Obviamente, Alberto Rodríguez Saá fue incluido en la nota “Quiénes son los gobernadores que no hacen públicas sus declaraciones juradas”, ya que San Luis es una de las provincias cuya legislación permite que sus funcionarios entreguen sus DDJJ “en sobre cerrado y lacrado” que “solo será abierto por orden judicial”, tal cual lo informó La Gaceta en 2014.

Si bien no es ninguna novedad que la declaración jurada de Rodríguez Saá no sea pública, la nota de Infobae incluye un dato muy importante que es la declaración presentada por el mandatario a la Oficina de Anticorrupción en 2016, como senador nacional suplente por nuestra provincia. “En ese momento, había declarado un patrimonio de $25.238.818. Dijo tener 9 automóviles y 22 inmuebles, que incluían cuatro terrenos; dos casas en la ciudad de de San Luis y otras dos en Villa Mercedes; dos departamentos en la Ciudad de Buenos Aires; siete campos en su provincia, en las localidades de Estancia Grande, El Amparo y El Durazno; y “mejoras” en cinco propiedades. También declaró acciones en las empresas Calfulcurá SA, Catriel SA, Payne SA y Los Peñitos. Entre el dinero declarado en 2016, figuraban 213.791 euros y 35.132 dólares”.

Con respecto a esto, cabe aclarar, como lo hizo La Gaceta en 2016 cuando analizó las declaraciones juradas de Adolfo Rodríguez Saá y Claudio Poggi, que los políticos asignan montos ridículos a sus bienes inmuebles al momento de realizar sus DDJJ. Por lo general utilizan el valor fiscal, el cual no llega a ser ni el 10% del valor del mercado. Por otro lado, con los automóviles la legislación no permite esta “trampa” y obliga a los políticos a poner su valor real.

En base a esto, es más que obvio que los $25.238.818 de patrimonio que Rodríguez Saá declaró en 2016 no eran más que una pequeña fracción de su fortuna real. A eso hay que sumarle las cifras en moneda extranjera, que sí están consignadas por separado. Por ejemplo, esos 213.791 euros hoy son $44.254.737 a valor de mercado (o $20.310.145 a valor oficial), mientras que los dólares declarados ascienden a unos $5.761.648 de mercado o $2.951.088 según el oficial.

Obviamente, hay que recordar que estas son cifras de 2016. Infobae solicitó la DDJJ 2020 al Gobierno de San Luis, pero la respuesta fue que la misma ha sido presentada conforme lo dice la ley.