El pobre interés de la sociedad, más allá de sus motivos, es evidente; y las encuestas espejan a su pesar que la furia mediática no empalma tan directamente con los sentimientos colectivos. Eso no quiere decir que no afecte la intención de voto. No se trata de ignorar lo obvio. Imposible justificar –más allá del entuerto legal– los motivos por los que un "periodista deportivo" recibe una parva de plata por una tarea para la que carece de idoneidad profesional. Ahora, transformar un "episodio policial" en el centro de la campaña presidencial suena desproporcionado.

Claro que la idea que se puede tapar el cielo con un harnero, en una sociedad despolitizada, facilita todo. Si una vez conocido el episodio, los responsables de la campaña del PRO hubieran exigido el paso al costado de su primer candidato a diputado en la provincia de Buenos Aires, estaríamos frente a un "tema muerto". No sólo no lo hicieron sino que redoblaron la apuesta; empujando a un hombre de pocas luces a una carnicería mediática. Cuando le preguntan, Fernando Niembro admite que "subcontrató" la ejecución del trabajo encomendado. En tal caso, ¿por qué se lo encomendaron? Es evidente que no está, ni estaba, en condiciones de fiscalizarlo, y no menos evidente que esta tercerización tiene un solo objeto: quedarse con la diferencia entre lo que cobró y lo que pagó. Lo que cobró –19,5 millones de pesos– es de dominio público, lo que pagó se desconoce aún. Y la injustificable diferencia, que corre por cuenta del erario público, ¿sólo se propone "favorecer" a un "amigo"?

La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) denunció penalmente por lavado de dinero a Fernando Niembro, y a su ex socio en La Usina Producciones, Atilio Meza. También denunció al jefe de Gabinete porteño y jefe de gobierno electo, Horacio Rodríguez Larreta, por incumplimiento de los deberes de funcionario público, en el marco de la causa que investiga contrataciones irregulares con el gobierno de la Ciudad. Para la Procelac se debe investigar si los denunciados perpetraron los delitos de defraudación a la administración pública, violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. Hasta acá los hechos.

Para finalizar: algo arrima un plus de atención. Jorge Lanata, Oscar González Oro y Marcelo Longobardi, hombres que ejercen un "periodismo profesional" sumamente "profesional", descubrieron que el colega Niembro tuvo un comportamiento inadmisible. Sostuvo Lanata: "Chicos roben de una manera más creativa." Como se trata de gente que sabe del tema, se debiera considerar seriamente la idea. Pero lo más curioso es que Mauricio Macri, quien fuera el jefe de gobierno porteño mientras sucedía el presunto ilícito, rechaza enfáticamente tan salomónica solución. Cosas veredes Sancho.

Ahora lo que realmente importa.

Desde el momento en que el juez Thomas Griesa produjera su polémico fallo, en junio de 2014, el principal núcleo de cualquier crisis nacional estuvo y está vinculado a los holdouts. La sentencia volvía imposible cualquier arreglo con los acreedores, salvo que fuera unánime. En este caso el 93% de los bonistas había pactado con el gobierno nacional, y el resto optó por el camino del litigio judicial. Aun así, ese exiguo porcentaje destrozó la negociación, transformando en imposibles todas las tratativas. Dos elementos modificaron la situación: la sentencia de un tribunal de segunda instancia de Nueva York, a mediados de agosto, y la resolución de la Asamblea General de la ONU, la semana pasada, contra los fondos buitre.

