La última sesión legislativa del año tendrá gusto a cerveza.

El oficialismo avanzó con un proyecto de ley enviado por la Casa de Gobierno para favorecer la ampliación de la planta que tiene la empresa porteña Cervecería y Maltería Quilmes en Acheral.

La iniciativa, firmada por el gobernador Juan Manzur y su ministro de Desarrollo Productivo, Juan Luis Fernández, contempla la devolución del 30% de la inversión a través de la entrega de certificados de crédito fiscal transferibles.

Según la propuesta del gobierno, la cervecería desembolsará $ 78 millones en “la implementación de un nuevo mecanismo de packaging” (es decir, empaque o envase), y la ampliación de la planta permitirá la creación de 55 puestos de trabajo nuevos. El texto consigna que el reintegro “no podrá superar el total de $ 23,4 millones”.

“Se trata de una obra de gran magnitud, que tuvo inicio en 2016, y que renueva el compromiso de la firma de invertir en Tucumán”, argumentó el gobierno. Y explicó que el objetivo es “alentar la realización de inversiones y emprendimientos en la provincia”.

En agosto del año pasado, en la Casa Rosada, la empresa Quilmes anunció sus intenciones de expandir la capacidad de la planta de Acheral. De la reunión con el presidente, Mauricio Macri, participaron Carlos Sicupira, uno de los accionistas mayoritarios del grupo AB InBev, Marcio Froes, presidente de la compañía en América del sur, y Pablo Querol, vicepresidente de Asuntos Corporativos y Legales.

Según se anticipó en aquella ocasión, uno de los objetivos es duplicar la producción de envasados y la elaboración de cervezas y gaseosas, tanto para el mercado interno como exportación.

Ayer, la comisión de Hacienda y Presupuesto de la Legislatura, a cargo del peronista Juan Antonio Ruiz Olivares, le dio dictamen al proyecto del PE. Silvio Bellomío (Peronismo del Bicentenario) y Rubén Chebaia (UCR) firmaron en desacuerdo e instaron a rechazar la iniciativa del gobierno. Según altas fuentes del Poder Legislativo, hoy se definirá si el proyecto llega al recinto en la próxima sesión, que sería la última del año.

“Nos expresamos en contra porque el oficialismo sigue con el mismo método: nunca nada en forma general; siempre los beneficios llevan nombre propio”, señaló el amayista Bellomío, vicepresidente de la comisión de Hacienda. Señaló que “es posible” crear un régimen de incentivos para todos los sectores empresarios. “No podemos seguir legislando ‘a la carta’. Es necesario tomar otro enfoque. Propuse hace más de un año un sistema de cancelación de acreencias fiscales originadas en la existencia de saldos a favor del contribuyente, en tributos provinciales. Hay muchas pequeñas y medianas empresas que tienen ahogo financiero y las afecta esa situación”, añadió Bellomío a LA GACETA.