Finalmente se confirmó a través del Boletín Oficial de ayer la designación como Defensora General de la Provincia de María Inés Diez en reemplazo de Luis Costas.

La exministra de Justicia fue una de las funcionarias que quedó fuera del Gabinete provincial tras los cambios que ensayó el mandatario salteño y, tal como lo había adelantado El Tribuno, Diez no quedaría afuera de la órbita del Estado provincial.

Pese a su gestión deslucida al frente de esa cartera, la dirigente que viene del PRS fue premiada con un cargo importante en la provincia, que, incluso, poco tiene que ver con el perfil que supo forjar la funcionaria renovadora.

Compete a la Defensoría General de la Provincia el asesoramiento jurídico gratuito de las personas de escasos recursos, en cumplimiento de la garantía constitucional. Igualmente ejercerá la defensa de quienes estuviesen ausentes o fuesen declarados tales, en toda clase de procedimientos judiciales o no judiciales, que entiende la inviolabilidad de la defensa de las personas y sus derechos.

Cabe recordar que pese a su fuerte formación en mediación y procesos de conciliación, la exministra dejó que desear en el resonante caso Yapura Alderete en el que la provincia se negó a pagarle la indemnización a la única sobreviviente y su intento de “conciliar” en esa situación fue casi nulo.

La vocación

Su designación no generó muchos adeptos en la Defensoría General. Su falta de vocación en la defensa pública encendió una luz de alarma en los defensores. “No es lo mismo la defensa que la acusación pública. Esta es una vocación que se tiene o no”, aseguraban semanas atrás algunos defensores al ser consultados por El Tribuno.

Diez, intentando mostrar su costado público, contradijo lo expuesto por algunos defensores en declaraciones radiales. “Es muy importante hacer hincapié en esto de poder acercarnos a todos los ciudadanos en situación vulnerable, con atención jurídica obviamente sin costo y un análisis de su situación. Pretendo ampliar el trabajo en contacto con la gente”, dijo.

Conocido su estrechísimo vínculo con el mandatario salteño, la funcionaria ratificó esa relación y advirtió que “el contacto con el gobernador es constante, fundamentalmente salir y recorrer toda la provincia con los defensores itinerantes uno se puede mover mucho más allá de aquellos lugares donde existen los centros de administración de la justicia, que son el Centro, Norte y Sur, aparte de las ampliaciones de Cafayate o J.V. González”.

Ahora resta por definir si la exministra revierte su accionar al frente de la cartera de Justicia y tiene una función tal como lo postula, “con los sectores más vulnerables de la provincia”.