Por espacio de tres horas, aproximadamente, el funcionario lunghista expuso frente al representante del ministerio público, acompañado por su letrado particular, Jorge Dames, y sin responder preguntas expuso en forma genérica cómo funciona la Secretaría y de qué manera se administran los subsidios de ayuda social.

El subsecretario hizo especial hincapié en las “urgencias” con que se convive desde el área y que ante la necesidad de dar respuestas se utilizan los fondos puestos a consideración

Asimismo, según trascendió de su exposición, Diéguez hizo otra lectura, otra interpretación sobre las ayudas sociales directas y lo que se considera “indigentes”.

Sus apreciaciones claramente apuntaron a responder un párrafo sustancial de la acusación del fiscal, cuando puntualizó en su imputación que la desviación de las partidas asignadas, por la multiplicidad de maniobras cometidas y el alto monto dinerario afectado, provocó indefectiblemente un sustancial prejuicio a la población que se encuentra en situación de vulnerabilidad en la ciudad quienes a raíz de la aplicación de diferente que se les dio a los recursos, no pudieron algunos de ellos recibir la ayuda social directa y vieron sus necesidades básicas insatisfechas.

Los dichos del funcionario

Al salir de la sede judicial, el funcionario lunghista fue interceptado por los medios, a quienes respondió que declaró sobre “cómo funciona Desarrollo Social desde el momento que ingresé hasta hoy y cómo son los circuitos administrativos de las ayudas económicas”. Asimismo detalló que quedó para un próximo pedido de ampliación “el tema de los casos puntuales”.

“La realidad es que no es muy lindo estar en esta situación pero me quedo tranquilo porque yo vine a tratar de explicar algunas cuestiones que no estaban claras y ahora quedará en la Justicia resolver si sirvió o no”, agregó.

En relación a las repercusiones políticas, Diéguez manifestó que no iba a hablar sobre eso.

La denuncia

Cabe recordar que la denuncia se radicó en el 2011, a partir de la exposición formal que realizaron concejales de los bloques opositores con la denuncia mediática realizada por el delegado gremial Marcelo Hidalgo.

Dicha causa la llevó adelante el fiscal Marcelo Fernández, quien meses atrás dejó su cargo en Tandil y la instrucción recayó en su par Marcos Egusquiza.

Según los testimonios y pruebas aportados por los denunciantes, se presentaron casos en los que se otorgaron subsidios a cambio de prestaciones de servicios e insumos para la Secretaría de Desarrollo Social, que fueron cobrados por personas que no son “indigentes” y que no recibieron la visita de rigor de trabajadores sociales.

Los disparadores de la investigación fueron unos cuadernos escritos a mano donde se consignarían los trabajos encargados y los pagos realizados a proveedores a través de subsidios.

Según lo denunciado, las ayudas sociales tuvieron un destino diferente al presupuestado tales como el pago a una cantera, un albañil y sus hijos, entre más de medio centenar de casos, con falsos informes sociales que hacían pasar por indigentes a personas que en verdad estaban cobrando servicios.

Frente a las declaraciones de Hidalgo, Rubén Diéguez argumentó que “se hará cargo de lo que dice y tendrá que presentar prueba de eso; primero quiero terminar esta situación y luego veremos cómo continuamos. Yo estoy tranquilo porque ninguno cometió una irregularidad para nuestra forma de ser, simplemente son muy heterogéneas las situaciones y es mucha la urgencia donde quizás  administrativamente algunas cuestiones no dan como tiene que ser pero todo termina en una persona que necesita algo”.

Ya desde la Secretaría Legal y Técnica, Atilio Della Maggiora, como el presidente del partido y ex secretario del área, Julio Elichiribehety habían salido a respaldar al funcionario citado por la Justicia, como así también adelantar algo de lo que finalmente ayer Diéguez expuso ante el fiscal.

“El Gobierno municipal está convencido de la transparencia de sus procedimientos, de la legalidad de los procedimientos y de la honestidad de sus funcionarios”, supo afirmar el abogado de la comuna, sin dejar de mencionar sobre el visto bueno del propio Tribunal de Cuentas, que nunca realizó observación alguna sobre estos desvíos de fondos.

Más allá de las declaraciones públicas de los lunghistas citados, se preguntó a Diéguez sobre el silencio de su superior, Oscar Teruggi. “Nosotros sabemos quiénes nos apoyan y quiénes no. Si Teruggi no salió a respaldar, pregúntenle a él. Nosotros tenemos una cuestión que hay una persona que habla en su momento y otras personas que no hablan”, concluyó el subsecretario de Desarrollo Social. 

Lo que sigue en la pesquisa

Ya cumplimentada la audiencia formal en el que el imputado sabe sobre qué se lo acusa y los pormenores de la investigación, el fiscal cuenta con cuatro meses (prorrogables) de plazo para elevar la causa a juicio. En ese lapso, no se descarta que se sumen más elementos, entre ellos distintos informes y documentación solicitada oportunamente a la administración municipal que aún no se entregó, de lo cual podría motivar otras citaciones.

Allí, tal vez, se entienda el silencio del actual secretario del área, Oscar Teruggi, quien podría quedar involucrado en la misma situación procesal que Diéguez, de corroborarse que él también avaló, con su firma, el desvío de fondos destinados a la ayuda directa para pagar otros servicios de proveedores, tal especifica clara como contundentemente la acusación fiscal.

Más allá que el propio Diéguez ayer y Elichiribehety antes, salieran con el mismo discurso a aclarar sobre qué versa la acusación, desde el comienzo el ministerio público dejó sentado en su carátula el delito ventilado, el cual no refiere a que se extrajo dinero para provecho propio, pero sí que tuvo un destino no acorde a lo que presupuestariamente se estipuló, en perjuicio de los sectores más vulnerables.

El lunghismo ofreció la misma resistencia que en el conocido caso Balbín (incluso tuvo el mismo abogado particular que arribó a un juicio abreviado) y consumada la condena se sostuvo –incluso hasta hoy- que se trató de “muchachismo”, dejando entrever también que no hubo ningún robo sino que el lunghista en cuestión que aún presta colaboración por fuera de la estructura oficial, utilizó horas extras indebidamente para quedar bien con aquellos operarios municipales del Cementerio que colaboraron en un acto partidario.

Los propios radicales confiesan que aquello fue más grave que lo ahora investigado porque Balbín utilizó fondos públicos para un acto partidario, mientras que ahora –según su defensa- se desviaron fondos con el trajín de una frenética gestión que, en este caso, atiende lo más vulnerable de una sociedad, su costado social.

Poco y nada le interesa al fiscal en este caso la citada “sensibilidad social” esgrimida. Está investigando el uso indebido de fondos para otros menesteres que no son para la ayuda social directa como se expone en el presupuesto, con informes sociales que avalan una asistencia para vecinos que no están dentro de la franja que se conoce (y Diéguez y Elichiribehety bien conocen) como “indigentes”.

También se considera como flaca defensa la esgrimida cuando se menciona la intervención del Tribunal de Cuentas y su presunto aval sobre cómo se administraron los recursos.

Con sólo recordar que el mismo organismo nunca advirtió nada sobre el affaire del Tesoro comunal, alcanza sobradamente para descartarlo como un organismo que revisa más de lo que los propios revisados informan.