Dos de los diputados radicales que integran la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde el miércoles se debatirán los proyectos oficialistas para expulsar de su banca a Julio De Vido por "inhabilidad moral", adelantaron su rechazo al planteo. Ricardo Alfonsín y Carla Carrizo, del sector más crítico hacia la alianza con el macrismo, se inclinaron hoy por una postura cercana a las del massismo, que consiste en pedir informes a la Justicia sobre las múltiples causas contra el ex ministro kirchnerista, para analizar si corresponde retirarle temporariamente los fueros hasta que se lo juzgue.

Las diferencias serán discutidas el martes en la reunión del interbloque, que se prevé tensa. Podrían sumarse otras voces disidentes del radicalismo y hasta el macrismo. Cambiemos cuenta con 14 de los 34 miembros de la comisión y sin los dos disidentes se le haría complicado sostener la postura de las autoridades del interbloque que reúne a la UCR, el PRO, la Coalición Cívica y aliados, por lo que estaría obligada a mantener una postura negociadora con el massismo y el bloque PJ de Diego Bossio.

Ricardo Alfonsín, diputado radical, rechaza la postura de su bloque sobre la situación de De Vido. Foto: Fernando de la Orden

"Sòlo pueden ser excluídos del Congreso por inhabilidad moral aquellas personas que hayan incurrido en delitos por causas posteriores a ka asunción del cargo" legislativo, sostuvo Alfonsín,

Diferencias en el oficialismo por el proyecto para expulsar a De Vido del Congreso

Carrizo le dijo a Clarín: "Discrepo con los proyectos presentados por otros diputados de Cambiemos en los últimos días para excluir a De Vido por inhabilidad moral, porque significa que no sabe distinguir entre el bien y el mal. En cambio, pedimos el desafuero por delitos contra la administración pública, y esto vamos a discutir el miércoles", en la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Los argumentos de los diputados radicales incluirán antecedentes de expulsiones a legisladores de esa fuerza durante los dos primeros gobiernos peronistas, en las décadas del 40 y el 50, que fueron revisadas por la Justicia.