Un nuevo informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) añadió otras irregularidades en el proceso de renegociación del contrato entre el Estado Nacional y AUSOL S.A., la empresa vinculada con la familia del ex presidente Mauricio Macri, por los accesos a la Capital Federal. La principal: la Argentina bajo el gobierno de Cambiemos le reconoció a Abertis -accionista principal de AUSOL- casi 200 millones de dólares más que lo que la propia empresa había reclamado ante el tribunal internacional CIADI.  

En efecto, la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), por entonces a cargo de Javier Iguacel, “le reconoció a AUSOL 540,5 millones de dólares mientras que ABERTIS, accionista principal, había realizado un reclamo por 358,6 millones de dólares en su demanda ante el CIADI”, sostiene el informe de la AGN.

Tiempo informó días atrás sobre otro informe, anterior, de la Auditoría, que consignó irregularidades en el cuadro tarifario de los accesos a la Ciudad de Buenos Aires a través de la autopista Panamericana con sus ramales Pilar, Campana y Tigre, y la Avenida General Paz. Ahora, la AGN realizó una “auditoría de gestión en el período que abarcó desde el 17/02/2016 hasta el 02/07/2018, que incluyó la concesión de AUSOL”. Además de la generosa aceptación del Estado Nacional para pagarle a la concesionaria casi el doble de lo que reclamaba, la AGN detectó que “para la aprobación de la propuesta de renegociación no se dio intervención al Congreso de la Nación, incumpliendo la Ley 25.790”.

Una cadena de irregularidades

Pero además, el gobierno de entonces incumplió con las propias pautas que había fijado para la renegociación. El 16 de febrero de 2016, apenas dos meses después de haber asumido el gobierno, el ex presidente Macri y su jefe de Gabinete,  Marcos Peña; su ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, Alfonso de Prat Gay, y el titular de la cartera de Energía, Juan José Aranguren, firmaron el decreto 367/2016 que establecía que el acuerdo alcanzado entre el Estado y empresa AUSOL, debía “estar fundamentado técnicamente previo a su firma, situación que no se dio”, expresó la AGN.

El decreto en cuestión proclamaba que “en el procedimiento orientado a la concreción de los acuerdos integrales, corresponde adoptar previsiones que garanticen la mayor transparencia y el aporte de la información técnica específica, a través de la intervención de los órganos de regulación y de control que en cada caso corresponda, previo a su firma por el Ministro con competencia específica en función de la materia y por el Ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, la que se efectuará Ad Referéndum del Poder Ejecutivo Nacional”.

“La falta de un informe técnico suficiente también fue advertida por la Procuración del Tesoro de la Nación y por la SIGEN (Sindicatura General de la Nación). Además, no se pudo verificar la existencia de elementos que fundamenten técnicamente el monto reconocido a la empresa por 540,5 millones de dólares”, concluyó la Auditoría.

Si la pregunta sobre el reconocimiento de un pago que ni siquiera el acreedor había reclamado no tiene respuesta, igual de difícil es explicar por qué la Argentina se avino a ese acuerdo ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). “La Procuración del Tesoro de la Nación expresó que Abertis S.A, debió entablar su demanda ante los tribunales argentinos, previo al reclamo ante el CIADI. También manifestó que gran parte de sus reclamos se encontraban prescriptos. Pese a ello, el auditado consideró los montos reclamados en la demanda ante el CIADI como parámetro para el proceso renegociador. Además, se condonaron penalidades a AUSOL sin justificación”.

Según el informe de la AGN, el Estado quedó desguarnecido frente al reclamo de la empresa privada vinculada con la familia del ex presidente. El trabajo analizó la gestión del ex Órgano de Control de las Concesiones Viales (OCCOVI) y la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). Ambos organismos oficiales parecieron defender los intereses de la empresa privada por sobre los del propio Estado.  “Las cláusulas sobre resolución de controversias incorporadas al contrato entre AUSOL y el Estado Nacional, permiten a AUSOL la posibilidad de dar por terminado el acuerdo y reclamar sin limitación alguna lo que la empresa considere como incumplimientos del Estado Nacional”.

El acuerdo garantizaba a AUSOL “fondos mínimos equivalentes al 7,69% de la inversión neta y una tasa interna de retorno del 8% en dólares injustificadamente”. Un negocio por demás redituable que, sin embargo, no aseguraba “el cumplimiento de obras previstas ni el mantenimiento de un servicio público de calidad”.

El reporte destaca, además, otro perjuicio para los usuarios. “El Acuerdo limita las facultades del Órgano de Control en materia tarifaria y elimina el derecho de los usuarios al levantamiento de la barrera cuando se supera un tiempo máximo de espera o se generan filas de más de 15 vehículos”.

El informe fue presentado por el auditor Gabriel Mihura Estrada y aprobado por mayoría con los votos de sus colegas Francisco Javier Fernández, María Graciela de la Rosa y  Juan Ignacio Forlón.  Jesús Rodríguez y Alejandro Nieva votaron en disidencia parcial y Miguel Ángel Pichetto, en disidencia total.