El Gobierno está obligado por la ley del sector a revisar y autorizar o rechazar los aumentos que sugieren las empresas de medicina prepaga. La norma, producida en los años del kirchnerismo y votada por amplia mayoría por todo el arco político, se especulaba como un mecanismo para frenar el ritmo de los aumentos. Ocurrió lo contrario: desde que rige la norma (2012), hay al menos dos aumentos más por año y todo empeoró con el rebrote inflacionario. La dinámica desatada de los precios y la idea oficial de que el mercado ordene pusieron al sector a un nivel de aumentos que envidian sus pares y padecen mes a mes los casi 6 millones y medio de beneficiarios. Por medio de la Resolución 262, el Estado autorizó una suba del 8,5% para diciembre. En 2018, ya habían subido 4% en febrero, 7,5% en junio y en agosto y 8% en octubre. Si se toma año calendario, los aumentos totales rozan el 40%.

En este contexto, el rubro no parece tener intenciones de aflojar la cuerda y, junto a los bancos, se establece como una de las pocas actividades que reportan ganancias en medio de la crisis. Aunque es cierto pero secreto el dato de cuántos afiliados perdió en medio de la recesión (del total de 6,5 millones, sólo poco más de un millón son por voluntad propia y son los que caen), en el sector hacen fuerza por conseguir un diezmo simbólico.

“Estamos diez puntos debajo de la inflación médica”, contó a Letra P Miguel Blanco, presidente de Swiss Medical, uno de los dos gigantes nacionales de la actividad.

El empresario aclaró que “la suba del 4% de febrero correspondía al año anterior" y que "no es cierto"  que las empresas hayan "aumentado igual que la inflación". "Tenemos costos en dólares y son muchos, además de la inflación”, indicó.

El otro jugador de peso en un sector que tiene 100 mil empleados es Galeno, la empresa del quilmeño Julio Fraomeni. "Necesitamos tener una regulación que nos permita flotar más libremente. Nosotros somos un complemento, existimos por la ineficiencia del Estado”, le dijo al diario Ámbito Financiero Juan Funes, director comercial de la firma y reflejó la puja que inquieta a las prepagas: volver a manejar aumentos a piacere. En paralelo, el lobby del sector ante el Gobierno es el reclamo de que se regulen los eslabones medios de la cadena, que hoy tienen juego libre.

Fue un paso más allá Luis María Degrossi, presidente de ADEMP, una de las dos cámaras del sector, junto a CIMARA. En un editorial aseveró que “sería muy oportuno que las autoridades sanitarias, los miembros del Poder Legislativo y del Poder Judicial tomen –de una buena vez– conciencia de que no es sostenible mantener una política expansiva de los beneficios que se prometen en el Programa Médico Obligatorio (PMO) sin un correlato proporcional en el incremento de los recursos. La escasez que traerá aparejado el actual proceso de inestabilidad y estancamiento económico hará mucho más explícito este principio”.

El contexto de las tarifas altas produjo un dato objetivo que ya venía ocurriendo pero se hizo más fuerte: entre 2003 y 2018, el sector perdió más de 1,5 millón de afiliados. La mayoría son los que contratan individualmente y hoy pagan, por familia tipo, unos $9.000 promedio mensual. Los únicos que sostienen el sistema, hoy, son los afiliados corporativos o los que aportan vía obras sociales.

Los popes del sector han manejado por años un negocio que tiene una estructura inédita: se financia con la afiliación de jóvenes que, según sus propias estadísticas, casi no se atienden ni generan costos entre los 18 y los 25 años de edad. Después de los 30, les suben el abono y luego de los 40, aunque es ilegal, les dificultan la contratación o ponen abonos más elevados.

La crema del negocio les permitió a los grandes crecer en otros rubros: Swiss Medical compró aseguradoras a precio de oferta y hoy maneja, con Daniel Vila, el grupo periodístico América. Fraomeni, el cirujano que desde el conurbano creó un imperio comprando la vieja AMSA, tiene torre propia en Puerto Madero y compró hace relativamente poco la empresa crediticia Efectivo Sí. Fraomeni quedó en el ojo de la tormenta con la mala práxis que produjo la muerte de la periodista Débora Pérez Volpin, ocurrida en su clínica La Trinidad. Los dos grupos se metieron de lleno también en el negocio de las AFJP.

“Puede parecer que estamos bien, pero no es tan así: todos los sectores están en crisis”, dijo Blanco, de Swiss Medical, a Letra P. En este escenario, el rubro es uno de los que se opone firmemente a pagar el bono de fin de año. Confiesan en el sector que, en realidad, el problema no son los $5000 -algo que los propios empresarios admiten insuficiente para compensar la inflación-, sino la multiplicación por la cantidad de empleados, un síntoma similar que afecta a empleadores de envergadura, como los grandes supermercados, que son los cuartos mayores pagadores de impuestos.