El intendente de Chascomús, Javier Gastón, se manifestó “tranquilo” luego de que los ministros de Gobierno y Justicia le aseguraran que la provincia se hará cargo de seguir litigando en el juicio millonario por la rifa de un campo que nunca se pagó.

Pese a ello, se mostró sorprendido por el veto de la gobernadora María Eugenia Vidal a la ley que suspendía las ejecuciones contra las municipalidades de Chascomús y Lezama por este caso.

“El veto no se entiende muy bien, porque es un veto descontextualizado”, dijo a LA CAPITAL en una entrevista telefónica el jefe comunal de Chascomús.

“Veníamos de un acuerdo de todas las fuerzas políticas y fue aprobada por unanimidad: si los legisladores del oficialismo están votando una ley es porque está el aval del ejecutivo provincial para la promulgación”, expresó Gastón, quien no ocultó que en su comunidad “causó mucha extrañeza”.

De todos modos, el intendente se reunió el martes pasado con el ministro de Gobierno, Federico Salvai y su par de Justicia, Gustavo Ferrari, para tratar la cuestión que resulta acuciante para las arcas municipales por cuanto podría obligarla a pagar una cifra varias veces millonarias que, en 2014, fue estimada en unos 100 millones de pesos.

“Ellos me explicaron las razones del veto, que no se podía generar un antecedente de estar condonando deudas, especialmente por el artículo 6 que dice que la provincia no podrá reclamarle pago del juicio”, dijo Gastón al tiempo que aseguró que los dos ministros acordaron en que la ley “era un antecedente negativo para las arcas provinciales”.

Sin embargo, Salvai y Ferrari, “hablando por boca de la gobernadora”, le manifestaron que “querían llevar tranquilidad de que se va a proteger a los gobiernos municipales de Chascomús y Lezama para que el proceso del juicio de la rifa no genere perjuicios económicos”, por lo que “se haría cargo la provincia de seguir litigando”.

Tranquilo

Gastón indicó que, luego de esta conversación se siente “muy tranquilo”, y aclaró que “esta tranquilidad la veníamos sosteniendo desde que esto salió a la luz en marzo-abril siempre entendimos que el organizador de esa rifa había sido el Consejo Escolar, que es un organismo de la provincia de Buenos Aires”.

La rifa estaba organizada por un particular y las cooperadoras de tres escuelas rurales. Como toda rifa, su autorización debió pasar por el Concejo Deliberante que dio su anuencia. El intendente entendió que “la municipalidad no hizo bien los deberes porque permitió la circulación de una rifa sin tener los recaudos necesarios de que el campo estuviera escriturado”.

De todos modos, “el municipio no tiene beneficio de esa rifa: cobra un 5% de tasa por la circulación de la rifa que lo pasa directamente al Consejo Escolar”.

El largo expediente, que transitó por todos los escalones de la justicia se encuentra ahora en una etapa de definiciones.

Según explicó el jefe comunal “la Corte Suprema manda a las escuelas rurales, a la provincia y al organizador a concretar la escrituración del bien; si eso no ocurriera, introduce a la municipalidad como garante”. Por eso “habrá que ver ahora cómo sigue, porque son los tres responsables en partes iguales, pero esto será parte de otro proceso”, estimó.

Mucho más que 100 millones

Gastón explicó que “ahora se inicia una etapa de juicio sumario para establecer el monto de lo que hay pagar “.

Asimismo, aclaro que “los 100 millones de los que se habla eran el cálculo que había hecho el intendente anterior Juan Gobbi en 2014 teniendo en cuenta los perjuicios que le habían generado a las beneficiarias de la rifa que nunca se habían podido hacer del premio en 20 años”.

En aquel momento, el monto estimado constituía el 30% del presupuesto de la comuna. ” Para un municipio tener que hacerse cargo de esto es imposible, teniendo en cuenta que el 80% del presupuesto nuestro es para pago de salarios”.

En la actualidad, el presupuesto de la comuna es de 440 millones.