Rolando y Rodrigo Mur tenían 7 y 10 años cuando se convirtieron en los mártires de la lucha contra el trabajo esclavo. Hace un año no pudieron escapar del incendio del sótano de Flores donde vivían con su familia que, además, trabajaba en el taller textil clandestino que allí funcionaba. La tragedia se podría haber evitado si se hubieran atendido las alertas de los vecinos que, meses antes, habían denunciado las irregularidades del inmueble.

Aunque tarde, la reacción llegó. A partir de entonces se realizaron 518 inspecciones en inmuebles en el polígono de 118 manzanas delimitado por las avenidas Nazca, Juan B. Justo, Segurola y Rivadavia, muy cerca de Páez 2796, donde se desató el fuego. Se sospechaba que en esas propiedades funcionaban talleres de costura sin autorización. El resultado arrojó que el 90% de los talleres controlados (162 de 182) eran ilegales y presentaban numerosas y graves faltas de seguridad e higiene; había además trabajadores no registrados. A causa de los operativos se iniciaron 35 causas judiciales en los casos que mostraban indicios de delitos como trata de persona, reducción a la servidumbre y trabajo forzoso o infantil.

Los datos surgen de un informe que elaboró la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), al que tuvo acceso LA NACION, y que será difundido la semana próxima. Se basó en las inspecciones realizadas desde mayo de 2015 hasta este mes por la Subsecretaría de Fiscalización del Trabajo y de la Seguridad Social, la Dirección General de Protección del Trabajo de la ciudad; la Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio del Ministerio de Desarrollo Económico porteña, y la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social de la Administración Federal de Ingresos Públicos.

Anteayer se cumplió un año de la muerte de Rolando y Rodrigo, en momentos en que su familia espera que avance la causa en el juzgado federal a cargo de Rodolfo Canicoba Corral contra el único imputado, el empresario coreano Lee Sup Yung, a quien la querella acusa de ser responsable de trata de personas con fines de explotación laboral agravado.

En sintonía con el primer aniversario de la tragedia, por iniciativa del diputado Pablo Ferreyra, los legisladores porteños declararon ayer el 27 de abril como Día de la Niña y el Niño Migrante, en homenaje a los dos hermanos de nacionalidad boliviana fallecidos en el incidente. Prevé que durante la semana previa a cada 27 de abril se realicen actividades y campañas de difusión con relación a la conmemoración.

Conclusiones

"El resultado de este análisis se comunicará a los poderes Ejecutivo porteño y nacional, a las áreas que tienen competencia en la fiscalización del trabajo", adelantó a LA NACION el responsable de la Protex, Marcelo Colombo. "Es urgente e indispensable corregir el circuito que no les permite a los inspectores cumplir con el rol de policía", agregó.

La reflexión deriva del hecho de que, durante esos 518 operativos, el número de obstrucciones a la inspección fue más alto que la cantidad de talleres clandestinos hallados. En 173 casos, los ocupantes de los domicilios se resistieron a que el lugar fuera controlado, lo que representa el 33,4% del total, mientras que los talleres ilegales descubiertos fueron el 31,3%. En tanto, en 54 viviendas los inspectores observaron indicios de posible funcionamiento de un taller, lo que elevaría el número de espacios fuera de la ley.

"Lo que preocupa es un problema operativo de la autoridad para poder cumplir con el rol que le confiere la ley", indica el documento. Esta consideración refleja una situación común en los controles a la que se enfrentan los inspectores de Seguridad Social y de Trabajo, que muchas veces chocan con la negativa de los ocupantes del inmueble para realizar la fiscalización.

Sin embargo, entre las facultades conferidas por la ley 265/99, los agentes pueden "entrar libremente y sin notificación previa a cualquier hora en todo establecimiento" de la ciudad y requerir el auxilio de la fuerza pública, denunció la Protex. "Señalamos que sortear este inconveniente es imprescindible en pos de garantizar el cumplimiento del rol de policía de trabajo de los inspectores de la Dirección de Protección del Trabajo", resalta el documento.

Las más de 500 inspecciones también apuntaban a determinar la cantidad de empleados de los talleres clandestinos. En el 58% de los casos se encontraron trabajadores, en su mayoría extranjeros, que no contaban con documentos y que no sabían cuánto dinero recibían por su labor. Estas situaciones derivaron en la apertura de causas judiciales.

El drama de los talleres no cesa. Según datos de La Alameda, el 78% de las prendas fabricadas en el país se realiza en establecimientos clandestinos. Lo admite la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI).

Otros resultados de la inspección

Reunir los datos demandó varios meses

99

clausuras

Tras las 518 inspecciones que se realizaron en distintos inmuebles, casi un centenar de talleres fueron cerrados. Otros 63 no tenían anomalías graves

10

Causas

Son las que fueron denunciadas a la justicia federal, del total de 35 investigaciones iniciadas en forma preliminar por la Protex por presuntos delitos de trata de persona y reducción a la servidumbre

63

Talleres

En el 39% de los talleres clandestinos detectados los inspectores hallaron al menos una empresa de indumentaria vinculada con la explotación comercial de la ropa producida allí. Se trata de, por lo menos, 63 casos