Con el dictamen de la Secretaría de Legal y Técnica, que determinó que la ordenanza sería inviable y que además colisiona con leyes superiores que legislan la materia, los responsables de la Subsecretaría de Cultura y de la Dirección de Juventud presentarán en los próximos días una propuesta alternativa al proyecto de ordenanza impulsado por el Frente Renovador, que propone un marco normativo a la proliferación de pintadas, graffitis y tags (firmas).
El director de Juventud Pablo Civalleri adelantó que apuntan a elaborar una alternativa “más amplia” que “no se reduzca a una ordenanza de graffitis”. Por eso evaluarán si dentro del programa se incluyen determinados aspectos para determinar “si tiene sentido crear una ordenanza”.
El boceto podría ser presentado a los integrantes de la Comisión de Cultura del Concejo Deliberante en el transcurso de la semana. A partir de allí se dará el debate con los concejales.
El debate
Las primeras diferencias en el abordaje de la problemática comenzaron a asomar a mediados del mes pasado cuando concejales del oficialismo y de la oposición, junto a referentes de la actividad en Tandil, mantuvieron una reunión con la subsecretaria de Cultura y Educación de la comuna, Natalia Correa.
En la oportunidad, el intercambio se centró en uno de los aspectos incluidos en el texto de la normativa, que apunta a la creación de un espacio para el desarrollo y fomento del arte urbano.
La visión oficial se sustentaba en la necesidad de no limitar la apertura a un lugar específico y de impulsar un programa educativo que contemple una serie de ejes, a implementar en los distintos barrios haciendo uso de la infraestructura con la que se cuenta. Y en esa línea parece que hubo avances.
Trabajo desde lo preventivo
En diálogo con el ciclo televisivo “Tandil despierta” (EcoTV y 104.1 Tandil FM), Civalleri refirió que la semana pasada se concretó una reunión con la subsecretaria de Cultura e integrantes del bloque oficialista en la cual se abordó la necesidad de “armar un programa municipal”, y tras indicar que “en los próximos días lo estaremos socializando con el resto de los bloques políticos”, defendió que “la idea desde un primer momento fue lograr algo consensuado”, ya que se trata de una problemática que “atañe a toda la sociedad”.
Sin grandes precisiones, dijo que “vamos a trabajar desde la cuestión preventiva y educativa para ver cómo podemos ir realizando acciones conjuntas con los jóvenes para ver si podemos afrontar esta situación”.
“Corrimos el eje de la cuestión desde lo punitivo y estamos trabajando estrictamente en lo preventivo y educativo”, anticipó el funcionario, entendiendo que quienes realizan este tipo de actividades “tienen la necesidad muchas veces de expresarse”.
En torno a la idea planteada en el proyecto legislativo que busca una reparación del daño causado, Civalleri admitió que “estaremos trabajando para que vayan reparando los daños que vayan haciendo en los frentes de las casas. Obviamente que esto no va a tener una eficacia del ciento por ciento y de un día para el otro van a desaparecer los firmeros”.
Por el contrario, se trata de “organizarnos” y de definir el modo en que “podemos ir generando espacios donde ellos tengan su lugar para expresarse y reducir al máximo los tags”.
El proyecto es “inviable” desde el punto de vista sancionatorio
La concejal del radicalismo Romina Mapelli confirmó ayer que el expediente fue elevado el lunes con el dictamen de la Secretaría Legal y Técnica y puesto en conocimiento de la Comisión de Asuntos Legales, de la cual formó parte su par del Frente Renovador, Beatriz Fernández.
En el informe, a través de un repaso sobre las normativas vigentes, refuta la premisa sobre la cual se parte en el proyecto de ordenanza, que da cuenta de la falta de marcos regulatorios que se ocupen del tema.
Y concluye que la propuesta resulta “inviable” dado que se presenta como “inconstitucional” e incurre en “errores” desde el punto de vista de técnica legislativa ya que el daño a la propiedad privada está tipificado como delito en el Código Penal, y la responsabilidad civil está prevista en el Código Civil.
También indica que los concejales “no tenemos facultad” para legislar en la materia por una cuestión de jerarquía normativa.
“Con ese dictamen creo que esa parte quedaría sin efecto y habría que evaluar si es pertinente o si se lleva adelante un programa municipal”, deslizó la edil.
“Un informe extenso”
Mapelli adelantó que el secretario Atilio Della Maggiora entregó un informe “muy extenso, completo y exhaustivo” en referencia al capítulo del proyecto de ordenanza que hace alusión al aspecto sancionatorio.
Al expediente, comunicó, también se adjuntó el informe de los jueces de Faltas en relación al mismo tema.
En un primer acercamiento, adelantó que el documento que elaboró la dependencia comunal tiene “tres puntos de vista” desde los cuales analiza la cuestión punitiva y que se centra en la “constitucionalidad, legalidad y técnica legislativa”, y resaltó la “claridad” de los argumentos.
Finalmente, se defendió de los cuestionamientos de la oposición y aseguró que “no es caprichoso no darle importancia a este proyecto. De hecho, reconocemos el problema”, y citó como ejemplo la iniciativa impulsada tiempo atrás por Atilio Magnasco y la concejal mandato cumplido del oficialismo, Cristina Aquino, que no logró avances al respecto.
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