los Servicios Municipales, que será debatido en la Legislatura. De los 500 millones de pesos prometidos, 100 irán destinados a las catorce comunas integrantes de la Cuenca Matanza-Riachuelo. De los 400 millones restantes, el 90 por ciento se dividirá en relación directa a la cantidad de población en condición de necesidades básicas insatisfechas (NBI), y el 10 por ciento en proporción a la superficie del partido. Este reparto beneficiará sin duda a los caudillos del conurbano, por lo que genera ruido entre los legisladores que tendrán que tratar el proyecto. Por eso desde el Gobierno se apuraron en reunirse con los intendentes, para que puedan “calmar” y “convencer” a sus representantes parlamentarios de lo importante del paquete de 2.300 millones en su conjunto que la Provincia pone en juego.
INCERTIDUMBRE
El caso paradigmático de déficit es Pinamar. Según reconoce el intendente Blas Altieri, que asumió luego de triunfar en las elecciones de marzo que se realizaron para completar el mandato del destituido Roberto Porreti, cuando dejó su cargo en 2007 el “rojo” era de 7 millones, pero ahora asciende a 17 millones. La idea allí es elevar, en forma paulatina, la alícuota de las tasas municipales o crear nuevos tributos. Y hasta un concejal justicialista propuso, en las últimas horas, cobrarle un impuesto a las 4x4. También comunas como Coronel Suárez, Tres arroyos, Bragado y 9 de Julio, son algunos de los municipios que reconocen cuentas en rojo, mientras que otros esperan ilusionados el segundo semestre para hacer el balance final, aunque ya vislumbran el cómo terminará la película. Es que la mayoría postergó para después del aguinaldo un aumento en los salarios, que consumen más de la mitad del total del presupuesto anual.
El jefe comunal de Coronel Suárez, Ricardo Móccero (vecinalista), dice que arrastran un déficit de entre 2,5 y 3 millones de pesos. Y si bien reconoce que con la ayuda oficial puede trazarse en panorama alentador, advierte que el 10 por ciento de suba salarial que dio este mes complica los números. Algo similar pasa en 9 de Julio, que otorgarán en agosto un aumento a los empleados de 7 por ciento. “El 50 por ciento del Presupuesto se va en salarios y cada mes a la hora de pagar sueldos hay ahogo porque la recaudación es más lenta que la erogación de pagos”, destaca el secretario Hacienda radical, Hugo Conca.
Mientras que en Bragado (gobierno oficialista), de enero a junio, los egresos superaron a los ingresos en algo más de 3 millones de pesos, Tres Arroyos (vecinalista), que tiene un presupuesto de 90 millones, posee un déficit de 4 millones, por lo que el intendente consultará al Concejo Deliberante sobre la creación de una tasa de salud. También en Ramallo, donde administra el radical Ariel Santalla, la situación es compleja. “Se complicó mucho el pago de aguinaldo y lo tuvimos que abonar más tarde de lo previsto para evitar el ahogo financiero”, cuenta a DIB el intendente. Y agrega que tiene pensado dar otro aumento salarial (ya subió el 15 por ciento) pero existen grandes problemas con la recaudación local y una aumento a los trabajadores incide mucho en el presupuesto ya que el 63 por ciento del total va a sueldos.
SALRIOS Y TASAS EN LA MIRA
En Pergamino, ciudad del norte, con 85 mil habitantes y 1.050 trabajadores municipales, llevan gastado el 54 por ciento de lo presupuestado y vaticinan un fin de año complejo. “En mis 10 años de gestión siempre cerré el balance con superávit, aunque los últimos dos la situación se complicó. Creo que este año puede cerrar con algo de déficit por primera vez”, reconoce en diálogo con esta agencia el cobista Héctor Gutiérrez, quien apuntará a la morosidad para otorgar una nueva suba salarial del 9 por ciento el próximo mes. “Hay mucho retraso en la tasa de red vial, por la que se adeudan 7 millones de pesos”, dice.
El intendente de Lincoln, Jorge Fernández (FpV) ya otorgó una suba a sus trabajadores del 15 por ciento, y aunque el pedido había sido mayor reconoce que “no estamos en condiciones de aumentar en este momento los sueldos”. Si bien pretendía incrementar la tasa de caminos rurales un 20 por ciento, no alcanzó a subirla un 10 por el malestar que se generó. “Para andar bien la tasa por los caminos que hoy está en 14 pesos habría que llevarla a 40”, agrega.
Desde Necochea, el jefe comunal Daniel Molina considera que se complicará la situación en el segundo semestre, debido a la inflación, aumento de suministros y de salarios. “Propuse debatir en agosto suba de todas las tasas urbanas un 30 por ciento, ya que no se tocan desde 2007. El municipio está atado a la suba de tasas y la recaudación”, cuenta el radical.
La situación salarial e impositiva se repite a lo largo de la mayoría de los 134 distritos. En Cañuelas ya pudieron ajustar las tasas entre el 30 y el 150 por ciento; en Coronel Dorrego, el intendente Fabián Zorzano está en plena puja salarial con los municipales, que reclaman una suba del 30 por ciento. Y algo similar ocurre en Coronel Rosales, donde el mandamás Néstor Starc asegura que necesita más plata de coparticipación para mejorar finanzas.
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