No el debate presidencial, el debate local, el que llevó a la pantalla de Canal 10 a aquellos que están en la lid por el periodo 2019/2023 por la intendencia. No puede decirse alguno de ellos haya destacado de tal modo que la balanza se desequilibre a su favor, o que se haya perjudicado notablemente por sus dichos, asertos o silencios.

De igual modo se dio en el debate en TELEFE MDP (ex Canal 8), aunque el vivo le dio otra frescura. Pero, salvo un pequeño cruce significativo entre Arroyo y el ex intendente Cospelito, no hubo nada que se pueda decir que defina el camino hacia la intendencia.

Lo que no se debatió es por cierto el tema que hoy silentemente separa aguas en la clase dirigente: los gastos de la política, en particular los gastos exorbitantes del Concejo Deliberante, que en los pasados ocho años desde el segundo mandato del ex intendente Pulti se dispararon astronómicamente.

El actual secretario de Hacienda, Alfredo Osorio, fue claro: “Mourelle les avisó en marzo a los concejales de la situación”. La corporación deliberativa estaba ya en ese momento sobre girada en relación al monto del presupuesto autorizado por ley para su funcionamiento. Ese exceso incluye los montos que forman parte del presupuesto del Concejo Deliberante para el funcionamiento de la Defensoría del Pueblo local.

La Defensoría del Pueblo nació en la década del ‘90 con la reforma constitucional. Fue replicada en lo local por moda, o por tener un espacio para cubrir políticamente ante los vaivenes del voto a la hora de conducir la ciudad. En origen, era un órgano con un sólo titular. Al inicio de la primera intendencia de Gustavo Arnaldo Pulti, mutó a esta extraña composición de tres integrantes elegidos por corporaciones de la ciudad y alejada del voto popular. Más anti democrático no se consigue.

Los costos de esta inutilidad, que sólo le resuelve la vida a sus integrantes, pesa sobre el costo general que tiene el Concejo en el presupuesto local. Es dinero que debería ir a gastos más sensatos. Sin embargo, de eso no se habla. De lo que sí se habla es de los valores a los que están llegando las boletas de ARM, escandalizando y mintiendo al respecto del impacto que provoca en la población.

Los integrantes de la Defensoría del Pueblo anunciaron a coro que “la municipalidad golpea duramente a los vecinos”. Agigantaron la situación hablando de “vecinos que llegan llorando porque no pueden pagar”. Populismo del peor, cinismo, y falta de entidad técnica por parte del trio de vividores del presupuesto público, léase Luis Salomón,  Daniel Barragán, y el más que veterano en vivir del presupuesto municipal: Fernando Rizzi. La TSU está llegando ahora porque el juego político de impedir la aprobación del presupuesto y la ordenanza fiscal impositiva llevaron a que hoy se acumulen los pagos que debían pagarse de modo escalonado. Pero no es todo.

Tal como explico el secretario de Hacienda, pesa en los valores de la tasa municipal el revalúo inmobiliario provincial. Ciertamente, la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) realizo la actualización y provocó un incremento en el impuesto inmobiliario urbano que ronda el 56% en promedio.

En vez de ilustrar al vecino —ergo, asumir el porqué de los aumentos que, amén de la cuestión inflacionaria, tienen que ver con mantener infraestructuras elefantiásicas autosatisfactivas— eligen el camino escandaloso que memora un viejo dicho: no hay mejor lugar para ocultar un elefante, que en medio de una manda de elefantes.