La Provincia formalizó este mediodía su presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que se le exija al gobierno central cumplir con un fallo que dictó esa misma Corte hace casi dos años. Se trata del planteo que llevó al máximo tribunal el por entonces gobernador Hermes Binner, para reclamar el pago de una deuda por la coparticipación detraída de manera indebida durante años a Santa Fe, y que generó una acreencia en valores históricos de más de 40 mil millones de pesos. Seis años después de aquella presentación, en noviembre de 2015, la Corte le dio la razón a la Provincia e instruyó en dos sentidos al gobierno nacional. Por un lado, le ordenó que comenzara a girar mensualmente la totalidad de la coparticipación federal, sin la quita del 15 por ciento que se venía realizando desde años atrás. Ese aspecto del fallo fue acatado por la Nación. En segunda instancia, le ordenó negociar con el gobierno de Santa Fe el monto de la deuda según su actualización, y el mecanismo de pago. Como no hubo avances en la negociación, el gobierno de Miguel Lifschitz decidió volver a judicializar el tema y retornó hoy a la Corte.

Monto final

Según dijo a El Litoral el Fiscal de Estado, Pablo Saccone, el escrito es “sencillo, y fundamenta las planillas y los criterios de actualización que se utilizaron para actualizar el monto de la deuda”. Cabe recordar que en julio, el gobierno de Lifschitz acompañado por referentes de todo el arco político local, elevó a la Nación una propuesta de pago en la que ya se actualizaba el monto de la deuda según tasa activa del Banco Nación. De acuerdo con ese criterio, el monto total de la deuda ascendía a 49.840 millones de pesos. A esa cifra, aclaró Saccone, se le debe sumar la actualización correspondiente a los meses transcurridos, por lo que a la fecha el escrito presentado ante la Corte formula el reclamo por 51.280.849.043,09 pesos.

Sin actos

A diferencia de las circunstancias anteriores en las que el gobierno de Santa Fe generó actos públicos de magnitud tratando de garantizar el mayor consenso político posible -lo hizo Binner cuando presentó el planteo y se rodeó de los ex gobernadores del PJ, Carlos Reutemann y Jorge Obeid; y lo hizo Miguel Lifschitz en julio, cuando presentó una propuesta de cobro con legisladores nacionales y Provinciales de todas las bancadas-, en esta ocasión, la Provincia decidió reducir el hecho a “un mero trámite judicial”, con la intención deliberada de “despolitizar la presentación”, según dijeron fuentes del Poder Ejecutivo a El Litoral. De todos modos, el hecho se produce a menos de una semana de las elecciones, y en un contexto en el que la oposición ya había reprochado que el socialismo decidiera alzar la bandera de la deuda en plena campaña. Sin embargo, desde el Poder Ejecutivo se argumentó la decisión en dos sentidos: por un lado, dejar atrás la especulación y el “amague” para convertir en un hecho consumado el reclamo ante la Corte; por el otro, permitirle al máximo tribunal comenzar a analizar el tema, correr vista a la Nación y, quizá, en lo que resta del año emitir sentencia.

Historia

El origen de la deuda de coparticipación se remonta a la década de los noventa, en medio de la firma de los pactos fiscales con las Provincias a través de los cuales, éstas aceptaban ceder el 15 por ciento de la coparticipación federal que les correspondía para subsanar el déficit de la Anses. Pero en 2005 y ante el vencimiento de dicho pacto, el por entonces gobernador Jorge Obeid se negó a firmar su prórroga. Pese a ello, el gobierno nacional siguió realizando el descuento pero por decisión unilateral. 

Ése fue el sustento y base jurídica del planteo que en 2009 Binner decidió llevar a la Corte. Como se dijo, el máximo tribunal se tomó seis años para expedirse; lo hizo el 24 de noviembre de 2015 en los últimos días de la gestión de Cristina Fernández a nivel nacional, y de Antonio Bonfatti en la Provincia. 

Desde entonces comenzó una negociación, ya con Mauricio Macri en la presidencia y Miguel Lifschitz como gobernador, que nunca prosperó. Se constituyó una comisión técnica con referentes de las dos administraciones, se sucedieron algunas reuniones pero no se avanzó. La negociación prácticamente quedó en punto muerto. Hubo conversaciones políticas entre funcionarios de ambas partes y muchas declaraciones de ministros nacionales prometiendo que se “honraría la deuda”, pero evitando siempre dar alguna precisión acerca de cómo esa acreencia iba a ser saldada. Hubo, también, un intento de la Nación de pagar la deuda con obra pública, pero que no pasó de ser un mero enunciado. El elemento que terminó de hacer madurar en la Provincia la determinación de volver a la Corte fue la decisión del gobierno central de excluir del presupuesto nacional 2018 las partidas correspondientes para pagar la deuda. Allí, Lifschitz anunció primero que convocaría a los legisladores nacionales por Santa Fe para exigirles un compromiso público respecto del tema, pero ello se terminó diluyendo y finalmente se redactó el escrito que llegó hoy al máximo tribunal.