Entre 2009 y 2019, bajo la gestión del PRO, el Gobierno porteño vendió aproximadamente 150 hectáreas de tierra de la Ciudad a través de 26 leyes que se sancionaron en la Legislatura. Al mismo tiempo, durante el mandato presidencial de Mauricio Macri (2015-2019), la Agencia de Bienes del Estado posibilitó la subasta de otras 78 hectáreas de tierras nacionales dentro del distrito a través de transferencias de suelo y acuerdos urbanísticos entre ambas jurisdicciones. La mayoría de las tierras fueron destinadas a desarrollos inmobiliarios de lujo. En la superficie de tierra desafectada de la Ciudad se podrían haber construido viviendas para 86.275 personas, teniendo en cuenta que el tamaño promedio de los hogares es de 2,4 integrantes, según datos del Censos. O, si se toma el tamaño promedio de los hogares en villas, que a 2019 era de 4,5 integrantes, se podrían haber desarrollado viviendas para 161.766 personas. O se podrían haber ampliado los espacios verdes de la ciudad en un 39,7 por ciento. La Legislatura porteña tratará hoy otro proyecto en este mismo sentido: implicará la privatización definitiva de un amplio sector de Costa Salguero para habilitar la construcción de un barrio premium con diez bloques de edificios.

Los datos surgen del informe “La década vendida. Política de suelo de las gestiones PRO en la Ciudad: enajenación de dominio público y negocios inmobiliarios”, elaborado por el legislador del Frente de Todos Matías Barroetaveña y su equipo de asesores de política urbana. El estudio se elaboró a partir de un relevamiento realizado durante los meses de agosto y septiembre de este año con relación a la cantidad de inmuebles autorizados a enajenar por las gestiones del PRO de la Ciudad y los que se autorizaron a subastar en su paso por el Estado Nacional.

El relevamiento señala que durante los años considerados, se desafectaron “prácticamente 150 hectáreas (149,7ha) en distintos tipos de bienes raíces, ya sean terrenos vacantes o inmuebles consolidados”. Que en la mayoría de los casos han sido para “el desarrollo de negocios inmobiliarios, aunque también existen casos de desprendimiento de inmuebles de dominio privado (departamentos de 2 o 3 ambientes por ejemplo) por ser costoso su mantenimiento”. Pero en todos los casos, sostiene el informe, se evidencia “una total falta de visión del manejo de estos bienes para el desarrollo de políticas públicas activas en términos habitacionales”.

La política de destinar las tierras a fomentar emprendimientos inmobiliarios suntuosos “en las zonas más privilegiadas de la Ciudad, donde la vivienda es un recurso de especulación financiera”, advierten los responsables del estudio, se da en un contexto donde la Ciudad “muestra un índice de crecimiento poblacional estable desde hace más de 70 años, con un fuerte crecimiento de la inquilinización, 35,2% del total de los hogares (EPH, 2019), y un déficit habitacional que en la actualidad se calcula cercano al 15% de la población, y que ascendía a más del 11,5% según el último Censo Nacional”.

En el periodo referenciado, los datos muestran que el proceso de venta de suelo público en la Ciudad “se aceleró fuertemente a partir de fines de 2015, ya que el control por parte del Pro del Ejecutivo local junto al Gobierno nacional significó un esquema institucional perfecto para consolidar grandes negocios inmobiliarios sobre una reserva de suelo nacional vacante que se encontraba en el distrito”. La superficie de suelo nacional en el distrito subastado tuvo su punto máximo durante el año 2017, cuando se enajenaron 42.177metros cuadrados, mientras que en 2018 fueron 20.614 metros cuadrados y en el 2019 15.612 metros cuadrados.

Al mismo tiempo, señalan que el suelo nacional subastado, “tuvo una particularidad, ya que el mismo se encontraba, en general, desafectado de usos ferroviarios en zonas de alto valor (Catalinas II, Estación Colegiales, Estación Villa Urquiza, etc) De esta manera, si bien su superficie es prácticamente la mitad que la enajenada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, las operaciones, que en general fueron subastas vendidas a valores por debajo del mercado, generaron U$D 503.236.653”.

La cantidad de suelo autorizada a enajenar por las gestiones del Pro al frente del Gobierno de la Ciudad en el período 2009-2019 y de la Nación entre 2017 y 2019 es casi equivalente a la superficie que posee todo el barrio de Santa Rita, el cual posee 2,3km2 frente a los 2,28km2 enajenados.

