Los bonos argentinos bajaron hoy a valores de default, con paridades del 40%, debido a varias causas, algunas externas como el Coronavirus y la aversión a los emergentes, pero otras bien argentinas, como el malestar de los principales acreedores con la marcha de las negociaciones con el Gobierno para reestructurar sus papeles.

Por lo pronto, el presidente Alberto Fernández ya admitió que la negociación se retrasará hasta abril, un mes clave porque en ese mes hay vencimientos por 5 mil millones de dólares.

A esta altura, el objetivo del Gobierno es claro: no pagar nada, ni por capital ni por intereses, durante todo su mandato, con dos argumentos: el propio FMI ha reconocido que “la deuda no es sustentable” y los acreedores asumieron un riesgo al prestarle dinero a un país que —podían imaginarlo— no podría pagarles.

Los argumentos son claros y sencillos.

El único problema es que los bonistas prestaron su dinero y ahora quieren cobrar.

Por eso, los enviados de los acreedores de mayor peso se fueron molestos de sus primeros encuentros, esta semana, con el ministro Martín Guzmán y sus colaboradores.

“El ministro no les mostró ningún plan de flujo de fondos ni les dijo cómo hará para bajar el déficit”, me dijo un experto local.

El presidente Fernández avaló, en conversaciones con distintos medios, la táctica negociadora de Guzmán y se mostró confiado en que, en abril, termine la renegociación.

Fernández reafirmó que no piensa que habrá un default.

Sin embargo, la renegociación presenta sus complejidades: hay una maraña de acreedores, jurisdicciones, monedas e instrumentos.

Por ejemplo, los acreedores son variados y cada uno de ellos tiene compromisos institucionales. No todos pueden aceptar una quita que implique no cobrar intereses durante cuatro años.

“La oferta deberá contemplar un menú variado de instrumentos. Pero hay que saberlo hacer. Para eso, se requiere experiencia y un cierto conocimiento y diálogo con cada tipo de acreedor”, sostuvo otro consultor.

Pero, antes de darse a la tarea de preparar esos instrumentos, falta que el Gobierno convenza a los acreedores para no pagar nada hasta 2023. ¿Podrá?