Recientemente, los fiscales Carlos Bruna y Roberto Pizzo, integrantes de la UFI n°10 de Delitos Económicos, se presentaron ante el juez de garantías para dar cuenta de sus investigaciones, efectuadas tras la denuncia que fuera presentada por Rubén Pili contra funcionarios de la comuna. El mencionado Presidente del Consejo Directivo de la mutual de los municipales había afirmado que diversos funcionarios de la cartera municipal se encontrarían cometiendo delitos de acción pública, susceptibles de persecución penal.

La denuncia indicaba que entre diciembre de 2015 y enero del corriente año, dichos funcionarios -tanto de la administración central como de los entes descentralizados- habrían deducido el monto correspondiente a aportes de la obra social del salario de los empleados municipales, pero en lugar de destinar el dinero a OAM, lo habrían “virado” a otros fines. Tal acción constituiría la figura legal de malversación de caudales públicos.

Al respecto dijeron los fiscales: “hasta el momento no resulta acreditada maniobra irregular alguna”. Pero agregaron: “se encuentran pendientes medidas de investigación, como por ejemplo un informe técnico contable”. Más allá de esto, aclararon que las cuestiones que tienen que ver con la retención de los aportes de empleados para las obras sociales afectan la Ley Penal Tributaria, y a propósito de esto citan la jurisprudencia previa para explicar que, en tales casos, el proceso debe continuar en la órbita del fuero federal.

Por todo lo expuesto, la conclusión del documento es que la Unidad Fiscal le solicita al magistrado que decline su competencia y gire las actuaciones al juez federal correspondiente.

Palabras de Vicente

Cuando la información sobre la elevación a la justicia federal y la respuesta de los fiscales comenzó a circular, algunos medios se hicieron eco de la noticia de una manera tergiversada. Por esto, el secretario de Gobierno Alejandro Vicente indicó en la 99.9 cuáles habían sido las particulares características del escenario político que terminó con la mencionada denuncia, así como con la declinación en favor de la justicia federal. Expuso oportunamente: “Se hizo en su momento una conferencia de prensa explicando que no había malversación, sino una deuda que se arrastraba en el municipio, pero de ninguna manera se podía hablar de un accionar delictivo”.

Luego abundó: “la fiscalía provincial que investiga declinó la competencia, porque consideró que no había acreditada ninguna maniobra delictiva que estuviera alcanzada por la figura de malversación de caudales públicos”. Pero al referirse específicamente a la manera en la cual la noticia había trascendido y cobrado forma en la opinión pública, opinó que -en efecto- no se dijo la verdad. Afirma que se ocultó que la Obra Social ha solicitado medidas cautelares al fiscal, tendientes a embargar fondos de la comuna. Para esto, OAM puso como excusa que había una retención indebida de aportes, lo cual, dice el secretario Vicente, “fue rechazado en todas sus oportunidades”.

Agregaba: “Pasa al fuero federal, pero deja en claro que no hay accionar delictivo”. La explicación de por qué pasa a la Justicia Federal –aun cuando no se ha verificado delito alguno- es que los aportes a las obras sociales están regulados por leyes federales, y se pasa la causa para que se trate en ese ámbito. Pero también refiere Vicente que la UFI comparó esta causa con la malversación de fondos, de la cual se encuentra acusado el exintendente: “los fiscales de instrucción aclaran que la figura fue detectada y acreditada en la IPP N° 66 del año 2016 que fue la denuncia del entonces secretario de Hacienda, José Cano, contra el ex intendente Gustavo Pulti”.

Vicente considera que todo se debe al enfrentamiento político de vieja data, y al conflicto que la comuna arrastra con varios sectores, entre ellos el Sindicato de Trabajadores Municipales. Dijo al respecto: “consideramos que todo esto es una medida política, están tomando decisiones fuera de contexto como en el caso de las paritarias (…) Están abocados a tomar medidas de fuerza y socavar el funcionamiento del municipio”, sentenció.

Mala prensa

Es oportuno verificar la manera en la que la prensa adversa a la gestión comunal parte del documento legal para variar una mínima palabra, y conseguir así crear en los lectores una conclusión equivocada respecto a la decisión de la justicia.

Si bien la Fiscalía de Delitos Económicos Nº10 solicitó que el juez declinara en favor de la justicia federal, el diario local decía: “la fiscalía solicitó a la Justicia Federal investigue al intendente Carlos Arroyo y a varios integrantes de su gabinete, entre ellos del secretario de Economía, Hernán Mourelle, por la presunta violación a la Ley Penal Tributaria con motivo de la retención indebida de los aportes que la comuna debe realizar a las obras sociales a las que se encuentran afiliados sus trabajadores”. De esta manera dejaba entrever que el planteo realizado por los fiscales Carlos Bruna y Roberto Pizzo iba a generar que ahora los funcionarios debieran afrontar un nuevo proceso judicial, al que llamaba “adicional” al que ya vienen siendo sometidos en los Tribunales de la Provincia de Buenos Aires.

El diario local -propiedad del empresario Florencio Aldrey Iglesias- cargaba las tintas sobre el intendente y los funcionarios de su cartera, dando por hecho la comisión de un delito que sería investigado en dos juicios, lo cual es materialmente imposible. Y decía que la denuncia se iniciaba luego de que, tras realizar varios reclamos, OAM no había encontrado respuesta a sus planteos para que la comuna cancelara una deuda millonaria, que en aquel momento ascendía a unos 22 millones de pesos. Agregaba que el mismo secretario de Hacienda admitió la existencia de una significativa deuda, tanto con OAM como con otras obras sociales. Lo que no aclaró es que existe una deuda histórica que la comuna nunca canceló.

“Estamos ante funcionarios confesos” es la frase a la que el diario local otorga veracidad, y fue proferida por el abogado patrocinador de los denunciantes, César Sivo, quien representa a OAM. Según explicó en la conferencia de prensa realizada en el mes de enero, tanto el jefe comunal como su secretario de Economía “reconocieron públicamente que no pagan lo que deben“.

En realidad, los fiscales emitieron un dictamen dirigido al juez de garantías que interviene en la causa original, Daniel De Marco, para que “decline su competencia” en ese aspecto, pero aclararon que no se verificó la comisión de un delito. Pero el abogado Sivo habla de “dos procesos judiciales simultáneos“.

El letrado asegura que existe mucha documentación que respalda el planteo realizado por OAM, y que servirá para nutrir a la nueva investigación que se inicia en la Justicia Federal. Y agregó: “Mientras tanto, la justicia provincial va a seguir adelante con la investigación por malversación”,explicó. Lo cuenta como le conviene.

Según consta en la causa original, los denunciados son, además de Arroyo, el secretario de Economía y Hacienda, Hernán Mourelle; la presidenta del Ente Municipal de Turismo, Gabriela Magnoler; el de Deportes, Carlos López Silva; el de Vialidad, Pablo Simoni, y el de Servicios Urbanos, Eduardo Leitao. La presentación también incluye al ex secretario de Economía y Hacienda, Gustavo Schroeder, al ex titular del Emtur, Mario Marchioli, y al ex presidente del Emder, Guillermo Volponi, actual concejal del PRO.