Habitaban en un terreno que siempre se consideró argentino, hasta que se firmó un acuerdo en el 2013 con el gobierno nacional que autorizaba a Bolivia a mover los límites al sur.
El problema sucedió en el denominado Valle del Silencio, ubicado en el departamento Santa Victoria Oeste. Si bien la intimación recayó sobre 17 familias, el desplazamiento al sur de la frontera entre Bolivia y Argentina afecta a más de 50 familias y constituye la pérdida de por lo menos 600 kilómetros cuadrados de territorio nacional.
Los primeros que se percataron de esto fueron los pobladores del paraje Abra de San Cruz.
Los ancestrales habitantes tenían hasta hace unos años el hito de la frontera a unos 32 kilómetros al norte; hoy lo tienen a sólo 2 km.
El Tribuno llegó hasta el lugar y dialogó con los vecinos. El malestar es evidente ya que declararon que en noviembre del año pasado se firmó un acuerdo entre autoridades de ambos gobiernos para que quede la línea fronteriza a menos de 2 km de la primera escuela argentina.
Los campesinos que viven de la cría de animales y de lo poco que cultivan recibieron automáticamente la visita de las autoridades bolivianas, acompañadas por militares, intimándolos a definir su situación de ciudadanía.
Es decir, “optaban por la condición de ser bolivianos o debían retirarse del territorio”, dijo uno de los vecinos.
Es importante aclarar que estas familias salteñas tienen animales que desde siempre usaron el terreno escarpado para el pastoreo. Aseguran que no pueden retirarse y abandonar esas tierras porque destruirían su economía de subsistencia.
Desidia oficial. Los vecinos acusan directamente a la falta de consideración de las autoridades municipales, provinciales y nacionales al entregar un territorio utilizado históricamente por familias de campesinos argentinos.
Afirman que el intendente de Santa victoria Oeste, Cástulo Yánque, desde hace años que no va por el lugar y que nunca se ocupó del conflicto limítrofe. Se quejaron del gobernador Juan Manuel Urtubey porque jamás dialogó sobre la problemática con los lugareños.
“Vino sólo una vez por acá con su helicóptero para inaugurar la ampliación de la escuela y luego rápido se fue”, dijo una de las trabajadoras del lugar.
Respecto de los funcionarios de la Cancillería afirman que nunca conocieron a alguno.
El ex concejal Ignacio Peloc aseguró que armó carpetas con la información sobre el tema y que “paseó” por las diferentes oficinas del Estado, pero nadie le dio solución.
En ese contexto de carrera por el territorio, los bolivianos llevan la delantera. Están a punto de terminar una ruta que comunica a Tarija con la región utilizando mano de obra argentina. Tienen para estrenar un establecimiento educativo de lujo que consideran está en territorio salteño. Y exigen a las familias argentinas la doble nacionalidad para que accedan a la escolaridad boliviana.
Realidades que los superan. Los que recibieron el impacto fue ron los docentes de la escuela N§ 4.260 “Frontera Argentina”, del paraje Abra de Santa Cruz que en el 2012 contaba con un plantel docente de 9 trabajadores y casi 190 alumnos. El año pasado quedaron 7 docentes para 140 alumnos y para el presente ciclo lectivo solo quedan 4 maestras sin que se conozca todavía el número de matriculados.
La nueva escuela boliviana tiene un edificio acorde a las necesidades pedagógicas de la zona y desde el año pasado comenzó a funcionar en un lugar prestado.
Mientras la primera escuela del Valle del Silencio funciona con paneles solares, sin agua potable y sin gas natural. Recién el año pasado le inauguraron la ampliación donde además funciona la cocina.
Por lo demás, las maestras siguen haciendo patria pagando $65 por una garrafa, más de $300 del tramo Salta - La Quiaca y luego $800 más para llegar al lugar donde el camino es el principal condicionante.
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