Luego de cuatro días de la denuncia en la Justicia, recién ayer al mediodía la Policía se presentó en la Finca San Ignacio (ubicada en Orán), para verificar el robo de madera en la zona donde vive la comunidad, y que forma parte de un territorio más extenso por el momento en reclamo ante el INAI. "Tuvimos que pagar un escribano, juntar entre nosotros, para tener al menos un respaldo de la denuncia", dijo Juan Aguirre, miembro de la comunidad, al hablar con Nuevo Diario.
Sostuvo que quienes sacaron la madera no están autorizados por Ambiente para sacar el recurso de esa zona. En más de una ocasión lo dijeron ante Ambiente, pero desde Ambiente "nos dijeron que no podían hacer nada porque las guías están correctas... ahora vimos que están volteando alrededor de las casas, en el cementerio. Por eso es que tuvimos que intervenir con la comunidad y frenar para que no hagan más daño".
No sólo esta denuncia sino otras más establecen que quienes cortan madera, lo hacen con guías que son para zonas distintas de donde realizan la extracción. Sin embargo, las denuncias no corren o tienen un procedimiento en el cual, las acciones que supuestamente realiza Ambiente, se terminan desconociendo.
A ello se suma la burocracia con la cual tienen que enfrentarse quienes quieren hacer una denuncia en Ambiente.
En el caso de los referentes de San Ignacio no pudieron realizarla porque su vehículo se rompió rumbo a Salta Capital, donde están las oficinas de Ambiente.
La situación es complicada también para los referentes de Morillo (en Rivadavia Banda Norte). Lucía Ruiz, de la Coordinadora de Tierras de la ruta nacional 81, contó que si bien habían realizado la denuncia desde la entidad, desde Ambiente se les indicó que debían realizarlo personalmente en Salta Capital, a 400 kilómetros del conflicto. Por ahora, se espera que Ambiente cumpla con el compromiso que asumió hace un año de disponer una oficina descentralizada en Morillo para que desde allí se puedan hacer las denuncias. Por su parte, el ministro de Ambiente, Baltasar Saravia, aseguró que las fiscalizaciones funcionan y mejoraron en los últimos años.
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