Los criterios de acumulación fueron los homicidios y los operativos ocurridos en un arco temporal que abarca desde febrero de 1976 hasta agosto de 1977. Así llegó a juicio oral la denominada Megacausa, un expediente que nuclea investigaciones en torno a 52 víctimas, 45 de las cuales fueron asesinadas o están desaparecidas y que será debatida en el Tribunal Oral Federal (TOF) a partir del próximo 10 de abril.

Los acusados son cinco. Tres militares: el mayor Jorge Roberto Diab, el teniente coronel Domingo Morales y el coronel Carlos Enrique Pavón; un expolicía, Juan Calixto Perizzotti, y el exjuez de Menores Luis María Vera Candioti. Los cuatro primeros están imputados por los delitos de homicidio, allanamiento ilegal, y torturas. Mientras que el exjuez está acusado por supresión de identidad en el caso de María Carolina Guallane, que a los 23 años se enteró que era hija de Enrique Cortassa y Blanca Zapata. Pero además, en conjunto, están acusados de conformar una asociación ilícita para perpetrar la impunidad de la represión.

El expediente 16/08 también sumaba al banquillo al coronel José María González, que el 24 de marzo de 1976 tomó la Casa de Gobierno. González fue condenado a prisión perpetua en 2011, por el homicidio del militante peronista Mario Marini y en octubre del año pasado estuvo a punto de escuchar otro fallo, pero, por el avance de su enfermedad, a último momento el TOF lo separó del juicio que investigó el secuestro y las torturas de Adam Noé Campagnolo, intendente de Santa Fe depuesto por el golpe cívico militar del 24 de marzo de 1976, y del presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Dunda. González falleció a las pocas semanas.

En abril de 1977

El exjuez de Menores de Santa Fe Luis María Vera Candioti y el exmilitar Carlos Pavón, está acusado por el ocultamiento y supresión de identidad de Paula Cortassa. Se les imputa haber falseado las actuaciones judiciales donde se tramitó la entrega de la niña al matrimonio Guallane, de Venado Tuerto, que la adoptó de buena fe en abril de 1977. La acusación indica que Vera Candioti incumplió todas las normas legales sobre adopción y que el entonces juez de Menores “debió haber controlado la situación que tuvo por víctima a la niña Cortassa, velando, cuanto menos, por la legalidad formal, como su posición de magistrado lo exigía”.

Entre las pruebas que surgieron en la investigación contra el exmagistrado, está la existencia de “cargos antedatados” para justificar el ingreso de la menor en una fecha que no era cierta. Además, entre otras irregularidades se suma que la nena no fue entregada en el Juzgado de Menores a los padres adoptantes sino en la casa de una asistente social.

Ambos están acusados de haber entregado a la beba cuando tenía 18 meses de vida, luego de que sus padres, Blanca Zapata y Enrique Cortassa, militantes montoneros, fueron secuestrados el 11 de febrero de 1977 por un grupo de tareas del Área 212, dependiente del Comando del II Cuerpo de Ejército, en su domicilio de Castelli 4531 de Santa Fe. Cuando se produjo el ataque, Zapata tenía un embarazo de siete meses. Él todavía permanece desaparecido, pero se sabe que ella fue asesinada de un disparo en la cabeza.

En el operativo también fue asesinada Cristina Ruiz y sus dos hijos fueron retirados por las fuerzas represivas y luego entregados a sus abuelos. Según las investigaciones judiciales, Paula Cortassa estuvo 10 días en la ilegalidad y se cree que fue para “ablandar” a Enrique Cortassa durante los interrogatorios.

A Paula la devolvieron al Juzgado de Menores el 6 de abril de 1977, 54 días después de que la secuestraron y con serio riesgo de vida. La hipótesis es que Vera Candioti borró el origen de Paula para ocultar el secuestro de Cortassa y encubrir la responsabilidad del Ejército en la apropiación de la niña. Recién en 1998 Paula recuperó su verdadero nombre y su fecha de nacimiento. Sin embargo, decidió seguir llamándose María Carolina Guallane.

En el caso de Jorge Roberto Diab, Domingo Morales, y Juan Calixto Perizzoti deberán responder por más de 40 desapariciones y homicidios y también por formar parte de una asociación ilícita destinada a cometer graves crímenes contra las personas, los que se plasmaron en privaciones ilegítimas de la libertad, homicidios y tormentos, entre otros delitos.

Más de 180 testigos

La gran cantidad de hechos que llegan a juicio (ver “Los casos investigados”) tienen su correlato en el número de testigos que están citados: en total son 185 las personas convocadas para prestar declaración en la sala de audiencias.

En cuanto a los aspectos formales del debate, la novedad es que el tribunal estará integrado por magistrados rosarinos. El presidente será Ricardo Vázquez y los conjueces serán Omar Digerónimo y Beatriz Caballero de Barabani. La acusación estará a cargo del fiscal general, Martín Suárez Faisal y la Defensa Pública Oficial tendrá como representados a Perizzotti y Diab. Por su parte, los abogados Héctor Tallarico y José María Pavón Navarro estarán a cargo de la defensa de Carlos Pavón; Guillermo Morales representará a Domingo Morales y Néstor Oroño al exjuez Vera Candioti.

Además, habrá cuatro querellas. Alejandra Romero Niklison actuará por el crimen de Osvaldo Ziccardi, asesinado junto con Carlos Frigerio, Jorge Piotti e Ileana Beatriz Gómez el 19 de enero de 1977, en el ataque a un departamento del edificio de Ituzaingó y Las Heras, en el barrio Candioti. La abogada Zulema Rivera estará a cargo de la querella por el caso Guallane; Matilde Gatti patrocinará a Abuelas de Plaza de Mayo; y los abogados Guillermo Munné y Lucila Puyol serán querellantes por seis familiares de víctimas y también patrocinarán a H. I. J. O. S.