El 19 de julio de 2015, cuando el candidato del PRO Horacio Rodríguez Larreta se impuso por un ajustado 3% en el balotaje porteño, Mauricio Macri ofreció un discurso en el que sorprendentemente reivindicaba muchas de las medidas centrales del entonces Ejecutivo Nacional. En esa oportunidad, el saliente jefe de Gobierno dijo: "La Asignación Universal por Hijo es un derecho, no es un regalo. Yo sueño con un país en el que haya pobres que no sean manipulados por la política, por eso vamos a trabajar incansablemente para reducir la pobreza." Y agregó: "Creo en un Estado que les dé los instrumentos a los que más lo necesitan para crecer." Finalmente recalcó la importancia de los principios republicanos: "Creo en la necesidad de tener reglas claras y para todos. Por eso es tan importante que tengamos una justicia independiente, con jueces probos que actúen conforme a la ley, y no por aprietes o amiguismos de la política."

Cinco meses después, en su discurso de asunción como presidente, Macri explicitó que su programa de gobierno contenía tres grandes pilares. El primero lo denominó "pobreza cero". Y al respecto, dijo: "El Estado va a estar donde sea necesario para cada argentino, en especial, para los que menos tienen. Vamos a universalizar la protección social para que ningún chico quede desprotegido. Vamos a trabajar para que todos puedan tener un techo, con agua corriente y cloacas."

Resulta difícil imaginar el modo por el cual esos loables objetivos pueden compatibilizar con las medidas económicas que ya anunció o que esperan en gateras: anulación o reducción de las retenciones agropecuarias e industriales, fuerte devaluación del peso –ambas medidas reclamadas perentoriamente por la Sociedad Rural y las cámaras empresarias–, recortes de los subsidios sobre las tarifas de servicios públicos a particulares e industrias, apertura de las importaciones, suba severa de las tasas de interés bancarias y eliminación de los controles del Estado sobre los grandes formadores de precios para evitar abusos sobre los consumidores. En otros términos: el objetivo de estas políticas es la reducción sustantiva del poder adquisitivo del salario, con previsible cierre de pymes y, consecuentemente, incremento del desempleo, todo lo cual confirma el plan de ajuste que los comunicadores se empeñan en llamar por cualquier otro nombre.

Otro punto relevante del discurso macrista es la referencia a la "unidad de los argentinos". Su paradigma es que la política se basa en el consenso "perfecto" entre los distintos actores económicos, sociales y culturales, y que naturalmente todos acuerden en los grandes temas. Sólo hay que tener buena voluntad. Lo central y determinante es que esa conducta expresa una concepción ideológica con proyecciones muy concretas. La negación del conflicto resulta un eficaz recurso para el ocultamiento de una realidad que se obstina en revelarse tal cual es. Por ejemplo, el presidente prometió terminar con el "curro de los Derechos Humanos". Detrás de esta grave formulación se esconde la idea anacrónica de la "reconciliación", con un Estado que propicie este "feliz encuentro" entre militares y civiles genocidas, y sus víctimas. Esta visión nos retrotrae a una época ya superada por la sociedad argentina.

En su alocución, el presidente advierte que lo único inadmisible es la corrupción y la violación de la ley, apoyando al Poder Judicial, al que caracteriza como garantía de la paz social y la libertad.

Ahora bien, vistas las acciones concretas del gobierno desde antes de la asunción, emergen muchas más dudas que certezas. La intervención judicial que recortó en 12 horas el mandato de Cristina Fernández no sólo resulta un extravío jurídico, sino una palmaria contradicción con sus declaradas intenciones dialoguistas. Son más sorprendentes las declaraciones del flamante ministro Oscar Aguad advirtiendo: "la (Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual) no va a subsistir en nuestro gobierno" y que el Presidente tiene derecho a dejarla de lado. El caso es extremo: un ministro que dice que no se va a cumplir con la ley.

Otro movimiento que generó un fuerte rechazo, inclusive de muchos de sus aliados, ha sido el nombramiento en comisión por un año de dos jueces de la Corte Suprema de Justicia a través de un decreto. Este atropello institucional es el opuesto al dialoguismo comprometido y al respeto a la división de poderes. Se trata de una conducta predemocrática, que ha tenido que ser corregida. En esta línea, el presidente ha comunicado que no prevé convocar al Congreso a sesiones extraordinarias para tratar cuestiones atinentes a la política pública. Es decir que tiene tomada la decisión política de gobernar por decreto, colocándose en las antípodas de la postura del gobierno saliente. Cristina Fernández (2007-2015) firmó diez decretos de necesidad y urgencia y tres más relacionados con el pago de deuda pública. O sea: trece en total. El presidente Macri en sus primeras 72 horas hábiles de gobierno firmó un decreto de necesidad y urgencia y otros 37 decretos comunes. Se ve el abismo entre el dicho y el hecho, una vez más.

Cuando la distancia entre los dichos y los hechos resulta tan palpable, la vida enseña que la verdad transcurre más allá del universo de las palabras y se ubica en el reino de los hechos. La realidad muestra que se habla de republicanismo, a la vez que se violentan las instituciones a cada paso; se alude a la exigencia del diálogo mientras se recurre al palito de abollar ideologías de Mafalda; se mira a la cámara y se promete pobreza cero al mismo tiempo que las políticas económicas prenuncian la expansión de la injusticia social.

Lo cierto es que, más allá de la parafernalia mediática, las políticas públicas deben tomar posición para favorecer a una de las partes en conflicto, básicamente a las grandes mayorías sociales y al interés de la Nación como colectivo político.

En los últimos 12 años la Argentina ha vivido un proceso sostenido de dignidad nacional y de ampliación de derechos. ¿Será "Cambiemos" el aviso de una mutación regresiva?

No hay que confundir la legitimidad del veredicto democrático en las urnas, con la idea de que la derecha se comportará democráticamente frente a las demandas populares de distribución de la riqueza y defensa de los logros sociales y culturales de los últimos años. «