El fiscal de Estado Carlos Bertorello estimó en $ 48 millones el perjuicio económico que la ex EDECAT heredó al Estado. Se trata de deudas de las que se hizo cargo la Unidad Ejecutora de Gestión que se había conformado en el ex Ministerio de Obras y Servicios Públicos cuando se rescindió el contrato con la concesionaria. El Estado ya inició acciones judiciales para ejecutar esa deuda.

Bertorello detalló que, conforme a la documentación a la que accedió hasta ahora, el perjuicio al Estado alcanza a los 48 millones. Se trata de $ 8 millones que se adeuda por el pago de ingresos brutos a Rentas de la Provincia. Otros $ 30 millones corresponden a un préstamo que la Provincia le había otorgado a la empresa para asumir compromisos financieros y que no había sido devuelto. El préstamo había sido otorgado en el 2009 cuando la empresa ya había sido intervenida, la deuda de capital es de $ 30 millones. Hasta octubre del año pasado, con los intereses que corresponde, la deuda se estimó en $ 48 millones.

Bertorello aclaró que la EC SAPEM surgió como una nueva empresa y, por lo tanto, no tiene responsabilidad por el pasivo que hubiera dejado la empresa anterior.

Sin embargo, la distribuidora de energía debió iniciar un plan de pago ante la AFIP por la deuda de aportes y contribuciones a la seguridad social de sus trabajadores. Según la investigación de Fiscalía, EDECAT realizó la retención indebida de los aportes de los trabajadores porque no pagó ante la AFIP y tampoco cumplió con la contribución que corresponde a la patronal. Se estima que la deuda previsional alcanzó a los $ 10 millones .

Ante la situación, la Gobernadora ordenó que, sin perjuicio de las acciones legales que correspondieran en contra de los responsables, se hiciera el plan de pago ya que correspondía a los trabajadores y se les estaba impidiendo el acceso a los beneficios previsionales.

Beneficios

Dos decretos de los últimos días de la gestión del ex gobernador Eduardo Brizuela del Moral son los que abrieron la puerta para los beneficios económicos.

Uno de ellos es el decreto 2170/11 por el que se rescindió el contrato con la empresa. Mediante ese instrumento, el ex gobernador Brizuela del Moral decretó que la Unidad Ejecutora de Gestión asumiría las obligaciones contractuales en curso existentes hasta esa fecha.

Por otra parte, en los últimos días de gestión del FCS se firmó 2095/11 por el que el ex ministro de Hacienda, Mamerto Acuña, y EDECAT -que ya estaba intervenida- acordaban refinanciar una deuda que la empresa mantenía con Hacienda. La asistencia financiera había sido otorgada por el ex funcionario para enfrentar una deuda que la distribuidora mantenía con Cammesa, principal proveedor de energía.

El instrumento es una modificación de un contrato anterior y no especifica el monto de la deuda que ahora se sabe alcanzó a los 30 millones. Lo que sí establece es que la empresa debía devolver lo cedido en 12 cuotas iguales y consecutivas. La primera vencía en febrero de 2012. Pero como la relación contractual con la empresa ya no existía, entonces la Provincia debía asumir las cuentas que se heredaban de la gestión anterior. En noviembre de 2009, se había aprobado un contrato mutuo dinerario suscripto entre el ex ministro de Hacienda y el presidente del directorio de EDECAT.

Después, la concesionaria solicitó la refinanciación de la deuda que mantenía la empresa con el Estado provincial "en razón de su apremiante situación financiera".