Para un país cuyo cuello de botella histórico es la falta de divisas, en un contexto internacional donde la crisis de la deuda pública es la madre de todas las crisis, ese debiera ser el centro de cualquier campaña presidencial. No es así. Pocas decisiones afectarán más intensamente la sociedad argentina que el pago de la deuda pendiente, ya que de ese comportamiento penden las variables económicas decisivas: desde la paridad cambiaria, hasta el manejo de las reservas del Banco Central. De la paridad cambiaria depende entre otras cosas la masa de reservas del Central, y no es preciso ser un "experto" para saber que si la Argentina hubiera tenido que desprenderse de los 5400 millones de dólares exigidos entonces por Griesa, la situación de la balanza de pagos sería muchísimo más dura. Dicho brutalmente, la operación de llevar el precio oficial del dólar a 16 pesos probablemente ya habría sucedido. Sin olvidar que el monto total de la deuda hubiera vuelto a agobiar las variables macroeconómicas, ya que el numerito final pasaba a ser una incógnita. Para que se entienda: la deuda externa se volvía eterna como antes de 2001.

La resolución antibuitre que aprobó la ONU tuvo curiosa repercusión. Algunos de los principales medios internacionales cubrieron la decisión; la iniciativa, impulsada por la Argentina, permite establecer nuevos principios para renegociar deudas soberanas. Escribe The Washington Post en su edición electrónica, con foto a dos columnas de Héctor Timerman: "La ONU aprobó por abrumadora mayoría una resolución desatada por la crisis de deuda de la Argentina que establece nueve principios para reestructurar las deudas nacionales". En cambio, sostiene La Nación: "No se encontraron menciones en sitios especializados en economía como Bloomberg, Financial Times y Wall Street Journal. No debiera llamar la atención, ya que estos 'medios' suelen asumir como propios los intereses de los holdauts."

El diario español El País, en cambio, dio importante despliegue a la resolución de la ONU. "El Gobierno argentino ha logrado un claro éxito diplomático en un asunto especialmente sensible: la batalla contra los fondos buitre." Para señalar además: "La resolución se aprobó con comodidad aunque es especialmente significativo que entre los que la rechazaron estaba EE UU, el país del juez Griesa y donde residen y pleitean la mayoría de los fondos buitre, Reino Unido, otro centro importante de operaciones de este tipo de fondos." Más hubiera debido asombrar a El País que el gobierno español –que ¿representa? víctimas de esa política de saqueo financiero– no se haya plegado en defensa del interés nacional. Es cierto, que tampoco lo hicieron ni Grecia, ni Portugal, ni Irlanda. Los PIGS, en suma, ni siquiera osan protestar, ese es el nivel de sometimiento de esos gobiernos. No son los únicos.

En la tercera semana de junio de 2014, hace apenas 17 meses, Mauricio Macri sostuvo: "Tenemos que evitar entrar en default absoluto, sentarse con Griesa y acordar con este grupo del 8% [de los bonistas] y ver como se le paga, ya no hay mucho margen", explicó entonces a La Nación. Consultado sobre cómo resolvería la negociación, manifestó: "Cualquier cosa que se consiga que no sea pagar al contado, va a ser mejor que nada. Y si hay que pagar al contado se pagará al contado." Para rematar como sigue: "Si nosotros llegamos a quedar en default, se acaba cualquier ingreso de dinero por mucho tiempo y eso va a traer mucha destrucción del empleo. Magia no hay, no se puede caer más en los discursos mágicos de 'no vamos a pagar'."

El rechazo de los "discursos mágicos", la sumisa aceptación de un juez de primera instancia como si fuera la última palabra en materia de legalidad y legitimidad, puede entenderse en el caso de un particular. Un empresario –salvo circunstancias extraordinarias– trata de "arreglar" ya que un viejo adagio procesal sostiene que el peor acuerdo es mejor que una dudosa victoria judicial. Transcribir esta lógica a las relaciones entre estados resulta terrible, y elegir como presidente a un hombre incapaz de sustraerse a este tipo de razonamientos es realmente grave. Tanto que el juicio oral y público pendiente, donde se acusa a Macri de escuchas telefónicas sin justificación legal ni objetivo preciso, de manifiesta significación moral, carece de importancia política ante tan elevado nivel de inopia estratégica. Es que un hombre entrenado en la obediencia a los poderes fácticos, carece de estructura para enfrentarlos llegado el caso. «