Para ejemplificar cómo se fueron dando los procesos de entrega de tierras a privados para desarrollos inmobiliarios, el informe toma algunos casos testigo, como lo que sucedió con parte de los predios de la Ex AU3, que se convirtió en el corredor Donado y Holmberg, que corren en paralelo, a la altura de los barrios de Villa Urquiza y Villa Ortúzar, donde se construyeron edificios con oficinas , restaurantes y bares, o los casos de Casa Amarilla, en La Boca y la Villa Olímpica, en Villa Soldati. Donde el denominador común es que el Gobierno porteño mediante diferentes instrumentos y mecanismos (ya sea entregando subsidios para desalojar los terrenos o cediendo una parte de las tierras para viviendas sociales) termina enajenando los predios para desarrollos urbanísticos privados.

El relevamiento también le dedica un capítulo al proyecto del oficialismo que introduce modificaciones al Distrito Joven para, entre otras cuestiones, habilitar la construcción de diez edificios en 7,5 hectáreas de Costa Salguero, una zona donde el metro cuadrado puede cotizar arriba de los 9000 dólares. La iniciativa del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, que de concretarse significaría la privatización de un sector de la Costanera Norte, será tratada hoy.

En la sesión, Barroetaveña expondrá parte de los datos consignados en este informe que señala que “la explotación del predio de Costa Salguero representa seguramente el caso más emblemático de un sistema que en la práctica está puesto al servicio de los negocios de un conjunto de empresarios, a costa del patrimonio del conjunto de los porteños”. Después describe toda una serie de irregularidades que arrastra la concesión del predio a la empresa Telemetrix S. A. desde 1988, cuando la Administración General de Puertos Sociedad del Estado le otorgó un permiso de uso para la explotación del predio. Cuestionamientos que fueron desde el exiguo canon que paga la empresa hasta reclamos para permitir la circulación en el camino de sirga de la Costanera Norte.

Por último, el informe critica la Ley 6289, votada el 5 de diciembre pasado, que autoriza la enajenación de los terrenos, y señala que “fue tipificada como venta de bienes de dominio privado, interpretación de carácter polémico, razón por la cual no se cumplió con el procedimiento de doble lectura”. Pero además de cuestionar el mecanismo empleado por el bloque oficialista para aprobar la ley, cuestiona sus fines: “Resulta sorprendente que el Gobierno promueva el concurso y la revitalización de este predio a través de un mega desarrollo urbanístico orientado al mercado inmobiliario, generando el primer emprendimiento de esta características en la Costanera Norte en la historia de la Ciudad, y que además limita con uno de los barrios populares más grandes de la misma (Barrio 31), cuyas problemáticas ambientales y habitacionales no se han solucionado y se han visto vulneradas en los últimos meses”.

Barroetaveña explicó a este diario que “quisimos poner en contexto y con datos todo el proceso de venta de tierras que se fue dando durante la gestión del PRO, que se vio acelerado cuando confluyeron en la gestión en Nación y Ciudad. En los países centrales el suelo es un bien escaso, entonces para planificar el crecimiento las ciudades se plantean si quieren que crezca la mancha urbana o no, si quieren que crezca la población. Algunas plantean crecer en densificación, otras no, y ahora con la pandemia se puso todo en cuestión. Pero lo que está claro, es que el suelo es un bien escaso que no podés reproducir y es esencial para cualquier planificación”.

Y agregó: “la Ciudad tiene hace 70 años la misma población y sin embargo viene duplicando el déficit habitacional porque se genera construcción para la especulación inmobiliaria, para la reserva de valor, y por otro te explotó la gente en las villas y creció 10 puntos la cantidad de personas que alquila. Esas 150 hectáreas se podrían haber utilizado de otra forma. Para resolver parte del problema habitacional o para casi aumentar un 40 por ciento el espacio verde, lo que significaría estar en los 10 metros de espacio verde por habitante como recomienda la Organización Mundial de la Salud”.

El legislador, que integra la Comisión de Planeamiento Urbano, remarcó que “Buenos Aires tuvo con su Constitución y su Plano Urbano Ambiental una idea clara de desarrollo y uso del suelo que con el macrismo no solo se perdió sino que se transformó en una máquina de enajenación de suelo público para negocios privados”.