El insólito hecho, que no registra antecedentes en la historia nacional, es la consecuencia del recurso de queja que presentaron ante la Corte los apoderados del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT) contra el fallo de la Cámara Nacional Electoral que dio como válido el escrutinio oficial de ese comicio realizado por la Junta Electoral Federal de Córdoba.

La alianza en cuestión impugnó un total de 2.160 urnas, exigiendo la apertura de las mismas ante la suposición de que el posterior recuento manual de votos podía revertir la asignación que se hizo de una banca a favor del radical Diego Mestre y en perjuicio de la aspirante del FIT, Liliana Olivero.

Fuentes cercanas a la Corte Suprema admitieron a LA MAÑANA que los ministros del más alto cuerpo judicial del país todavía ni se expidieron sobre la admisibilidad del recurso extraordinario de queja elevado por el FIT en contra de los fallos de la Cámara Nacional Electoral y de la Junta Electoral Federal de Córdoba.

Si la Corte rechaza la admisibilidad todo quedará definido pero si declara que el recurso debe analizarse, se abrirá un nuevo y extenso período de análisis para determinar si los fundamentos del FIT son válidos y las 2.160 urnas deben abrirse para ver por qué figuran tantos votos nulos en las planillas.

Los apoderados del FIT aseguran que hubo errores en el escrutinio y en los registros que firmaron los presidentes de mesas y que muchos de los sufragios anulados deberían computarse a esta fuerza. Confían entonces en cambiar la asignación que se hizo de esa novena banca de Córdoba en la Cámara de Diputados de la Nación.

Es válido recordar que en primera instancia la Junta Electoral Federal de Córdoba rechazó esa solicitud de abrir las urnas con el voto de los jueces Ricardo Bustos Fierro y Carlos García Allocco. Estos funcionarios judiciales consideraron válidos los telegramas con las planillas firmados por los presidentes de mesa y por fiscales de distintos partidos políticos. En cambio, Luis Rueda, tercer integrante de la Junta falló a favor de la postura del FIT.

Posteriormente intervino la Cámara Nacional Electoral que se expidió de la misma forma. Los jueces Alberto Dalla Via y Rodolfo Munné rechazaron la apelación de la izquierda. En cambio, el vocal Santiago Corcuera, votó a favor, con una postura similar a la del presidente de la Junta Electoral cordobesa, Luis Rueda.

Como el fallo en ambas instancias no fue unánime, los representantes del FIT obtuvieron de la Cámara el permiso para recurrir de manera extraordinaria ante la Corte Suprema de la Nación.

Bajo custodia

Teniendo en cuenta esta apelación, Luis Rueda dispuso mantener bajo custodia permanente no sólo las 2160 urnas impugnadas por el FIT sino también en una decisión bastante extraña, las restantes 5.826 en el subsuelo de Tribunales Federales.

Muchas de ellas ya presentan signos de deterioro por la humedad y por que están apìladas entre si. Las que fueron impugnadas están un sector y las restantes en otro cercano, claramente diferenciadas entre sí. 

Los operativos de vigilancia que realizaron hasta el viernes pasado efectivos del Ejército y ahora los de Policía Federal son permanentes y demandan un fuerte gasto de logística y alimentación.

Si la Corte Suprema demora más de un año su fallo surgirán graves problemas operativos puesto que en agosto del año próximo deben realizarse las Paso y en Tribunal Federales de Córdoba no hay más lugar para poner urnas. En consecuencia, habría que alquilar algún inmueble para reubicarlas.