Si bien los inspectores expresaron la necesidad de formular nuevos informes técnicos para obtener más datos sobre el estado de situación, las tareas realizadas les alcanzaron para llegar a algunas conclusiones. “No podemos afirmar que se esté ejecutando la cantidad de módulos que actualmente financia la Secretaría de Vivienda ni que los beneficiarios cumplan las condiciones del programa Mejor Vivir II”, señaló el equipo de auditores en el documento preliminar.

Entre el 16 y el 20 de mayo, por encargo del secretario de Vivienda, el tucumano Domingo Amaya, una comisión de funcionarios se instaló en esta provincia para supervisar el avance de 12 obras, de las cuales cuatro habían sido concluidas y ocho seguían en construcción. De los 1.119 mejoramientos habitacionales consignados en los planos, el contadorGustavo Javier Flores y las arquitectas Paula Sarmiento y Luciana Estrada visitaron 445 (es decir, el 39% de las casas). 

El programa “Mejor Vivir II” fue lanzado el 28 de octubre de 2010, mediante la resolución 1030/2010, firmada por el entonces secretario de Obras Públicas de la Nación, José Francisco López (detenido desde junio por el escándalo de los bolsos con casi 9 millones de dólares en un monasterio situado en provincia de Buenos Aires).

El 26 de mayo, el auditor Flores elevó el informe sobre el estado de ese plan federal de viviendas. Según indicaron desde la cartera que conduce Amaya, no se les había dado publicidad a los resultados porque se trataba de una revisión interna preliminar, sin carácter vinculante. 

En la auditoría quedaron asentadas diferentes observaciones, que todavía pueden ser subsanadas por el Instituto Provincial de la Vivienda, a cargo del interventor Gustavo Durán. “El área social del IPV realiza el relevamiento y verificación de las condiciones de los beneficiarios con posterioridad a la aprobación del proyecto por parte de la Secretaría de Vivienda; o sea, luego de la ‘no objeción técnica, financiera y firma del convenio’”, indicaron los inspectores. Y agregaron que la lista inicial de beneficiarios, sobre la base de la cual se gestiona el proyecto en la Secretaría de Vivienda, no incluye el DNI de los destinatarios y no se verifica que cumplan con las condiciones requeridas por el programa.

“Según el personal de distintas áreas del IPV, en la primera designación de beneficiarios, cuya lista no es revisada ni verificada, intervienen preferencias electorales”, destacaron los auditores, sin dar precisiones. Añadieron que detectaron “numerosas inconsistencias en los planos”. Pusieron como ejemplo “cuatro obras terminadas, en las que (los planos) no incluían la cantidad total de módulos previstos en el pliego, y seis obras en ejecución donde la cantidad de módulos en los planos era menor a la cantidad en construcción”. 

En sus conclusiones, los inspectores señalaron que la aplicación del programa “Mejor Vivir II” en Tucumán “no responde a una demanda previa y puntual de beneficiarios debidamente identificados y localizados por el IPV”. Remarcaron que este es un requisito contemplado en ese plan nacional para obtener la no objeción técnica. “En consecuencia, parte de la obra que está financiando la Secretaría de Vivienda y Hábitat corresponde a módulos que no tienen un beneficiario relevado y por lo tanto una necesidad debidamente identificada, como lo requiere el programa”, indicó el comité de auditores.

También cuestionaron “el nivel de informalidad” en la documentación de planos y de los beneficiarios. “(El estado de situación) no se compadece con una ordenada y prolija administración de recursos públicos”, objetaron Flores y las arquitectas Sarmiento y Estrada.

Luego, sembraron dudas con respecto a la efectiva aplicación del plan nacional. “No podemos afirmar que se esté ejecutando la cantidad de módulos que actualmente financia la Secretaría de Vivienda, ni que los beneficiarios cumplan las condiciones del programa ‘Mejor Vivir II’”, expresaron en las conclusiones. Y consideraron que, para tratar de evacuar esas dudas, “sería necesario realizar una auditoría más extensa”. En ese sentido, señalaron que será preciso contar con el 100% de los planos, y que estos sean “claramente legibles y con la ubicación real de cada módulo en ejecución”. También instaron a identificar a la totalidad de los beneficiarios, requisito previsto en el plan federal.